Suspendido en definitiva acuerdo del gobierno contra energías limpias
Miguel Ángel Rivera martes 26, May 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Las explicaciones y la justificación del gobierno federal para sostener el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para bloquear el uso de energías “limpias” en la generación de electricidad no fueron suficientemente claras para convencer al juez encargado del caso, por lo cual el controvertido acuerdo quedó suspendido de manera indefinida.
En efecto, por orden del juzgado primero de distrito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, frenó por tiempo indefinido el acuerdo del CENACE – respaldado por la Secretaría de Energía (SENER) – por el cual se pretendía detener la puesta en marcha de nuevas plantas de energía renovable para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
El juzgado federal, a cargo de Rodrigo de la Peza, otorgó suspensiones definitivas a seis empresas que impugnaron el acuerdo del CENACE. Las resoluciones aplazan indefinidamente la entrada en vigor del acuerdo que el órgano regulador publicó el pasado 29 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En concreto, de acuerdo con el fallo del juez de la Peza, mientras la demanda no se resuelve de fondo, todo la situación en torno a las nuevas plantas de energía eólica y solar permanecerá en el estado en el cual estaban al momento de promulgarse el acuerdo de la CENACE.
Mientras tanto, dicen los enterados, el gobierno federal puede impugnar, pero la suspensión puede durar meses (en ocasiones los juicios duran años), hasta que se emita una sentencia definitiva.
Además, en este asunto, se debe tener en cuenta que el juez admitió a trámite y ordenó la acumulación de otros juicios de amparo promovidos por empresas distintas a las que ya obtuvieron la suspensión del acuerdo.
Al razonar su decisión, el juez de la Peza argumentó que el acuerdo del CENACE representa un retroceso en la transición energética del país, además de vulnerar los derechos a la libre competencia económica, el acceso a la salud y a un medio ambiente sano.
En lo que se puede considerar un indicio de lo que será la sentencia definitiva, el titular del juzgado especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, indicó que sería “muy grave” para la sociedad paralizar o retrasar la puesta en marcha de las plantas de energía limpia, además de que una acción en tal sentido alteraría el mercado en términos de libre competencia económica.
El juez también señaló que no existe evidencia de que el CENACE tomara en cuenta el impacto ambiental de su decisión, lo cual resulta contrario al principio de precaución para evitar afectaciones al medio ambiente.
Por el contrario, CENACE, SENER y CFE alegan que se decidió detener la entrada en operación de eléctricas eólicas y fotovoltaicas porque no aseguran un suministro suficiente, en calidad y continuidad, por lo cual se debe recurrir a las plantas que consumen combustibles fósiles.
Mientras tanto, en declaraciones al diario La Jornada, el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, reveló haber presentado una serie de recursos de inconformidad contra las demandas de amparo “con el fin de que se terminen la simulación y el fraude que cometen las empresas privadas dedicadas a generar la llamada energía limpia”.
El funcionario insistió en que las empresas demandantes se benefician al no pagar el transporte de la energía ni el respaldo para sus constantes fallos en el suministro, lo cual les ahorra miles de millones de pesos. Esto además de haber incurrido en un ilícito al presentar como socias a otras corporaciones, que en realidad son sus clientes.
Esto se detalla en un documento presentado por CFE a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el cual exige terminar con el robo cometido por las grandes empresas como Grupo Salinas, Oxxo, Walmart, Soriana, Peñoles, Cinépolis y Kimberly Clark, entre muchas otras, que pagan precios muy bajos por la electricidad que consumen, ya que simulan ser socias de Iberdrola, de Enel Energía, American Ligth and Power y otras dedicadas a la generación eléctrica, lo que les permite utilizar gratuitamente la red eléctrica, como lo hacen las propias trasnacionales que tienen plantas eólicas y fotovoltaicas.
Bartlett denunció que las grandes empresas de México, las de mayor capital, hacen trampa para pagar mucho menos por la electricidad que consumen sus negocios y, como ejemplo, mencionó que Iberdrola simula ser socia de las 18 mil tiendas de la cadena Oxxo – que mantienen prendida la luz día y noche – cuando son realmente sus clientes. Lo mismo sucede con Walmart o con Kimberly Clark, la empresa de Claudio X. González.
El controvertido funcionario, aseguró que la acción del gobierno federal no es contra de las energías limpias, ni se va a reformar ninguna ley. Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se respetara lo establecido en la reforma energética, pero aclaró que lo que no resulta admisible que se utilice “a esta gran empresa de vocación social, que es la CFE, para impulsar a las corporaciones privadas. Sería ir contra los intereses nacionales”.
Los gobernadores del PAN dispuestos a negociar con AMLO
“Tomamos la palabra al presidente @lopezobrador; estamos listos para revisar las fórmulas del Pacto Fiscal. Urge actualizarlo para garantizar equidad, crecimiento y desarrollo. Proponemos instalar una mesa esta misma semana”.
Así dice la respuesta de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) al anuncio del presidente López Obrador en el sentido de que acepta revisar el pacto fiscal que los mandatarios estatales consideran inequitativo porque las entidades que más aportan al erario federal no reciben aportaciones en la misma proporción.
“Si se quiere cambiar la fórmula para que manejen más los estados que la federación, vamos a pensar que eso es lo que proponen, que se analice”, dijo el primer mandatario en un breve comentario durante su conferencia de prensa matutina.
También breves fueron los integrantes de GOAN, quienes respondieron con mensaje en redes sociales.
GOAN está integrada por los gobernadores de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, pero su demanda de modificar el reparto de las participaciones federales ha recibido el respaldo de los mandatarios de otras entidades, como Nuevo León, Jalisco, Durango y Michoacán.
La caída de la economía venía de antes, advierte el PRI
“Es una mentira decir que las cosas iban muy bien en nuestro país hasta antes de la pandemia del Coronavirus” (Covid 19), advirtió la dirigencia nacional del PRI, al recordar que “en el primer año de este gobierno hubo nulo crecimiento económico y cayó la generación de empleos en 48 por ciento, la cifra más baja en los últimos 10 años”.
En un comunicado, la dirigencia nacional del tricolor, encabezada por el gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno Cárdenas, reiteró que “México no sólo es víctima del virus, sino también de la irresponsabilidad del gobierno federal y de los integrantes del partido mayoritario, que se han convertido en parte del problema y no de la solución.
“En el PRI, los militantes y nuestros gobiernos estatales y municipales continuamos trabajando día a día para construir acuerdos, plantear propuestas de solución a los retos que enfrentamos, y actuar en apoyo y para el beneficio de las y los mexicanos, ante la incapacidad de otros para construir el bien de México”, expresa también el comunicado del PRI.
Además, la dirigencia del tricolor lanzó otra declaración en rechazo con la ley de educación promovida en puebla por el gobernador surgido de MORENA, Miguel Barbosa Huerta, “porque no representa a quienes tiene que hacerlo, quebranta el Estado de Derecho y contiene vacíos legales que generan incertidumbre jurídica”.
Asimismo, esta legislación constituye un atentado en contra de la propiedad privada, que es un derecho fundamental y resultado directo del trabajo de las personas, advierte la declaración de tricolor, que remata:
“A costa de distraer la atención pública de lo verdaderamente importante, que es atender desde todos los frentes la emergencia sanitaria y económica, se lanzan propuestas que violentan los derechos humanos, destruyen instituciones y no contribuyen a cerrar la brecha de desigualdad”.
