Sector privado insiste: necesaria la ayuda para las empresas
Miguel Ángel Rivera lunes 25, May 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
La debilidad económica del país provocada por la crisis sanitaria desembocará en un severo aumento de la precariedad en el mercado laboral mexicano, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
No es la única advertencia. Todos los expertos y hasta los que no lo son, advierten que el obligado aislamiento y la consecuente suspensión de labores de grandes sectores de la actividad económica se traducirán en una drástica caída del producto interno bruto (PIB), el cierre de numerosas empresas y la caída del número de empleos.
Lo único que varía son las cantidades. Los optimistas calculan que la caída general de la economía será de entre cuatro y seis por ciento y, en el otro extremo, se vaticina que el desplome podría superar los dos dígitos, lo que significa entre 12 y 16 por ciento.
La caída del desempleo va de entre un millón – cifra que de hecho ya se alcanzó o está a punto de materializarse – y dos o tres millones de plazas.
Aparte de los métodos o procedimientos para hacer los cálculos, las diferencias en los resultados de esos cálculos derivan de la diferente forma de afrontar la crisis derivada de la pandemia del Covid 19, pues mientras diversos organismos empresariales y los empresarios privados recomiendan acciones de rescate que incluyan a pequeñas, medianas y grandes empresas, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación insiste en que su única prioridad son los pobres y que no tiene por qué ayudar a los repudiados y siempre privilegiados ricos.
Por ello, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en su análisis semanal reitera que uno de los factores del panorama negativo que se avizora son los obstáculos que se han puesto desde el gobierno a propuestas o proyectos del sector privado, cuyo objetivo es el crecimiento sostenible, el empleo y el bienestar.
Advirtió que la falta de incentivos para que las empresas incrementen sus niveles de inversión ha inhibido la posibilidad de una mayor creación de empleos de calidad.
De hecho, el mencionado CEESP destaca que las diferencias surgen del hecho mismo de que hasta el momentos no se conoce el impacto real de la pandemia en el empleo, pues por el obligado aislamiento no se ha podido medir el fenómeno en toda su dimensión. Por ejemplo, el caso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es una de las fuentes más confiables, se suspendieron las entrevistas cara a cara que son la base para levantar el ceso de ocupación y empleo.
“También es probable que aquellas personas que perdieron sus trabajados no hayan salido a buscar uno nuevo porque será difícil que ahora lo encuentren”, advierte el estudio, en el cual los especialistas del sector patronal insisten en la necesidad de consolidar un ambiente que facilite y estimule la inversión, dado que si las autoridades polarizan el entorno social y económico, elevando más aún los niveles de incertidumbre por el continuo cambio en las reglas del juego, enfrentamos una muy alta probabilidad de que México siga perdiendo terreno como destino de inversión.
Si se quiere un ejemplo del impacto del desempleo, se puede citar el caso de Quintana Roo, donde gran parte de su economía depende del turismo, actividad paralizada desde las primeras fases de la pandemia.
Hemos tenido más de 80 mil despidos desde que inició la epidemia y esto nos afecta muchísimo. Quedamos en apoyar a los trabajadores y eso es lo que hemos venido haciendo”, informó el gobernador Carlos Joaquín González, tras reiterar que ya falta poco para reanudar de forma gradual las actividades económicas.
El mandatario explicó que, en tanto se deciden y llegan las fechas para el retorno a la nueva normalidad, hoy es necesario mantener las medidas de higiene y de distanciamiento social y de quedarse en casa.
La polémica en torno a energías “limpias” va para largo.
Si la ausencia de políticas oficiales de ayuda a las empresas nacionales ha generado reacciones negativas, otro asunto que provocó críticas generales contra el gobierno federal fue la decisión de detener los trabajos para generar electricidad mediante el aprovechamiento de fuentes de energía “limpias”.
La decisión del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y de la Secretaría de Energía (SENER) provocó demandas de amparo de las empresas afectadas, las cuales lograron que las jueces detuvieran la aplicación de esa orden de las autoridades del ramo de energía.
Además, en el terreno de la opinión pública, la decisión de CENACE y SENER provocó una generalizada reacción de repudio porque al parecer el gobierno mexicano optaba por el uso de tecnología anticuada y contaminante, con plantas que queman carbón mineral y combustóleo.
Pero al avanzar las discusiones se descubre que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no está tan atrasada en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, pero no había tenido el interés o la capacidad para informar acerca de sus avances.
Por ejemplo, la Presidencia de la República dio a conocer unas declaraciones del titular de la CFE, el ex gobernador de Puebla y ex secretario de Gobernación Manuel Bartlett, en el sentido de que la empresa nacional tiene un amplio proyecto para desarrollar energías limpias en el país, para poder entrar a competir en el mercado “donde se supone que compiten las empresas”.
Según esta versión oficial, el desacuerdo del gobierno federal y de Bartlett con los convenios firmados con empresas privadas para comprarles la energía consiste en que, a final de cuentas, CFE subsidiará la operación de las plantas que aprovechan las energías eólica y solar.
Esto porque no existe seguridad de que las plantas solares y eólicas provean en forma permanente la misma cantidad de energía. Por razones naturales, por días nublados o porque el viento deje de soplar, la generación de esas plantas disminuirá y, para asegurar el suministro a los consumidores industriales y domésticos, CFE tendría que poner en funcionamiento sus plantas termoeléctricas que, efectivamente, son más caras de operar.
Esto es precisamente lo que no quieren el gobierno federal ni CFE. Como las empresas que operan las plantas solares y eólicas tienen un precio asegurado, el aumento de costos de producción lo tendría que absorber la empresa estatal, lo cual a final de cuentas representará un subsidio.
Por eso, de acuerdo con el comunicado de Presidencia, el censurado Bartlett se preguntó: “¿Es justo que la CFE subsidie a las empresas que no generan todo el tiempo energía?”.
Bartlett mencionó que tiene la instrucción presidencial de rescatar la CFE sin modificar un sólo artículo de la ley pero la Constitución establece que “el estado mexicano y la secretaría de energía tienen que cuidar la seguridad de la red”. Eso no lo dicen”, agregó el funcionario, quien destacó asimismo que el costo de aumentar y sostener la rede de distribución recae por completo en la CFE, sin obligación para las empresas privadas que generan la energía.
Sí tenemos que mejorar la red, añadió Bartlett, quien se preguntó: “¿pero cómo vamos a ganar dinero si no pagan las redes?”.
“Eso no lo quieren decir, paguen y tendremos los millones necesarios”, comentó también el director de la CFE, quien recordó que cuando le entregaron la administración de la CFE, sus antecesores le notificaron que se requerían cien mil millones de pesos para la expansión de la red, pero las actuales tarifas no dejan margen para obtener utilidades con las cuales costear la ampliación.
El razonamiento de Bartlett parece lógico y justificado. Lo que no se explica es porqué un gobierno que parece tan eficiente para informar de todos los asuntos de la República y que tiene abierto cotidianamente un foro de información del más alto nivel, la conferencia mañanera del Presidente de a República, no había expuesto con claridad los problemas e irregularidades que enfrenta la industria eléctrica nacional.
Todavía más, si hubo transas y negocios ilícitos como parte de las concesiones a las empresas privadas para la generación de electricidad ¿dónde estás las pruebas? y ¿cuántos ex funcionarios corruptos han sido consignados ante los jueces penales?
