No siempre da resultado “medirle el agua a los camotes”
Miguel Ángel Rivera jueves 21, May 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El método de prueba y error es considerado desde hace siglos un procedimiento eficaz para el avance de las ciencias, pero no parece ser indicado para cuestiones políticas, ni mucho menos para la conducción de un país.
En lenguaje popular se puede decir que no siempre es posible ni indicado “medirle el agua a los camotes”.
Las anteriores disquisiciones vienen al caso porque a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores pasaron decenas de años en el intento de conquistar en el poder, no aprovecharon ese tiempo para diseñar un programa de gobierno, por lo que ahora lanzan “buscapiés” que, de tener éxito, se incorporan al acervo de la llamada Cuarta Transformación, pero si fracasan, simplemente se desechan y se inicia un nuevo experimento.
En los últimos días, de las filas de Morena y de la Cuatro T han salido dos propuestas que parecen haber sido ideadas para conocer la reacción del resto de la sociedad y, de producir resultados positivos, seguir por los cambios o adecuaciones que justifiquen acabar con la herencia de los repudiados gobiernos conservadores o neoliberales.
Uno es la propuesta del presidente provisional de Morena, el diputado con licencia Alfonso Ramírez Cuéllar de convertir al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en una especie de policía fiscal.
El repudio fue inmediato y general, al grado que la propuesta fue descalificada hasta por el presidente López Obrador, a quien supuestamente se pretendía proporcionar un instrumento para cumplir su promesa de acabar con la injusta distribución de la riqueza y ofrecer bienestar a los pobres. Se supone que el primer mandatario no estaba al tanto de la “ocurrencia” del diputado con licencia al que tiene como encargado de su partido, pero siempre hay quienes dudan y presumen que se trató de una tentativa de “medirle el agua a los camotes”.
El otro intento de cambio sí parece haber sido aprobado desde lo más alto de la administración pública y consiste en los acuerdos del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), pero principalmente de la Secretaría de Energía (SENER), a cargo de la senadora con licencia Rocío Nahle, para frenar la puesta en marcha de nuevas plantas de energía renovable.
Esta acción si tiene pleno respaldo del presidente López Obrador, quien sostiene que las plantas eólicas y fotovoltaicas fueron autorizadas en anteriores gobiernos con fines de negocio para particulares, lo cual afecta a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El mandatario indicó que el acuerdo relativo a la generación de energía eléctrica pretende eliminar esquemas que favorecían la realización de “jugosos negocios” y la corrupción, pero aclaró que no se trata de un proceso de nacionalización.
Con todo y la defensa presidencial, así como de los “morenos y asociados” sometidos a la voluntad de su líder, la reacción del resto de la sociedad fue negativa, pues al cancelarse los programas de generación de electricidad con energías “limpias” se abre el paso para que sigan en operación antiguas e ineficientes plantas termoeléctricas que consumen carbón y combustóleo, combustibles altamente contaminantes.
Prosperan los amparos contra el acuerdo de la SENER
Aunque todavía no hay sentencias de fondo, el Poder Judicial Federal admitió ya las protestas de empresas afectadas por la decisión de CENACE y SENER de detener la operación de las plantas eólicas y solares y ordenó la suspensión provisional del acuerdo oficial.
El juez Primero Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, admitió a trámite cuatro nuevas demandas de amparo que ya suman diez en menos de una semana.
En cuatro casos, la autoridad judicial a concedido otras tantas suspensiones provisionales, que impiden la entrada en vigor del acuerdo recién publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El juez de la Peza abrió un periodo de espera que terminará el próximo 23 de junio, pues es previsible que se acumulen nuevas demandas de amparo. En esa fecha se realizará la audiencia constitucional en donde decidirá si les concede o no el amparo definitivo.
Además, el titular de ese juzgado especializado advirtió que en cumplimiento de las disposiciones de las autoridades sanitarias con motivo de la contingencia sanitaria las partes deben tener en cuenta que los trámites derivados del juicio se deben realizar bajo el esquema de juicio en línea (“entendiéndose por él la solicitud de la consulta del expediente electrónico y de las notificaciones vía electrónica”).
Las plantas que solicitaron la protección del Poder Judicial Federal son: Recursos Solares PV de México IV, Akin Solar, Eólica Tres Mesas 4, Fuerza Eólica de San Matías, Fuerza Eólica del Istmo, Versalles de las Cuatas Uno, Versalles de las Cuatas Dos, Taí Durango Cuatro, Eoliatec del Pacífico, Eoliatec del Istmo, Versalles de las Cuatas Tres, Mitre Calera Solar, Eléctrica del Valle de México, FV Mexsolar XI, Kenergreen, X-Elio FV Conejos Médanos, X-Elio FV Xoxocotla, ENR AGS, Parque Amistad II, Parque Salitrillos, EGP Magdalena Solar, Dolores Wind y FRV Potosí Solar.
La previsión de que aumentarán en breve las solicitudes de amparo fueron confirmadas por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Enoch Castellanos Férez, quien estimó que se presentarán 50 demandas, “pues existe mucha molestia”.
El dirigente empresarial comentó que además de la alarma en las empresas afectadas por el acuerdo de CENACE y la SENER, en general esa acción ha generado inquietud entre los afiliados a su agrupación, ya que, como consumidores, deberán consumir energía más cara ya que se está privilegiando a las centrales termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Explicó que producir un megawatt en una planta fotovoltaica o solar cuesta 20 dólares, mientras que en una termoeléctrica de CFE que consume combustóleo, puede llegar a costar 140 dólares, lo cual además implica contaminar el ambiente, por ser tecnología obsoleta.
Castellanos recordó que el combustóleo tiene un alto contenido de azufre del 4 por ciento, por lo que al quemarse genera dióxido de azufre que es contaminante y nocivo para las personas.
Además recordó que desde el gobierno de Ernesto Zedillo empezaron a operar esquemas de inversión privada en Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y, luego, con la reforma energética del sexenio anterior se permite que los excedentes de las plantas privadas pueda ser derivado a la red nacional, para venderlo a CFE.
“Estamos dejando un potencial de energías limpias, de energías baratas por cuestiones ideológicas”, manifestó el dirigente de CONCAMIN, quien destacó asimismo que el gobierno federal no dispone de los recursos suficientes para ampliar la generación de electricidad al ritmo que crece la demanda para consumo doméstico e industrial.
Las cifras oficiales desmienten el descenso en el número de crímenes
“Logramos nuevamente revertir la tendencia de crecimiento y estamos ligeramente a la baja en el numero de homicidios dolosos respecto al mes anterior, lo importante es señalar que se ha conservado la línea de contención y no se ha permitido la tendencia ascendente que tuvo históricamente este homicidio doloso, aun y cuando el número sea alto”, anunció con optimismo el secretario federal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño.
Al acompañar ayer al presidente López Obrador en su conferencia mañanera, el encargado de la seguridad destacó que, en el pasado mes de abril, se registró una disminución de 1.66 por ciento en los crímenes dolosos, respecto a marzo.
Sin embargo, los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refieren que, si bien en abril se dio ese leve descenso, dicho mes está considerado como el segundo con más víctimas de homicidio doloso, ya que en enero se reportaron 2 mil 819 y en febrero 2 mil 766.
En consecuencia, la variación en abril está lejos de marcar una tendencia, pues durante los primeros cuatro meses de este año la cifra de casos en este rubro supera la incidencia de 2019, ya que en el primer cuatrimestre de este año se han contabilizado 11 mil 535 homicidios y en el periodo enero-abril del año anterior fueron 11 mil 266.
