Algo bueno en la pandemia: disminuyeron los secuestros
Miguel Ángel Rivera martes 19, May 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En medio de la crisis sanitaria, económica y social, donde todas las noticias parecen peores que la anterior, resulta alentador tener reportes de un avance positivo.
Una de esas buenas nuevas proviene de la organización Alto al Secuestro, la cual mensualmente informa de los nuevos casos de ese delito cometidos en territorio nacional, pero que esta vez incluye un mensaje alentador que, esperamos resulte indicador de una mejora permanente en ese sector de la delincuencia:
“A diferencia de lo que reportamos el mes pasado, las cifras de secuestro del mes de abril reflejan una disminución de este delito. Consideramos que el hecho de que la gente permanezca en casa ha mermado la actividad criminal de secuestradores”.
Así dice el reporte de la organización encabezada por Isabel Miranda de Wallace, en un comunicado en el cual pide a las autoridades no bajar la guardia en el combate del delito de privación ilegal de la libertad.
“Ello (el informe del descenso en el número de secuestros) no significa que las autoridades deban bajar la guardia. Todo lo contrario, es momento de construir estrategias acordes a las necesidades de cada Estado para que al volver a la realidad, no nos enfrentemos a un nuevo repunte de este delito”, sostiene el referido comunicado.
El documento detalla que durante el mes de abril pasado se registró un descenso de 18.1 por ciento en las carpetas de investigación abiertas por el delito de secuestro, con un total de hubo 99 caso, en comparación con los 121 del pasado mes de marzo.
En cuanto al número de víctimas, la disminución fue de 34.7 por ciento, ya que durante abril hubo 111 víctimas mientras que en marzo fueron 170.
También se registró un descenso del 11.3 por ciento en el número de detenidos relacionados al delito de secuestro, debido a que en abril fueron detenidas 125 personas por este delito mientras que en marzo fueron detenidos 141 presuntos responsables.
De acuerdo con el reporte de Alto al Secuestro, los estados con mayor incidencia de esa clase de delitos fueron: México, con 23 casos; Veracruz 13, Morelos 7, Chihuahua 5, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán, con cinco cada uno.
Proporcionalmente, si se relaciona el número de delitos por cada 100 mil habitantes, el primer sitio le corresponde a Morelos, seguido de Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala y Veracruz.
Los estados que reportaron cero secuestros en el referido mes de abril fueron: Nayarit, Sinaloa y Yucatán.
Juez federal deja sin efecto el acuerdo del gobierno contra las energías “limpias”.
A pesar de la vehemente defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del acuerdo impulsado por su secretaria de Energía, Rocío Nahle, para revocar las concesiones otorgadas para construir y operar plantas generadoras de electricidad a partir de energías “limpias”, un juez federal otorgó dos suspensiones provisionales que impiden ejecutar dicha decisión del Ejecutivo dado a conocer el pasado 29 de abril por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).
Dicho acuerdo estaba dirigido especialmente en contra de la puesta en operación de nuevas centrales solares y eólicas.
El juez primero de Distrito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, Rodrigo de la Peza López Figueroa, determinó que el acuerdo impulsado por la titular de Energía afecta compromisos previamente adquiridos.
El juez decidió permitir a la demandante continuar con la producción de conformidad con los permisos que le fueron previamente autorizados al amparo de la normatividad aplicable.
Las demandas de amparo fueron presentadas por dos empresas, una que solicitó no se diera a conocer su razón social y la otra, de origen español, es FV Mexsolar XI, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que construye un parque solar llamado Perote, en Veracruz. Las dos reclamaron la ejecución del denominado Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en particular el punto quinto, donde se establece que a partir del 3 de mayo quedan suspendidas las pruebas preoperativas de las Centrales Eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial.
Las demandantes también se inconformaron por el incumplimiento de aspectos de las leyes de Transición Energética (LTE) y de Competencia Económica (LFCE).
“En consecuencia, y tomando en cuenta que el acuerdo reclamado contiene una norma de carácter general, con fundamento en el artículo 148 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada por las quejosas, lo cual implica que la autoridad no debe aplicar a las quejosas el acuerdo reclamado, y por consiguiente, no debe restringir la generación de energía eléctrica de las centrales de las quejosas, siempre y cuando cuenten con los permisos para ello y su actividad se realice conforme a la normativa aplicable, pero con la precisión de que deben cumplirse con todas las medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria”, manifiesta la decisión del juez.
Por la mañana, el presidente López Obrador dedicó parte de su acostumbrada conferencia de prensa a defender e acuerdo dado a conocer por la Secretaría de Energía (SENER) con sus conocidos argumentos de irregularidades y presuntos actos de corrupción en la entrega de las concesiones a empresas privadas, en su mayor parte extranjeras, por cuenta de anteriores gobiernos federales, etiquetados de neoliberales.
El primer mandatario dijo que el acuerdo se defiende a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y advirtió que las protestas son porque se afecta grandes negocios y no por la defensa del medio ambiente.
Nadie acepta que el INEGI se convierta en especie de policía fiscal
El presidente provisional de Morena, el diputado federal con licencia Alfonso Ramírez Cuéllar, cuya misión debería ser exclusivamente organizar las elecciones internas para nombrar un dirigente definitivo de su partido, no perdió la oportunidad de “quedar bien” con su jefe y líder moral, el presidente López Obrador, al proponer una reforma legal para convertir al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en una especie de policía fiscal, encargada de denunciar a quienes ocultan riqueza.
Por más que el ex dirigente del El Barzón intentó aclarar que no se trata de una tarea de fiscalización ni mucho menos de pretender realizar expropiaciones, su propuesta generó una protesta general en medios políticos, empresariales y hasta dentro de su propio partido.
“Morena insiste en crear distractores, como utilizar al INEGI para vigilar los bienes, propiedades e ingresos de los ciudadanos, mientras su falta de actuación frente a la crisis del Covid 19 afecta a miles de mexicanos que siguen contagiándose, perdiendo su trabajo e ingresos”, declaró el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.
La dirigencia nacional del PRD coincidió en que se trata de un intento de distraer la atención pública de asuntos de mayor relevancia, pero agregó que revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de las personas, “equivaldría a ejercer un terrorismo fiscal y a ayudar al SAT a exprimir a las clases medias, no a los grandes contribuyentes”.
En tanto, legisladores del PRI advirtieron que la iniciativa para facultar al INEGI a fiscalizar la propiedad privada atenta contra derechos protegidos por la Constitución.
En este mismo sentido, el candidato a presidente de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán manifestó que la propuesta de Ramírez Cuéllar es inconstitucional, violatoria de derechos humanos y de libertades públicas, además de que sería un paso a un régimen represor, dictatorial y totalitario.
Más pausado y con su reconocido tono conciliador, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aclaró que no hay ninguna iniciativa al respecto y anticipó que su bancada actuará con prudencia y responsabilidad en ese tema.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) afirmó que propuesta del dirigente de Morena pretende imponer un “nuevo Estado”.
El dirigente del organismo empresarial, Gustavo de Hoyos, señaló que una acción como ésta permitiría gravar la riqueza y el ingreso de los mexicanos.
