Muñoz Ledo exige efectiva lucha anticorrupción
Miguel Ángel Rivera jueves 7, May 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
De que hay días malos, los hay. Y de esos malos momentos no se salvan ni los más poderosos.
De esto puede dar testimonio el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer tuvo que enfrentar situaciones que seguro de ninguna manera le agradan ni cumplen con sus expectativas.
Para empezar, recibió severas críticas de donde menos lo espera, desde sus propias filas.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo, ex presidente de su Cámara que, a últimas fechas parece decidido a convertirse en la conciencia del régimen de la llamada Cuarta Transformación, censuró lo que parece una evidencia de que el gobierno de López Obrador no ha cumplido con su meta central, de la que tanto presume: acabar con la corrupción.
El ex presidente del PRI, del PRD y ahora miembro distinguido de Morena, censuró antes el decreto del primer mandatario por el cual ordenó un nuevo recorte a los salarios y quitar el aguinaldo para los altos funcionarios y luego se opuso a la posibilidad de dar más facultades al presidente de la República para manejar el presupuesto. Además, lanzó ayer, miércoles, un mensaje en su cuenta de Twitter, donde denuncia que el “imperio de la corrupción“, se instaló en el país durante la presente emergencia sanitaria por el coronavirus, debido a que se trafica con los insumos médicos para combatir dicha enfermedad.
“Es urgente que intervenga la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los Órganos competentes del Estado para evitar la intermediación y hacer compras directas a los proveedores; ya sean países, gobiernos o compañías”, aseveró Muñoz Ledo en obvia referencia al escándalo que se ha desatado porque una empresa de León Manuel Bartlett Álvarez -hijo del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz- vendió con sobreprecio al IMSS ventiladores especiales para atender a pacientes de coronavirus.
La senadora por Sonora Lilly Téllez, que llegó a la llamada Cámara Alta como abanderada de Morena, pero recientemente se separó de su grupo parlamentario por desacuerdo con algunas de sus propuestas, también se sumó a las críticas contra la posibilidad de quitar a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto federal y, sin mencionarlo, censuró al presidente por sus protestas por mensajes críticos que circulan en las redes sociales, concretamente en Twitter y Facebook.
Primero, el pasado día 30 de abril, la legisladora escribió en Twitter: “Nuestra Constitución es muy clara: vivimos en un sistema republicano y democrático, en el que rige la separación de poderes. De ninguna forma debe permitirse que el presidente de México acumule más poder del que tiene”.
Ayer, lanzó otro mensaje: “En campaña: Benditas redes sociales/En el poder: Malditas redes sociales”.
Esto último, en evidente referencia a las quejas expresadas en los últimos días por el presidente López Obrador debido a la aparición de mensajes en su contra, los cuales atribuye a los llamados “bots” (por robots), programas informáticos que multiplican los mensajes en redes sociales para aparentar que es muy elevado el número de personas que coinciden con una idea.
El primer mandatario exigió a las dos empresas que manejan esas redes sociales informar cuánto dinero reciben de los “bots”.
“Twitter no recibe ingresos por automatización maliciosa. La automatización, o los llamados ‘bots’, que se utilizan con fines de mala fe están prohibidos en Twitter”, respondió la empresa del pajarito azul, pero el presidente López Obrador, que no quiere perder ninguna polémica, consideró que esa contestación implica un reconocimiento de que los mensajes en su contra se multiplican artificialmente.
Tribunal Electoral confirma que debe retirarse propaganda personalizada
Los mensajes críticos de sus (¿ex?) seguidores no fueron lo único negativo para el jefe del Ejecutivo, pues ayer mismo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la sentencia de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó al IMSS retirar las cartas que acompañan los créditos ofrecidos a pequeñas y medianas empresas, por considerarlas una forma de promoción personalizada del primer mandatario.
En opinión de los magistrados electorales, López Obrador promovió indebidamente su imagen en las cartas que distribuyó el IMSS a los beneficiarios de los créditos creados para ayudarlos a soportar los efectos negativos de la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.
El TEPJF desestimó los alegatos del IMSS, que en su defensa alegó que la supuesta promoción personalizada no puede configurarse al no existir un proceso electoral en curso y pidió que se desestimara lo aprobado por el INE, por considerar que actuó en forma arbitraria, más allá de sus facultades.
En su momento, los consejeros electoral estimaron que el IMSS entregó una segunda versión de dicha carta en la que si bien se retiró el nombre y firma del mandatario, se mantenía el texto como si él fuera quien les concedía el apoyo económico, por lo cual propusieron que la impugnada carta fuese sustituida por otra que cumpla con los principios constitucionales, sin promover la imagen de ningún funcionario público.
Elektra promueve amparo para continuar actividades durante la contingencia
Mientras el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un nuevo llamado al presidente López Obrador par actuar de manera coordinada para superar la crisis sanitaria y económica que atraviesa nuestro país, Grupo Elektra y Banco Azteca -integrantes del consorcio que encabeza Ricardo Salinas Pliego- interpusieron en juzgados federales al menos cuatro amparos para no cerrar sucursales que tienen en todo el país.
Las solicitudes de amparo de Elektra y Banco Azteca se presentaron ante tribunales de la Ciudad de México y los estados de México, Nayarit y Quintana Roo, contra posibles acciones de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como gobernadores y presidentes municipales.
Las acciones judiciales responden en particular a las críticas expresadas por la secretaria del Trabajo del gobierno federal, Luisa María Alcalde, quien en la conferencia mañanera del lunes pasado denunció que la cadena Elektra y Banco Azteca no acataron la instrucción del cierre de tiendas pese a considerarse una actividad no esencial y tiene más de 10 mil empleados que tienen contacto con la gente que visita sus establecimientos.
En su nueva propuesta el organismo cúpula empresarial presentó un programa de acciones entre las cuales destaca recurrir a la deuda pública (algo que ha rechazado reiteradamente AMLO), pues consideró que tiene margen de recurrir al endeudamiento de hasta un 5 por ciento del PIB, para evitar caer en una “crisis social”.
El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega Valladolid, apeló a la sensibilidad del gobierno federal pues advirtió que de la crisis económica se puede pasar a la crisis social ante la debacle del sector productivo del país.
“No vamos a salir bien librados de esta crisis si no hay unidad, ahora le toca a nuestro gobierno ser sensible. Esta es la tercera llamada que le hacemos al gobierno para construir en equipo, para salir juntos porque si a la crisis de salud le sumamos la crisis económica, luego viene la crisis social”, advirtió.
El CCE presentó, con base en opiniones recabadas durante un foro que organizó al respecto, un documento con 68 ideas resumidas en 10 puntos esenciales,. Propone, por ejemplo, crear un consejo de emergencia económica en el marco de un Acuerdo Nacional para instalar, reorientar el gasto público y establecer incentivos fiscales y económicos específicos.
El sector empresarial, encabezado por Carlos Salazar, planteó la urgencia de que las recomendaciones sean adoptadas por el jefe del Ejecutivo para traducirse en políticas públicas, “porque México está recibiendo un impacto negativo de graves consecuencias, que llevaría a un daño incalculable en las finanzas públicas”.
“Todos incluidos, (inclusive) aquellos con visiones ideológicas distintas a las que tradicionalmente defiende el sector empresarial, están de acuerdo en que el país debe tomar una mayor deuda pública y que esta deuda pública debe ayudar a la recuperación, a poder crecer de la forma más rápida posible”, reiteró el CCE.
