Entre el bien y el mal, los claroscuros de los programas sociales.
Jorge Luis Galicia Palacios lunes 4, May 2020Como veo, doy
Jorge Luis Galicia Palacios
- Blindaje contra opacidad, corrupción y uso electoral, tarea del legislativo
A propósito del reciente aval que el Congreso de la Unión extendió a la reforma del artículo 4° de nuestra Carta Magna, en materia de bienestar, nos da gusto saber que diversos programas sociales fueron elevados a rango constitucional en favor de diversos grupos vulnerables de la población, instaurándose con la misma acción un sistema nacional de salud para el bienestar, para personas que no cuentan con acceso a la seguridad social.
Qué bueno que programas como los apoyos a personas con discapacidad y a los adultos mayores, así como las becas a estudiantes de todos los niveles escolares de educación pública, sean un derecho y estén garantizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que con esa modificación jurídica se prioricen los apoyos a grupos de población que viven en condiciones de pobreza.
Todo eso es plausible, sin embargo, las historias sobre la implementación de este tipo de programas no son del todo halagüeños y menos aun cuando se acercan los tiempos electorales, dicho en otras palabras, tienen sus claroscuros, sí, dan luz, pero también sombra. En la Ciudad de México, por ejemplo, una y otra vez la ciudadanía ha cuestionado el uso y manejo discrecional de programas encaminados a apoyar a madres solteras, a jóvenes de secundaria o de bachilleres, y a niños considerados como talentos, entre otros, siendo las más frecuentes quejas su falta de transparencia, el uso clientelar en tiempos electorales y diversos actos de corrupción en el manejo de los dineros con destino a tan generosos fines sociales.
Por supuesto que los beneficiarios están de plácemes y a muy pocos les importa el origen de esas bolsas de dinero, porque al final, reflexionan, es un dinero del pueblo y para el pueblo, pero por tratarse de un dinero público no estaría mal que en el Congreso de la Unión se construyeran mecanismos más eficientes de supervisión, vigilancia y control en los destinos de estos recursos y con ello se eviten malos manejos como es el caso de compra de voluntades de tipo partidista.
Dicho lo anterior es de insistir que los partidos políticos representados en el poder legislativo deben tener la última palabra en la operación de los diversos programas, porque son precisamente las reglas de operación las que deberán ser avaladas por los legisladores, para validar y convalidar el monto de los recursos, las justificaciones de gasto y en su caso dar seguimiento a los objetivos y resultados obtenidos.
Corresponde entonces a los legisladores crear mecanismos más eficientes para no solo transparentar el ejercicio de los recursos en los programas sociales referidos sino también para garantizar que los favorecidos sean de carne y hueso, porque luego resulta que hasta los muertos aparecen en las listas de beneficiarios o lo que es peor en ellas son frecuentes los apellidos de familiares de los operadores, y para que eso no suceda son necesarias medidas administrativas como la inhabilitación y amonestación pública o de tipo penal como la multa y la cárcel, aplicadas ellas a quienes se les sorprenda dando mal uso a los programas sociales que tendrán garantía por mandato constitucional.
Qué bueno, los programas con nueva categoría en el andamiaje jurídico hablan bien de un gobierno, de su sensibilidad y de su ojo clínico para favorecen a los que menos tienen, pero qué creen, los encargados de operar dichos apoyos, por lo general, siempre están en el ojo del huracán en lo que a transparencia se refiere, sea porque se desconocen los padrones reales de beneficiarios; porque se habla del aparente uso con fines políticos y electorales que favorecen al partido gobernante o porque la mayoría de esos programas adolecen de lo que hoy en día debe ser una obligación en la administración pública, la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Luego entonces, la tarea que tiene pendiente el legislativo será poner los puntos sobres las íes a la hora de elaborar las leyes secundarias sobre esta reforma constitucional y en las reglas de operación deberán dar claridad al tema. Que conste, después no nos vayan a salir con la forma peculiar, muy popular, por cierto, de que otra vez a “chuchita la bolsearon”.
VA MI RESTO.- Durante el proceso legislativo para la reforma del articulo 4° constitucional, en marzo pasado, el senador del Partido Acción Nacional, Marco Antonio Gama, denunció que “Muchos de los programas no tienen reglas de operación confiables ni objetivo de política pública, solo la manipulación del padrón electoral con lo que el gobierno busca desviar la atención’’.
Agregó que el programa dirigido a jóvenes tiene un padrón opaco y hay simulación, además de la deficiencia en el manejo de recursos.
Hay algo de razón en las palabras del legislador, pero en ese sentido vale aclarar que claroscuros tienen tanto los programas a nivel federal, e igual sucede en los niveles estatal y municipal, y aunque hay estudios sociológicos que concluyen que estos programas en muy poco ayudan a sacar a grupos poblacionales de su condición de pobreza, lo cierto es que como les ayudan para cubrir su necesidades mínimas, de ahí que deban ser blindados contra la corrupción, contra el uso electoral, contra fines partidistas, contra el compadrazgo y contra la falta de transparencia, y hasta ahí porque como veo doy.
