Oposición defiende el equilibrio de poderes
Miguel Ángel Rivera viernes 1, May 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“La iniciativa presidencial y el dictamen que promueve Morena (para dar más facultades al presidente de la República para el manejo del presupuesto sin consultar al Congreso) no debe aprobarse porque atenta contra el equilibrio de poderes establecido en la Constitución, ya que el Ejecutivo invadiría responsabilidades de la Cámara de Diputados y además tendría un manejo discrecional de los recursos públicos.
“De igual modo, es innecesario cualquier otro cambio porque ya existen disposiciones vigentes en la Ley ante diversos escenarios, para que la Cámara de Diputados sea la que formule su opinión y sea el Ejecutivo el que resuelva de conformidad con las prioridades aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020”.
Así dicen los dos párrafos centrales de un insólito documento conjunto de las dirigencias nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), en donde expresan su respaldo a sus bancadas en el Congreso de la Unión que se oponen a modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como propone el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el respaldo de su mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores, aliada con los grupos parlamentarios de sus “satélites” del PT, PES y PVEM.
Los legisladores de oposición también indicaron que, sacar adelante a la economía nacional, no se logrará a través de una reforma que establezca un manejo discrecional de los recursos públicos al gobierno federal, sino mediante los instrumentos legales previstos en la Constitución y fortaleciendo las atribuciones del Congreso de la Unión.
En esencia, el cambio propuesto por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación es considerado un rompimiento del equilibrio entre los poderes federales, pues autoriza que la Cámara de Diputados pierda su facultad exclusiva de autorizar el presupuesto federal, para cederla al Ejecutivo. Supuestamente, los diputados ceden ese derecho en caso de situaciones críticas para el país, pero no establece con claridad cuáles son esas condiciones extraordinarias ni quien debe calificarlas.
Los grupos parlamentarios que integran el extraoficial “bloque opositor” manifestaron en forma conjunta que no facilitarán la aprobación de iniciativas que vulneren el orden constitucional. Los legisladores de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y del PRD mostraron su rechazo a que el presidente pueda disponer de los recursos públicos en hasta 10 por ciento del monto asignado al gasto anual para dependencias e instituciones del gobierno federal.
Como parte de esa inconformidad, se dio a conocer que un total de 26 senadores y diputados del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y PRD conformaron un “bloque de contención” para impedir que en la sesión de la Comisión Permanente que debe realizar hoy, viernes, se convoque a un periodo extraordinario de sesiones que tendría como único tema la reforma a la referida Ley de Presupuesto.
Ese grupo opositor lo integran 13 senadores y diputados propietarios y 13 suplentes que formarán parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que entrará en funciones este día primero de mayo.
Conforme a los usos actuales, se informó que “las legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios de contención” no aprobarán la celebración de sesiones extraordinarias para tal fin, pues aprobarla “representaría un claro retroceso en nuestro orden jurídico, no sería un acto de responsabilidad ante las generaciones presente y venideras y significaría regresar a un autoritarismo que desdeña el Estado democrático de derecho”.
El bloque de contención lo forman, entre otros, Julen Rementería y Laura Rojas, del PAN; Manuel Añorve, Claudia Ruiz Massieu y Dulce María Sauri, del PRI y Miguel Ángel Mancera, del PRD.
En defensa del proyecto de cambio, de nueva cuenta el coordinador de los diputados de Morena, el ex secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Mario Delgado Carrillo, insistió en que no se trata de dar facultades extraordinarias al Presidente de la República, sino de llenar un vacío que ha permitido que anteriores gobiernos modifiquen discrecionalmente el presupuesto federal y sólo informen posteriormente a la Cámara de Diputados.
De hecho, los planes de “Morena y Asociados” ya tuvieron un primer retraso, pues originalmente habían preparado las condiciones para que la convocatoria al periodo extraordinario se aprobara en la misma sesión de instalación de la Permanente, pero esto no fue posible porque no existe un dictamen aprobado, que es requisito indispensable.
Para llenar ese vacío, el nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el “moreno” Erasmo González –quien fue nombrado a la carrera y casi en secreto durante el receso legislativo, luego de que el cargo estuvo vacante durante meses por la licencia solicitada por el ahora dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar– hizo circular la convocatoria para que los integrantes de ese grupo de trabajo acudan a una sesión presencial el martes venidero, a fin de iniciar dictaminar la iniciativa presidencial.
La caída del PIB será la señal de alarma para ajustar el presupuesto
Como primer paso, la mencionada Comisión de Presupuesto organizó un denominado parlamento abierto. En ese foro, el coordinador de los diputados de Morena insistió en que el propósito de la reforma es acotar la facultad del Presidente para reorientar el presupuesto.
No obstante, ayer mismo empezaron a circular versiones acerca de los posibles cambios a la iniciativa presidencial, como definir las condiciones para declarar la emergencia económica, entre las cuales destaca la caída del producto interno bruto (PIB) y cuando las proyecciones indiquen que el descenso se repetirá en los tres meses posteriores.
En tanto, el coordinador de los senadores de MORENA y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en su Cámara, Ricardo Monreal Ávila, admitió que será difícil aprobar la iniciativa tal como la envió el Ejecutivo, por lo que casi seguramente se tendrán que negociar adecuaciones con el bloque opositor.
“Yo creo que como está planteada no podría tener una suerte afortunada. Es decir, creo que tendrá que modificarse para que quede muy claro el equilibrio de poderes y el papel del Congreso, en este caso, de la Cámara de Diputados que tiene la facultad exclusiva”, reconoció el coordinador de los senadores “morenos”
“Creo que en el Ejecutivo están planteando esta iniciativa con el interés de asignar recursos extraordinarios para enfrentar la pandemia. Garantizo que la minuta que nos envíe la Cámara de Diputados será reflexionada y analizada con todo cuidado”, añadió el legislador, quien es reconocido porque anteriores reformas, incluidos cambios a la Constitución, fueron posibles por su capacidad de buscar acuerdos con la oposición.
Monreal señaló que el primer obstáculo es lograr la mayoría calificada en la Comisión Permanente para convocar al periodo extraordinario.
“Intento no generar expectativas falsas, si el bloque opositor se mantiene en contra de que se convoque a extraordinario, me temo que no lograremos el periodo extraordinario. Hoy fueron tajantes, no están de acuerdo con la ley como está planteada. Yo no garantizaría el que ya tengamos periodo extraordinario a la puerta”, manifestó Monreal
En sus comentarios, Monreal pidió serenidad a los gobernadores que pretenden romper el Pacto Federal. Les recordó que no es viable la separación de la República, pues se requiere el aval de las dos terceras partes del Senado y los estados que amagan con esa medida, no tienen mayoría en la llamada Cámara Alta.
El llamado de Monreal tuvo más actualidad porque ayer mismo se realizó en Tampico, Tamaulipas, una reunión en la que se conocieron las propuestas de los gobernadores de ese estado, así como de Nuevo León y Coahuila, para lograr una distribución que ellos consideren más equilibrada de los recursos federales.
En el encuentro, denominado Reunión Interestatal Noreste, se destacó que esos estados no pretenden romper el pacto federal, sino que aspiran a modificar la Ley de Coordinación Fiscal para lograr una distribución más justa de los recursos.
