Derechos de trabajadores son irrenunciables
Miguel Ángel Rivera jueves 23, Abr 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En espera del tan anunciado y varias veces pospuesto programa nacional energético, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su plan para enfrentar en México la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del Covid-19 y a la caída en los precios del petróleo.
En realidad el plan ofrece pocas novedades, pero en cambio el Ejecutivo federal insiste en una modalidad que puede constituir una violación a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
El Presidente reiteró que este año los altos funcionarios de la federación no recibirán aguinaldo. A reserva de lo que dictaminen los tribunales competentes, quitar esa prestación violaría los derechos de los trabajadores, aunque sean de alto nivel, pues la ley no hace diferencias.
Al respecto, cabe citar lo que dispone el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo: “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos.
“Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste”.
Ahora bien, la referida LFT tiene un apartado que define las relaciones del gobierno federal con sus trabajadores. También en este caso, el aguinaldo es obligatorio, como lo establece el artículo 42 bis del referido apartado “B”: “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50 por ciento antes del 15 de diciembre y el otro 50 por ciento a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días del salario, cuando menos, sin deducción alguna. El Ejecutivo federal dictará las normas conducentes para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos en caso de que el trabajador hubiere prestado sus servicios menos de un año”.
Cabe recordar que el Artículo 123 constitucional, en su inciso XXVII establece que será nulo cualquier acuerdo entre patrones y empleados que impliquen una “renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores”.
Esto significa que aunque los funcionarios afectados por el decreto presidencial aceptaran que no se les pague el aguinaldo, tal acuerdo sería inválido.
Dentro del mismo gobierno federal, en el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario (CONAMPROS) se editó, en 2018, un folleto especial para que los trabajadores defendieran su derecho al aguinaldo.
“En el presente folleto -expresa la presentación del documento- los trabajadores encontrarán información útil y práctica para el pleno ejercicio de su derecho al aguinaldo, consistente en: cuántos días de salario corresponden, cuándo se debe pagar, en qué forma debe ser pagado, qué tiempo se tiene para reclamarlo, qué trabajadores no tienen derecho, a qué gravamen fiscal está sujeta esta prestación, así como las sanciones a que se hacen acreedores los patrones que incumplan con el pago del aguinaldo.
Además, en el mismo folleto CONAMPROS ofrecía sus servicios de asesoría individual y colectiva “para la correcta percepción del aguinaldo, y para evitar que el mismo sea afectado por cargas impositivas excesivas, de conformidad con la legislación laboral mexicana”.
Independientemente del asunto de los aguinaldos, el presidente López Obrador explicó que su plan responde a la concepción sobre desarrollo que tiene el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y se aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económica, o lo que se llevaba a cabo o lo que se hacía en el periodo neoliberal.
Precisó que el plan de 10 puntos para enfrentar la crisis descansa en los criterios de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, para responder a las circunstancias que se generaron por lo que llamó, “la crisis mundial del modelo neoliberal”. En otras palabras, más de lo mismo, entendido como mayor austeridad, combate a la corrupción y críticas y reproches de toda clase e intensidad a los repudiados “conservadores y neoliberales”.
Como primer punto, el presidente López Obrador aclaró que no será despedido ningún trabajador (del sector público), pero tampoco habrá nuevos empleos, pues no habrá incremento de personal. Además indicó que se cancelarán 10 subsecretarías; sin embargo, los trabajadores de las mismas mantendrán el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos.
De nueva cuenta, se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25 por ciento de manera progresiva; es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para niveles inferiores.
Este asunto también ha generado muchas controversias, pero se superaron con reformas a la Ley de la Administración Pública, en donde se estipula que los salarios de los servidores públicos se determinan anualmente y se estipulan en el presupuesto federal que anualmente aprueba la Cámara de Diputados.
PAN y PRI, en desacuerdo con el plan presidencial
Los dos principales (o los menos chicos) partidos de oposición, el PAN y el PRI criticaron el plan presidencial y advirtieron que resulta insuficiente para poder superar los efectos de la crisis derivada de la pandemia por el coronavirus.
El grupo del PAN en el Senado calificó las medidas anunciadas por el presidente López Obrador como “ocurrencias, ilegales e insuficientes” y propuso, en cambio, sesionar para aprobar un Ingreso Básico Universal de tres mil 207 pesos a trabajadores formales e informales impactados por la emergencia.
Los legisladores de Acción Nacional insistieron en calificar de “absurda” la construcción de la refinería de Dos Bocas (en Tabasco) en estos momentos, en donde el precio del petróleo está por los suelos, pues extraer el crudo sale más caro que comprarlo. La terquedad de Dos Bocas hundirá, aún más, las finanzas de Pemex, advirtieron.
También indicaron que las medidas para reducir salarios y prestaciones a los servidores públicos violan sus derechos laborales y dejan sin protección los empleos y los ingresos de las familias.
Los senadores panistas sostuvieron que, “ante la peor emergencia económica en 90 años, el gobierno pretende enfrentarla con demagogia irresponsable”.
El presidente del PRI, el gobernador de Campeche con licencia, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que “vemos un gobierno pasmado y rebasado” y, de paso, recordó que, cuando los gobiernos surgidos de su partido enfrentaron grandes crisis, sacaron adelante al país “sin dividir a México”.
Después de asegurar que “es la hora de poner a México por delante”, el líder priista sostuvo que “esta pandemia constituye la emergencia y el asunto más importante para el pueblo de México. Obliga a las autoridades a actuar con energía y no caben excusas ni contemplaciones para salvaguardar la vida de las y los mexicanos y la economía nacional”.
Ante esta situación, Moreno Cárdenas propuso al presidente López Obrador dejar las diferencias a un lado y le pidió que “nos convoque, como jefe de Estado, a un plan de unidad nacional. Miles de vidas están en riesgo, al igual que miles de trabajos.
“Usted es el Presidente de más de 120 millones de mexicanos. En el mundo, cada país va a ver por su interés. Juntos, veamos por el interés de nuestra Patria”, dijo el dirigente del tricolor, que propuso un plan alterno para superar los efectos de la crisis.
Establecer un Programa de Empleo Temporal (“Quédate en casa”) pagando a la población 3,000 pesos mensuales por estar en su casa; ampliar a cuatro meses el programa de Adultos Mayores, con lo cual se otorgarían 50 mil millones de pesos adicionales y entregar 5,000 pesos a las familias de pacientes con Coronavirus que lo soliciten.
Como complemento, Moreno indicó que se debe ayudar a mantener la liquidez de las empresas, para que puedan hacer frente a sus compromisos de los próximos 120 días, con medidas como aplazar por 6 meses el pago de las cuotas obrero-patronales, sin intereses, así como apoyar y respaldar a los productores y campesinos con programas emergentes, para que el campo mexicano, que es la base productiva más importante del país, no enfrente desprotegido estas consecuencias.
