División en el gobierno por programas sociales
Miguel Ángel Rivera miércoles 4, Mar 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Desde su nacimiento, los programas sociales del gobierno federal han sido señalados como una forma apenas encubierta de proselitismo y, al parecer, los propios miembros destacados de Morena y del gobierno federal se esmeran para demostrar que así es.
Este tema del uso de los programas sociales con fines políticos quedó de manifiesto nuevamente con el conflicto entre la secretaria de Bienestar (antes Sedesol), María Luisa Albores González, y el subsecretario del Bienestar y coordinador nacional del Programa Sembrando Vida, Javier May Rodríguez, quien inclusive renunció a su cargo porque se le quitó el control de ese proyecto.
El conflicto fue minimizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al calificarlo con un problema de familia. No sólo eso, de hecho, elogió las diferencias de opinión dentro de su equipo.
En su conferencia mañanera, el jefe del Ejecutivo comentó que es preferible que las diferencias se hagan visibles porque es necesario que el Gobierno tenga mujeres y hombres libres que puedan expresar su opinión y no caigan en el servilismo.
Pero no debe haber sido nada sencillo superar las diferencias, puesto que este asunto debió ser resuelto directamente por el primer mandatario.
De esta manera se confirma, además, que el senador con licencia May Rodríguez es una de las personas más cercanas al presidente López Obrador. Por supuesto, luego de las declaraciones del primer mandatario de inmediato dio marcha atrás y anunció que continuará en el cargo.
En cambio, la secretaria Albores González se mantuvo callada.
Para tener un marco un poco más completo de este conflicto, conviene reproducir algunos párrafos de la renuncia del subsecretario, la cual, por cierto, no está dirigida a su jefa, sino a coordinadores territoriales, coordinadores estatales, facilitadores y técnicos y demás personal del programa Sembrando Vida.
“Por este conducto, comunico que he tomado la decisión de presentar mi renuncia al presidente de la República al encargo que me encomendó como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, y con ello, a la coordinación del Programa Sembrando Vida al Programa de Emergencia Social en la Frontera Sur.
“Agradezco a cada uno de ustedes la dedicación con el que han participado en el Programa Sembrando Vida, soy consciente que este primer periodo ha sido muy intenso, y por ello, reconozco su invaluable colaboración y confianza durante el tiempo que estuve al frente del programa.
“Los retos que tiene el Programa requerirán de cada uno de ustedes mantener un trabajo eficaz y comprometido, y seguir colaborando con la sensibilidad y responsabilidad que han mostrado hasta ahora.
“De mi parte, una vez que la C. secretaria de Bienestar ha abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho Programa, no existen condiciones para seguir al frente de la coordinación”.
También se debe tener en cuenta que, oficialmente, el programa Sembrando Vida fue creado para apoyar comunidades sustentables y dentro de sus propósitos está el sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables e incluir cultivos de ciclo corto, plantaciones agroforestales y milpas, así como el cultivo de canela, agave, pimienta, mango y guanábana, además de los tradicionales maíz, frijol y calabaza.
Entre las especies maderables para las plantaciones se contempla la caoba, cedro, hule y cacao.
Al confirmar que continuará en el cargo, el tabasqueño May Rodríguez negó que el programa a su cargo haya fracasado, aunque admitió que no se cumplieron algunos objetivos, como el de entregar cien millones de plantas producidas en los viveros de la Secretaría de la Defensa, pero sólo se llegó a 40 millones. El resto aún está en los viveros y pronto se recogerán para entregarlos a los viveros comunitarios.
El todavía subsecretario de Bienestar atribuyó el que no se haya cumplido con la meta a que “hubo poca lluvia, poca floración, no hubo semillas y se retrasó, pero la planta está ahora en viveros”.
Por último, cabe recordar denuncias de que los programas sociales se usan con fines electorales:Por ejemplo, a raíz de que en su quinto informe, el entonces gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, aseguró que los programas sociales benefician a 7 millones 600 mil personas, los partidos de oposición denunciaron que se trataba de “una maquinaria que fue echada andar el 4 de junio y que influyó en las elecciones”.
En esa elecciones el triunfador fue Alfredo del Mazo Maza, candidato de una coalición encabezada por el PRI, que superó a la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez.
Más que el triunfo del priista, sorprendió que en las zonas de menor desarrollo de ese estado se registró una elevada participación y que allí el PRI ganó con una diferencia de más del 54 por ciento.
Al presidente del INE, lo quieren “tumbar para arriba”
Otra renuncia que llamó la atención en las últimas horas fue la del actual presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien rechazó la posibilidad de ser considerado candidato a la dirección de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El consejero electoral envió una carta al secretario general de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí, en la cual agradece el honor de haber sido considerado por miembros de la comunidad universitaria con la capacidad y la formación para ser incluido en la terna de candidatos para estar al frente de ese reconocido centro de estudios. Córdova explicó que está imposibilitado para participar, ya que el cargo que actualmente desempeña, concluye hasta abril de 2023.
En la misiva, aparecida en sus redes sociales pide a Lomelí informar a la junta de Gobierno y a la comunidad académica de la Facultad de Derecho sobre su decisión de declinar.
Como se aprecia, la carta está dirigida a las autoridades y los miembros de la comunidad de la UNAM, pero en realidad lleva mensaje a algunos sectores del gobierno federal y su partido, Morena, que han buscado por todas las vías posibles remover a Córdova Vianello, a quien acusan de encubrir fraudes electorales.
Ese intento fue muy evidente con una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados con la finalidad de cambiar el procedimiento para integrar el Consejo General del INE y para cambiar al presidente del mismo cada tres años, con el voto de los diputados y no los consejeros electorales, que actualmente son los únicos facultados para decidir quién debe ser su presidente, que permanece nueve años en funciones.
Esa acción tiene pocas posibilidades de prosperar, pues implica reformas constitucionales que deben se aprobadas por dos tercios de diputados y senadores, mayorías que no logra reunir Morena ni con el respaldo de los partidos “satélites”.
En consecuencia, los empeñados en “despedir” a Córdova buscaron lo que parece ser una salida “elegante”, postularlo para la dirección de la Facultad de Derecho, para la cual el consejero electoral tiene pocas posibilidades.
En otras palabras, estos “amigos” del presidente del INE intentaban “tirarlo para arriba”.
También se desea poner fin al mandato de Rosario Piedra en la CNDH.
La actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, llegó al cargo impugnada por partidos de oposición y por organizaciones de la sociedad civil, debido a que se considera que no cumple con los requisitos para el cargo.
Los legisladores de Morena y de sus aliados de otros partidos han defendido el nombramiento, pero al parecer los antecedentes negativos y algunos errores de Piedra Ibarra en sus primeras semanas al frente de la Comisión – recientemente se reveló que ganará más que el presidente, con lo cual viola la austeridad impuesta por Morena – ya dentro de las filas del partido del gobierno hay quienes desean enmendar el camino.
En la sesión de ayer en el Senado, el ex director del IMSS y ex presidente del PAN Germán Martínez Cázares, presentó una iniciativa de reformas a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para reafirmar la autonomía de esa institución, así como evitar que los familiares de funcionarios del gobierno o de otra institución autónoma ocupen en ella cargos de primer nivel y para darle facultades al Senado de destituir al presidente(a).
