“Superdelegados” ¿en vías de extinción?
Miguel Ángel Rivera martes 25, Feb 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Los “superdelegados” son una criatura inventada por la Cuarta Transformación.
El propósito declarado era que esos funcionarios cumplieran con una de las principales metas del nuevo gobierno, aplicar la austeridad al eliminar elevados salarios de otros muchos empleados de alto nivel.
De hecho, el objetivo se cumplió, pues en anteriores administraciones federales, prácticamente todas las secretarías de estado tenían un delegado asignado en cada una de las 32 entidades federativas.
Pero a pesar de la reducción de gastos, esos buenos propósitos no quedaron a salvo de suspicacias. La oposición advirtió de inmediato tenían la responsabilidad de convertirse en contrapesos de los gobernadores que, desde la alternancia a principios del siglo XXI, se habían liberado del yugo de estar sometidos a la voluntad de presidente de la República, que podía removerlos a voluntad y decidir sobre su futuro político.
Pero, sobre todo, se sospechó que la “superdelegación” era la plataforma desde la cual podrían despegar los futuros candidatos a gobernadores del partido en el gobierno, Morena, pues con el control sobre todos los programas sociales del gobierno federal, inevitablemente se ganarían la voluntad popular.
Esta sospecha se confirmó en Baja California, el primer estado que cambió de gobernador luego del relevo en el Ejecutivo Federal de 2018. El “superdelegado” y amigo personal del presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario Jaime Bonilla Valdés, saltó fácilmente desde ese cargo federal a la candidatura al gobierno del estado.
No sólo eso, su fortuna personal y su cargo federal le sirvieron también para maniobrar entre los diputados locales de las legislaturas saliente y entrante para ampliarse el periodo de su gobierno, que debía ser de dos años, para llevarlo hasta cinco. La reforma constitucional relativa está sometida a controversias constitucionales que todavía no se definen, pero…eso es otra historia.
Ese fue el punto culminante de los “superdelegados”, pues otros muchos fueron atacados de inmediato precisamente porque se les quería quitar de la carrera por los gobiernos estatales. Por lo general, unos son acusados de utilizar la posición para beneficio personal o para impulsar proyectos políticos que no necesariamente han recibido el beneplácito “de arriba”.
En este campo, la primera víctima fue el “superdelegado” de Jalisco, el también empresario Carlos Lomelí Bolaños, quien renunció a la posición luego de denuncias en el sentido de que era uno de los beneficiarios de las compras de medicamentos por parte de instituciones del sector salud y, de alguna manera, responsable del alud de críticas al gobierno federal por la escasez de medicamentos.
El panorama político se tornó más denso por la lucha dentro de Morena por la presidencia del partido. Los bandos en pugna se han acusado de tratar de manipular el padrón de militantes y en esa contienda se ha mencionado que algunos delegados, desde su jefe nacional, Gabriel García Hernández, a quien se acusa de utilizar los programas sociales para aumentar la clientela de su partido.
La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, confirmó que hay investigaciones sobre la actuación del comandante de los “superdelegados”.
Por ello no resultan de extrañar las declaraciones del presidente López Obrador, en el sentido de que analiza dar su respaldo a una iniciativa surgida de su partido para prohibir a los “superdelegados” de programas federales aspirar a puestos públicos.
“Sí, podría analizarse, pero habría primero que probar que se están involucrando y eso podría llevar a una iniciativa, a reglamentar de que el que desempeñe ese cargo no pueda aspirar a ser candidato. Pero vamos a esperar los acontecimientos”, dijo al primer mandatario en su conferencia mañanera.
“Ya no hay partido de Estado, no se permite el que se utilice a gobierno para favorecer a partidos o a candidatos, no se acepta, no se permite”, agregó el jefe del Ejecutivo. “Pago por ver”, diría un jugador de póker.
Desmienten que Peña Nieto sea investigado
Para disgusto de quienes gustan de los casos de escándalo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que hasta el momento ninguna de las investigaciones en torno al ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya Austin, detenido en España, apuntan al ex presidente Enrique Peña Nieto.
El funcionario federal que se ha convertido en el eje central de las averiguaciones sobre corrupción hizo esas declaraciones en la sede del Senado, en donde participó en una de las mesas de trabajo convocadas para analizar una eventual reforma a la Ley Federal del Trabajo para regular las actividades de las empresas de subcontratación (también llamada outsoursing).
Por cierto, relevó, en cambio, que se revisa el comportamiento de algunas empresas de ese sector, porque se sospecha que han incurrido en irregularidades.
Al respecto, cabe recordar declaraciones del presidente López Obrador y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en el sentido de que el gobierno federal detectó en evasión fiscal por más de 21 mil millones de pesos por parte de 6 mil empresas de outsourcing, las cuales afectan los derechos de los trabajadores con esquemas ilegales de subcontratación.
En cuanto a las investigaciones acerca de la actuación de Lozoya al frente de PEMEX, Nieto Castillo comentó que los expedientes respectivos se han turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) y que uno de ellos es el relativo a la compra de un astillero en España con una afectación a la empresa petrolera estimada en 50 millones de euros.
Al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera precisó que en ninguno de los casos relacionados con Lozoya aparece el nombre del ex presidente Peña Nieto.
“La investigación que yo tengo del presidente es muy clara; no vamos a solapar, no vamos a proteger a nadie. Sin embargo, en este momento la investigación ha llevado solo al señor Lozoya y a sus cercanos”, aclaró el funcionario federal, quien manifestó que se mantienen congeladas 14 cuentas de Lozoya, de parientes y de colaboradores.
Lo que falta para completar este cuadro es conocer el nombre del “alto funcionario” del gobierno mexicano que, hace unos días, informó al influyente diario de los Estados Unidos The New York Times que, efectivamente se investiga al ex presidente Peña Nieto.
Al menos seis organizaciones podrían obtener registro como partidos
En medios políticos se mantiene la versión de que seis organizaciones podrían obtener este año su registro como partidos nacionales, con lo cual las elecciones federales del año venidero serían las más concurridas desde la primera reforma electoral de 1976.
Esto comentarios se intensificaron luego de que la directiva de Redes Sociales Progresistas (RSP), encabezada por José Fernando González Sánchez – yerno de la ex dirigente nacional de magisterio Elba Esther Gordillo – se presentó ante el INE con la documentación de su reciente asamblea nacional y de los otros requisitos que exige la legislación electoral para solicitar su registro como nuevo partido político
La directiva de RSP, se presentó ante la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, cuyo titular, Patricio Ballados, recordó que será hasta junio cuando se conozcan las resoluciones definitivas acerca de las organizaciones que obtengan el registro oficial.
Durante un mitin organizado en la explanada del INE, González Sánchez Fernando González hizo un llamado a la unidad.
“Debe haber sensatez en nuestros líderes, no nos pueden convocar a la división porque también es una forma oportunista de hacer política y no, no nos dividamos, porque la división puede provocar el debilitamiento de todos, y si nos dividimos y caemos en una dictadura, las dictaduras son terribles, por eso tenemos que defender nuestras instituciones democráticas”, señaló Fernando González, presidente de RSP, a quien acompañaba su esposa Maricruz Montelongo Gordillo.
El ex subsecretario de Educación dijo que como partido tienen el reto de hacer reformas para mejorar la economía de los empresarios y los trabajadores para cumplir el objetivo de Redes Sociales Progresistas de ser el partido de las clases medias.
