Recorte a financiamiento de partidos políticos ¿Ahora sí?
Jorge Luis Galicia Palacios lunes 17, Feb 2020Como veo, doy
Jorge Luis Galicia Palacios
- Dar enfoque de derechos humanos: investigadores del Belisario Domínguez.
- Espíritu de la Ley Kumamoto, una opción.
A propósito de la agenda legislativa que el partido mayoritariamente representado en el Congreso de la Unión tiene definida como prioridad para su análisis y discusión en los trabajos recién iniciados del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, llama la atención que el partido en el gobierno, o sea Morena, junto con sus aliados del PT, PES y Verde Ecologista, no quita el dedo del renglón en su intento por reducir el financiamiento a los partidos políticos, lo cual no es ninguna sorpresa si se considera que la propuesta es una demanda ciudadana que data de varios años atrás al estimar que es un despilfarro de recursos públicos el destinado a organizaciones partidistas que, hoy por hoy, no gozan de la total aceptación ni tampoco tienen la representación popular.
Con diversos enfoques y matices de tipo político, es un hecho que los llamados partidos de oposición no comulgan con dicha propuesta y por ello no la tienen considerada en los temas de su agenda, pero como en este caso la mayoría es la que propone y decide los temas que serán subidos para su discusión y posible aprobación ante el pleno, se da por descontado que el financiamiento de los partidos políticos no solo mantendrá despiertos a los legisladores, sino que habrán acaloradas discusiones, tanto en comisiones como en el pleno, y en tanto algunos argumentarán que es una defensa a la democracia otros más dirán que se trata de detener el despilfarro, en ambos casos pretextarán que se trata de enriquecer la lucha electoral.
En ese contexto, a fin de aportar mayores elementos de discusión y análisis en este debate público que está a la vuelta de la esquina, bien vale retomar lo que al respeto señala un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República: “el financiamiento público de los partidos políticos comenzó a ser objeto de cuestionamiento, especialmente a partir del desprestigio que proliferó sobre dichas instituciones, ganado a pulso por prácticas indebidas, entre otras distorsiones en su funcionamiento que desde la academia fueron conceptualizadas como la “partidocracia”, esto es, el gobierno de los partidos por y para los propios partidos. A la par que se exacerbaba la percepción negativa de los partidos, el presupuesto que se les otorgaba fue aumentando de forma considerable. De acuerdo con la última edición de Latinobarómetro, 9 de cada diez personas en México desconfían de los partidos políticos y, tan solo en este 2020, estas entidades recibirán casi 5 mil millones de pesos del presupuesto federal, sin contar las prerrogativas en especie (como los tiempos en radio y televisión) y los recursos que se les asignan a nivel local”.
Es cierto, todos los partidos no atraviesan por su mejor momento, de ahí que no sea mala la propuesta de reformar las leyes que tienen que ver con su financiamiento, y hay coincidencias con la argumentación de los investigadores del Instituto Belisario Domínguez, cuando éstos cuestionan ¿cómo esas entidades tan rechazadas por la sociedad reciben miles de millones de pesos al año, cuando esos mismos recursos se podrían destinar a hospitales, escuelas, obras de infraestructura u otros rubros que beneficien más al país?.
E igualmente son válidos los argumentos de dicho estudio cuando se señala que el debate que viene sobre el tema también debe verse desde un enfoque de derechos humanos “concibiéndolos como instituciones garantes de los derechos políticos de las personas, del mismo modo en que un hospital es indispensable para garantizar el derecho a la salud, o lo mismo una escuela para asegurar el derecho a la educación”.
El referido estudio apunta que “el análisis de los partidos políticos se ha hecho desde múltiples perspectivas a lo largo del tiempo. Una que ha sido poco explorada es la de los derechos humanos, es decir, concibiéndolos como parte de los elementos a los que una persona debe tener acceso para desarrollarse plenamente, de acuerdo con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia consagrados en nuestra Constitución y en el derecho internacional”.
El debate sobre este asunto aún está en ciernes y, como en muchos otros temas del interés nacional, lo recomendable siempre sería que decidan en un marco de participación democrática en el que cuenten todas las voces o cualquier formato que hable de acuerdos y no de “agandalles”.
En fin, en este tema, los legisladores tendrán la última palabra: son igual que los de antes o se manifiestan claramente como diferentes a las mayorías de antes.
VA MI RESTO.- Si en verdad el legislativo federal quiere reducir el financiamiento a los partidos, no estaría mal que echaran una revisada a la ley local de Jalisco, conocida como “Sin voto no hay dinero”, donde se cambió la fórmula con la que los partidos políticos recibían prerrogativas de los recursos públicos, y en la actualidad allá se reparten los dineros a partir del número de votos obtenidos y no a partir de la lista nominal del padrón electoral. En fin, el debate público sobre este tema apenas comienza y dicen que lo bonito empezará cuando la discusión se ponga feíta, y hasta ahí porque como veo doy.
