Más caro que los partidos, un gobierno autoritario
Miguel Ángel Rivera martes 4, Feb 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“Necesitamos invertir en democracia. La democracia cuesta, pero cuesta más un gobierno autoritario que no respete los contrapesos en este país. No hay que dejarse llevar por ese discurso”, afirmó el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
El también presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL) se refería con estos comentarios a la iniciativa del gobierno federal y su partido, Morena, para reducir a la mitad el financiamiento público, la cual considera una trampa para disminuir la capacidad de los otros partidos para competir y reducir la amplia mayoría de la que disfruta el Movimiento de Regeneración Nacional.
Desde el gobierno federal y Morena se pretende eliminar a los adversarios políticos al intentar reducir el financiamiento a los partidos, afirmó Moreno, al señalar que el “discurso demagógico” de la austeridad confunde democracia con recursos.
En particular recordó que haber cancelado la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México costó 220 mil millones de pesos, mientras que al INE se le destinan este año 5 mil millones de pesos, de los cuales los partidos recibirán 2 mil 500 millones.
Es decir, explicó el dirigente nacional del tricolor, con lo de la cancelación de la obra en Texcoco se podría financiar cien años el costo de la democracia.
“¿Por qué cuando estuvieron en la oposición nunca lo propusieron?”, preguntó Moreno Cárdenas, al advertir que la iniciativa que ahora impulsa Morena desde el poder, para reducir en 50 por ciento los recursos públicos destinados a los partidos políticos, no es un tema de recursos. “Es un tema de democracia”, expresó.
“Hoy necesitamos un país de pesos y contrapesos, y necesitamos que se garantice que se transparenten los recursos públicos como está asentado” en la legislación, pero además que se legisle sobre mecanismos de financiamiento privados, con puntual transparencia.
El presidente del PRI y de la COPPPAL destacó que en México debemos disfrutar de un país más democrático, más competitivo y con división de poderes, “donde todos tengamos las mismas oportunidades de ganar la confianza de los ciudadanos”.
Luego reiteró que la propuesta de recortar el financiamiento de los partidos es un “un discurso demagógico, que en nada ayuda” e indicó que quien debe ajustarse siempre a la austeridad, cuando es necesario, “es el gobierno”, porque, dijo, “¿cuándo se ha visto que una empresa genere mejores resultados cuando se le quitan recursos?”.
El gobernador de Campeche con licencia recordó, además, que, desde el gobierno, el PRI siempre impulsó y promovió el fortalecimiento de la democracia, a través de la creación de los diputados y senadores plurinominales, para que la oposición tuviera mayor representación.“Hay que abrir la representación política para que haya pesos y contrapesos en México”, sentenció.
El gobierno de la Cuarta Transformación utiliza a su favor los programas sociales, denuncia la oposición.
Como la casi totalidad de los partidos de oposición, los diputados del PRI se declararon en contra de la reducción del financiamiento público a los partidos, cuando una iniciativa constitucional en ese sentido se discutió en diciembre pasado en la Cámara de Diputados.
De hecho en esa ocasión, la iniciativa de Morena sólo fue acompañada por sus aliados del desaparecido PES (que parece estar a punto de revivir), pues hasta sus otros casi incondicionales como el PT votaron en contra.
La iniciativa tuvo 274 votos a favor y 207 en contra, por lo que no alcanzó la mayoría calificada que se requería para que avanzara.
Desde que el presidente López Obrador lanzó la propuesta de reducir el financiamiento a los partidos, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, expresó el desacuerdo de su instituto político.
El dirigente panista sostiene que dicha reforma no busca ahorros sino debilitar a los contrapesos y a la oposición. Denunció, además, que lo que daña al país es el populismo, que “le está saliendo muy caro a México”.
Los legisladores de PAN, PRI y PRD rechazaron la propuesta al señalar, entre otros puntos, que buscaba “asfixiar hasta el exterminio” a los partidos de oposición.
Al fijar la posición del PT, el otras veces empeñoso defensor de la llamada Cuarta Transformación, Gerardo Fernández Noroña sostuvo que hasta para “visitar casa por casa” o para “realizar brigadas” se requieren de recursos económicos, por lo que consideró que una reducción de estos sería “irresponsable”.
La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez, señaló que si la idea era la de ahorrar recursos, el gobierno federal debía de hacerlo mediante la reducción de la estructura de los llamados servidores de la nación y sus coordinadores, funcionarios clave en la operación de los programas sociales.
“¿Por qué no, si de verdad quieren ahorrar, si es auténtica la política de austeridad que pregonan Morena y el presidente de la República, por qué no eliminan la nómina y los gastos de operación de los servidores de la nación y sus coordinadores?”, se preguntó la legisladora perredista al denunciar, como casi toda la oposición, que los programas sociales y los mencionados “servidores de la nación” sirven para allegar votos al partido del gobierno.
Al llegar el nuevo periodo ordinario de sesiones, se vuelven a poner de actualidad los llamados de Morena para reducir el financiamiento público. Por ejemplo la ¿todavía? presidenta de ese partido, Yeidckol Polevnsky se ha cansado de propalar que su partido renuncia a la mitad de sus prerrogativas y con ello obviamente genera simpatía popular para su instituto político.
Por ello se explican las palabras en contra del recorte por parte del presidente nacional del PRI.
MORENA insiste en elevar a rango constitucional los programas sociales.
Sin importar que aparentemente dan la razón a los partidos de oposición que los acusan de utilizar los programas sociales con la finalidad de ganar votos, los legisladores de Morena se preparan para promover otra reforma constitucional para hacer obligatorios y permanentes la pensión para adultos mayores, la beca universal para jóvenes en preparatoria y la pensión para personas con discapacidad.
El coordinador de los diputados de Morena y candidato a la presidencia de su partido, Mario Delgado, confirmó que dentro de las prioridades de su agenda legislativa para el recién iniciado periodo de sesiones, está la de reformar al artículo cuarto de la Constitución para garantizar los apoyos sociales a los sectores más vulnerables del país.El también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) indicó que se harán todos los esfuerzos institucionales para que esa iniciativa sea el primer dictamen a discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados.
“No va a haber iniciativa preferente (del jefe del Ejecutivo), pero vamos a darle trato a la reforma al artículo cuarto constitucional como si fuera preferente. Le vamos a dar la máxima prioridad”, dijo el precandidato a la presidencia de Morena.
Agregó que su mayoritaria bancada insistirá, además, en temas como la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) y la elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Este último asunto es otro de los temas conflictivos, pues la oposición estima que con el nombramiento de los nuevos consejeros, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, tratarán de mermar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo al que tanto ha censurado por considerarlo “cómplice” de supuestos fraudes electorales y hasta por oponerse a sus medidas de austeridad al resistirse a recortar sus salarios y prestaciones.
Por cierto, el salario del presidente de la República, no es todavía un tema totalmente cerrado.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, del PAN, recordó que hay un mandato de la Suprema Corte para que los legisladores definan los criterios para determinar el salario del jefe del Ejecutivo.
“Es algo que no puede fijarse de manera arbitraria. Se requieren algunos criterios técnicos porque hay un impacto en las demás remuneraciones, porque no sólo tocó al Gobierno Federal, sino hasta la los organismos autónomos”, explicó Rojas.
