Ejecutivo contra ejecutor
Freddy Sánchez martes 21, Ene 2020Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Qué otra cosa espantosa podría salir a la luz sobre la vida familiar del chico de once años que mató a su maestra, hirió de muerte a varios de sus compañeros, (uno también fallecido), y terminó por quitarse su propia existencia.
Lo divulgado acerca del padre y del abuelo del infante, sobrepasó la capacidad de asombro que uno podría llegar a tener.
Por un lado, presuntamente, un generador y “lavador de dinero sucio”, y por el otro, el segundo mencionado habiendo estado preso por narcotráfico, recién fue liberado y, aparentemente, volvió a sus actividades delictuosas.
Así que, mayor evidencia de descomposición familiar, cuesta trabajo aceptar que haya habido en el entorno de un pequeñito que lamentablemente las circunstancias de su vida lo convirtieron a su tierna edad en un bestial asesino para sorpresa y asombro de la sociedad.
En ese tenor, algo más podría ser tanto o mas sorprendente: la extraordinaria capacidad oficial para desentrañar “la vida y milagros” de esa familia presuntamente infestada de malevolencia, lo cual se detectó a la “velocidad de la luz”.
Y es que ni duda queda acerca de que existiendo la voluntad institucional de escudriñar sobre las probables conductas delictivas y actos de corrupción de una u otra persona e incluso una familia completa, nada impide la virtual “omnipresencia” del poder quisquillosamente indagatorio de las autoridades competentes.
Aquello remoto de la corrupción descubierta en un santiamén para perseguir penalmente al ex gobernador Duarte, (bien preso todavía), lo de las corruptelas y el enriquecimiento personal y presuntamente familiar de Genaro García Luna como el develado corrupto proceder de algunos cuantos funcionarios y empresarios del pasado y ahora lo de la familia del niño asesino, acreditan una peculiaridad pocas veces vista en las acciones de la ley.
Esa inusual dinámica indagatoria de las autoridades que solamente en ciertos casos no tiene límites.
Lástima pues, que dicho afán por “destapar las cloacas” del delito y la inmoralidad social, no actúe invariablemente con el mismo escrupuloso empeño para revisar hasta “debajo de las muelas” dondequiera que haya que investigar conductas familiares deshonestas relacionadas con el crimen organizado.
Cosa que menos se hace todavía, tratándose de poner bajo “el microscopio” de una pesquisa policiaca el posible involucramiento de prominentes figuras del gran empresariado o la alta política.
Y justamente por ello, es de demandar que “la lupa” que podría hacer posible poner al descubierto todo acto ilícito de “los grandes peces” de la corrupción, realmente se use sin distingos y con el ánimo de ser implacables “caiga quien caiga”.
En vez de que, continuamente, se deje la impresión de que en México los investigadores policiacos solo son eficaces cuando reciben la consigna de no dejar “títere con cabeza” al investigar todo comportamiento de quienes “han caído en desgracia política”, y por lo tanto, dejaron de tener a su disposición los “cálidos cobertores” de la impunidad.
Y para demostrar que eso fue cosa del pasado, es preciso echar mano de acciones inmediatas y contundentes para someter a juicio penal a los “altos jerarcas” de la delincuencia organizada, empezando por sus cómplices y encubridores de “cuello blanco”.
Porque no decirlo entonces con absoluta claridad: ya estuvo suave de dar a entender que contra las mafias del poder , sólo se “corta suavecito” donde la ley no provoque mayor daño a las “arterias” que han permitido mantener incólume el funcionamiento de la delincuencia organizada, en connivencia con personajes aparentemente honestos de la política y la sociedad.
Lo que tristemente se traduce en una “guerra” desventajosa de un poder acotado contra otro “influyente”, uno en apariencia institucionalmente limitado y otro capaz de rebasar todo límite. Digámoslo así: ejecutivo contra ejecutor.
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