Reformas al sistema de justicia: regresivas y autoritarias
Guillermina Gómora Ordóñez martes 21, Ene 2020Caleidoscopio
Guillermina Gómora Ordóñez
Freno de mano le metieron en el Senado al intento del gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) de reformar al sistema de justicia. Expertos y activistas alertaron que las iniciativas podrían vulnerar los derechos humanos y representar un retroceso al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
La filtración de los proyectos activó las alarmas. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, considera que “tiene mucha injerencia el Ejecutivo” y que preocupa la restricción de derechos y libertades para el ciudadano común, así como la restricción de los derechos otorgados a las víctimas del delito.
Una vez más, las prisas y el ánimo de agradar al Presidente, derivaron en iniciativas poco racionales y viables. Pretenden que en el Congreso se legisle “al vapor” una reforma de gran calado que contempla modificaciones a 14 artículos y la creación de dos nuevas leyes: La ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica y un Código Penal Nacional.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, calificó como “intransitables los proyectos”, que no tenían “la formalidad de iniciativa”. Incluso, previo al evento oficial del pasado 15 de enero, conversó por espacio de 40 minutos con el Fiscal General, Alejandro Gertz, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.
Monreal advierte que “falta entre el Ejecutivo y la Fiscalía, una coordinación mayor para que el Senado no se involucre en discusiones, previo a la presentación de iniciativas por parte del Ejecutivo”. El morenista dejó en claro que el Senado no aceptará preproyectos, pues “México necesita instrumentos jurídicos eficaces ante un reto sin precedentes para combatir la crisis de violencia e inseguridad”.
Vaya que si los necesitamos, luego del fin semana rojo que se registró en el país, con el incendió de un pueblo en el Municipio de Madera, Chihuahua, por una banda de sicarios; la ejecución de 10 músicos indígenas en el municipio de Chilapa, por el grupo delictivo “Los Ardillos”, que dirige la familia del diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, y la violencia imparable en Guanajuato y otros estados.
Sí, a México le urge un mejor sistema de procuración e impartición de justicia. La percepción de la inseguridad de los mexicanos pasó del 71.3% en septiembre de 2019 al 72.9% en diciembre, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Una percepción que en muchos rincones de la nación es una terrible certeza y nos obliga a vivir con miedo.
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, asegura que la falta de justicia se sustenta en tres factores fundamentales: Una enorme inseguridad, corrupción e impunidad.
¿Será que con las nuevas reformas que contemplan, entre los puntos más regresivos: la ampliación del arraigo para todos los delitos, la posibilidad de validar pruebas ilícitas, la eliminación de figuras indispensables para el nuevo sistema de justicia oral, la ampliación del régimen de excepción en delincuencia organizada y una jurisdicción especializada para conocer delitos cometidos por jueces federales, se puedan vencer a estos flagelos que señaló Gertz Manero como los culpables del fracaso en el sistema penal?
Los expertos dicen que no, que desde una perspectiva de derechos humanos, si estas cinco propuestas se incluyeran en la iniciativa sería alarmante e irían en sentido contrario del fortalecimiento de las garantías procesales dentro del sistema de justicia y que el camino para revertir esta situación no es volver al viejo esquema mixto, que fortalecía al Ministerio Público en detrimento de los acusados.
En efecto, diversas organizaciones civiles alertan sobre una regresión en nombre del combate a la impunidad, con un sesgo autoritario. Un retroceso que nos llevaría a un sistema más orientado a fabricar culpables, con procesos poco confiables favoreciendo la discrecionalidad de un poder judicial plagado de vicios, con un récord muy grave de violaciones a los derechos humanos.
Así las cosas, deberemos esperar dos semanas para ver si se presentan las polémicas iniciativas y se llevan a parlamento abierto para su análisis y posterior aprobación. Aunque después de la reacción que provocaron las filtraciones, dicen que se podría retrasar su envío al Senado.
VERICUENTOS
Ahí viene la marcha
Todo listo para que el próximo jueves 23 Javier Sicilia y los hermanos LeBarón, Julián, Adrián y Alex, encabecen la marcha por la paz y la justicia. Los activistas sociales han denunciado que “La política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador no está resolviendo las causas… Se necesita una política de Estado… La intención es que nos escuche y entienda que esta agenda es prioritaria para el país, la cifra de víctimas es muy grande”. ¡Órale!
guillegomora@hotmail.com
@guillegomora
