El reto del Senado es desbrozar la maraña de leyes, que convierte a la justicia en algo inalcanzable

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Justicia mexicana… | Luis Xavier

No recuerdo ninguna otra intervención tan clara como la del Fiscal Alejandro Gertz Manero quien ayer explicó a los senadores encabezados por Ricardo Monreal en la Junta de Coordinación Política del Senado los obstáculos principales que hacen imposible aplicar la justicia en el país.

Recibidas las iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador con las cuales se intentará establecer un nuevo sistema de Justicia, coherente, funcional, sin contradicciones ni aberraciones, Monreal adelantó:

“Yo plantearía un mecanismo legislativo similar al que hicimos con la Guardia Nacional, en una mesa en donde estemos todos los grupos parlamentarios representados, con el Ejecutivo; que esté el Fiscal General o su representante, que esté el Consejero Jurídico y su representante o su representante y que esté obviamente la Secretaria de Gobernación o su representante.

“Es decir, lo que queremos expresar es voluntad para analizar, para revisar y para lograr un proyecto de modificaciones amplio, si se puede, por unanimidad y si no, por una amplia mayoría.

“Porque son instrumentos que debemos considerar como duraderos y estamos dispuestos a revisar todos los temas. No hay dogmas, no hay tabúes, es un momento de actuar con mucha responsabilidad”.

Y es que la propuesta rebasa hasta hoy todos los intentos por darle no sólo coherencia a las normas y Leyes que establecen los mecanismos de justicia y que han terminado, según Gertz Manero, en un galimatías legal que termina hundiendo a México en la impunidad.

El Fiscal Gertz Manero lo sintetizó de la siguiente manera:

“No es posible seguir manteniendo un sistema de Justicia que permita que quienes se roban al país caminen tranquilamente por las calles y quien hurta 20 pesos sea encarcelado de por vida”.

Ante casi una cincuentena de senadores y sus coordinadores, recordó que durante los últimos 20 años se han hecho esfuerzos, generando respuestas parciales, que finalmente nunca han terminado por generar realmente una solución de justicia para los mexicanos.Y les pidió hacer un esfuerzo de entendimiento de la globalidad de la situación.

Dijo:

“La falta de justicia se alimenta de tres factores: una enorme inseguridad, una enorme corrupción y una enorme impunidad. Estos 3 factores son los que nos mueven a una solución global y coordinada.

“Sin un proyecto completo que parta del fenómeno delictivo y de cómo lo vamos a detener, fracasaremos igual que todos los intentos anteriores lo hicieron.

“Si ustedes ven la cantidad de reformas y de leyes aprobadas durante los últimos 20 años respecto de la justicia, se sorprenderían. ¿Por qué? Es tal el número que se ha hecho, como el número de problemas que se han multiplicado.

“Quiere decir que eso no funciona.

“Estamos convencidos que el delito y la seguridad deben detenerse cuando son un germen, al inicio del problema…

“Cuando un Estado no tiene control sobre su territorio, y hay otro grupo que hace funciones de poder dentro de un territorio, ese territorio está perdido para la comunidad y perdido para el Estado.

“Allí esta el primer reto a vencer.

“Se requiere de una ley que defienda la vida cotidiana de todos los mexicanos en todos los municipios y en todos los estados del país, con un criterio general de la aplicación.

“Como la Ley Federal del Trabajo, que con carácter federal se aplica además en forma local en cada estado, así se pretende opere la Ley de Justicia Cívica, y de ahí el Código Penal y aplicar el derecho positivo, y sus respectivas sanciones.

“La Ley de Justicia cívica protegería la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común, y de su colusión con policías y funcionarios municipales. Con beneficio inmediato del daño, obligando al Estado a repararlo en los casos de las personas más vulnerables.“De los 33 millones de delitos producidos al año, el 90 por ciento afectan a los más desprotegidos; y de ellos, el 90 por ciento responden a cuestiones económicas que no pasan de 10 mil pesos.

“El Estado tiene que de reparar el daño cuando no lo hace el causante, esa es su función primaria.“Y se promoverá el trabajo comunitario para fortalecer las redes sociales y los valores cívicos. Así quienes cometan un ilícito entenderán el daño causado por él a la comunidad, y de cómo se tiene que repararlo con una conducta personal que le dé, tanto a la víctima como a la propia comunidad, la reparación que necesita.

“Otro de los efectos buscados será el de diferenciar a los ‘primodelincuentes’ -aquellos todavía son rescatables-, frente a los habituales y reincidentes, que deben ser sometidos a sanciones penales eficaces.

“Esto debe ocurrir en la primera instancia. Estas son las bases fundamentales de la Ley de Justicia Cívica”.

Gertz Manero abordó luego la complejidad en que se debe elaborar un sólo Código Penal Nacional, que homologue todos los delitos, su tipicidad y agravantes, en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país.

“No podemos tener 32 códigos, porque sin una homologación de defensa social, no habrá una homologación de defensa de cada una de las personas. Es decir, que todos seamos iguales ante la Ley”.

No se debe ignorar, dijo, que existen particularidades culturales que no se pueden omitir, pero eso no debe impedir aplicar una Ley única en todo el país.

En fin, toda una cadena de retos por demás complejos como complejo es México.

El Trife vuelve a darle la razón

Ayer, de nuevo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coloquialmente conocido como Trife, apercibió a la Comisión Nacional Honestidad y Justicia de Morena, que encabeza Héctor Díaz Polanco, porque su Comisión partidaria carece de competencia en asuntos que involucren actos de derecho parlamentario.

En el expediente SUP-JDC-1878/2019, los Magistrados, por unanimidad, revocaron la amonestación impuesta por la CNHJ al Senador Ricardo Monreal Ávila, respecto de su actuación en el procedimiento de renovación de la Mesa Directiva del Senado de la República, en atención a que la Comisión de Morena carece de competencia para conocer temas de derecho parlamentario.

El mismo Tribunal, el 2 de septiembre de 2019, había resuelto en el expediente SUP-JDC-1212/2019, que la votación de reelección o elección de quienes conformarían la Mesa Directiva del Senado era un asunto exclusivamente de la organización y funcionamiento del Senado de la República, por lo que la CNHJ no podía conocer de ello ni hacer pronunciamiento alguno, pues se trataba de un asunto de derecho parlamentario que no incidía en el partido político.

No obstante ello, la CNHJ, decidió amonestar al Senador Ricardo Monreal Ávila, por su intervención en el procedimiento de renovación de la Mesa Directiva, por lo cual, el TEPJF dejó sin efecto la amonestación y le reiteró a la CNHJ que no puede conocer temas de derecho parlamentario, por lo que la apercibió para que el futuro obedezca los lineamientos que le ha fijado el TEPJF.

En la misma sesión, al resolver el expediente SUP-JDC-1877/2019, se revocó el oficio por el que la CNHJ solicitaba al Senador Ricardo Monreal excluir del grupo parlamentario de Morena a la Senadora María Lilly del Carmen Téllez García, pues se trata de un asunto que sólo compete al grupo parlamentario de Morena y no a la CNHJ, quien emitió el oficio sin fundamento alguno, pues se trata de un tema exclusivamente legislativo además de que la Senadora ni siquiera es integrante de Morena.

O sea, bola de inútiles esos de la cúpula de Morena, que no dan una…

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