Empresas despidieron en diciembre a 380 mil trabajadores para no pagar impuestos

• Hasta  20 años de cárcel a empresarios por outsourcing ilegal

Se detectaron unas mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a 862 mil 489 trabajadores afectados en sus derechos laborales.

El Gobierno de México detectó un total de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a 862 mil 489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se explicó que se investiga a las compañías que violan la ley y que en el último mes de 2019 despidieron de manera masiva a miles de trabajadores.

“Fueron 380 mil trabajadores despedidos en diciembre y esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar impuestos.

Queremos informar sobre este tema porque ya se modificó la ley, por lo cual ya es un delito la evasión de impuestos. Vamos a actuar y se aplica la ley, no se pueden permitir estos casos”, refirió el mandatario federal.

La titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Maria Alcalde, explicó que las prácticas de subcontratación ilegal han ido creciendo en el país, pues para el 2019 se contabilizan 5 millones de trabajadores en este esquema y 6 mil empresas que realizan subcontratación abusiva.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que se han recibido 51 denuncias de empresas fachada, facturación de operaciones simuladas y de «outsourcing» ilegal, poir lo que ha investigado a 1.854 empresas desde la integración del grupo.

Hasta  20 años de cárcel a empresarios por outsourcing ilegal

En tanto, el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Romero Aranda, advirtió que conforme a la nueva ley las empresas que adquieran servicios derivados de “outsourcing ilegal” podrían ser investigadas y sancionadas hasta con 20 años de cárcel.

Hizo un llamado a las empresas a regularizarse, al citar que el año pasado varios patrones se acercaron a la dependencia para corregir sus errores y resarcir al fisco casi 2.000 millones de pesos (106,5 millones de dólares).

Recordó que las reformas aprobadas el año pasado -que equiparan varios crímenes de defraudación fiscal con delincuencia organizada- contemplan hasta 14 años de cárcel para quien contrate estos servicios de facturación falsa y «outsourcing» ilegal, y hasta 20 para quienes lo presten.

Con los resultados de este trabajo, los funcionarios esperan enriquecer las iniciativas de reforma presentadas el año pasado en el Senado para endurecer el combate contra el «outsourcing» ilegal, algo que ha despertado críticas del sector empresarial mexicano, pero aplausos de los sindicatos en toda la región de Norteamérica.

“Que quede claro, el que contrate estos servicios corre el riesgo que se inicie una investigación contra él y que pueda ser sancionado hasta con 14 o 20 años de prisión preventiva”, advirtió.

Romero Aranda llamó a las empresas que caían en esta práctica o hayan comprando facturas falsas acudan a la autoridad para regularizar su situación fiscal.