Empantanadas, inseguridad y violencia
¬ Augusto Corro jueves 5, Dic 2019Punto por punto
Augusto Corro
En el gobierno “lopezobradorista” aún sin resultados positivos en la lucha contra la inseguridad y violencia delictiva.
La estabilidad en la cifra de homicidios de ninguna manera debe entenderse que se avanza en la lucha contra el crimen organizado.
No se ve ningún beneficio de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador en el combate a la delincuencia.
Quizá son demasiado lentas sus acciones para atacar las causas que generan violencia e inseguridad. Solo que los efectos serán a largo plazo.
Tratamos el tema porque el mandatario López Obrador declaró que no rectificará su estrategia en el combate al crimen organizado apoyada en abrazos y no balazos.
Mientras los cárteles de la droga ya dominan el 68 por ciento del territorio nacional.
Aunque se conoce cuáles son las entidades con mayor grado de violencia las masacres ocurren en cualquier sitio.
La población espera impaciente la participación más intensa de la Guardia Nacional para que México vuelva a ser un país seguro.
Sin duda, el Ejército y la Marina jugarán un papel muy importante para combatir a alrededor de 300 organizaciones delictivas que operan México.
Urge, pues, que el gobierno “lopezobradorista” empiece a ofrecer resultados positivos de su combate contra la criminalidad.
Los gobernadores no cooperan
En esta semana se conocerán los nombres de los gobernadores que no atienden el problema de la alta incidencia delictiva.
Así lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que hay mandatarios estatales que no asisten a las reuniones de coordinación de seguridad.
La realidad es que son pocos los gobernadores preocupados por la inseguridad que se vive en sus entidades.
La mayoría se desentienden del problema o no se aplican en su solución, con el pretexto de que el narcotráfico es delito de orden federal.
Si a lo anterior se agrega la ineptitud e incapacidad de los mandatarios estatales usted, amable lector, ya conoce los resultados.
Ahí están, por ejemplo, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, etc.
En algunas entidades las autoridades dieron por aniquilado al crimen organizado por una temporada, luego regresa con más fuerza a sus actividades. Tal es el caso de Michoacán.
En Guerrero, la inseguridad se encuentra desde sexenios pasados. El narco floreció en todas partes. En Acapulco, por lo menos 16 organizaciones criminales pelean por la plaza. Poco se le puede exigir al gobernador Héctor Astudillo.
En Tamaulipas, el estado se encuentra en violencia permanente. Sin ninguna esperanza de recuperar la seguridad.
En Guanajuato, el gobernador Sinhué Rodríguez, con un estado con problemas de violencia mayúsculos, de plano se pronunció por una intervención del gobierno estadounidense en México, para enfrentar a los cárteles de la droga.
Los gobernadores, desde la comodidad de sus oficinas, ven la espiral de violencia que afecta a México, pero ellos no moverán un dedo para enfrentar a la delincuencia.
Rosario Robles y su juicio político
Los diputados aprobaron llevar a juicio político a Rosario Robles Berlanga por presuntas irregularidades relacionadas con la llamada “estafa maestra”.
La Sección Instructora de la Cámara Baja notificó, formalmente, a la ex funcionaria, quien se encuentra en la cárcel de Santa Martha, sobre el inicio del proceso.
Rosario Robles es el primer “pez gordo” llevado a rendir cuentas por sus presuntas actividades ilegales al frente de Sedesol y Sedatu.
Según se dijo, la “estafa maestra” consistió en un sistema de 128 empresas fantasma a través de las cuales el gobierno federal desvió más de 400 millones de dólares.
En el negocio ilegal participaron dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos.
Tras la notificación, Rosario Robles corre el plazo de siete días para que comparezca ante la Sección Instructor.
Además, se abre un periodo de 30 días para que la citada Sección Instructora realice la indagatoria en torno a los presuntos delitos cometidos por la ex funcionaria.
