Bloquea Hacienda cuentas de presuntos “narcos”
Miguel Ángel Rivera miércoles 27, Nov 2019Clase Política
Ángel Rivera
Por fin, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda dio muestras de que sirve para algo más que perseguir a presuntos enemigos del régimen.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se congelaron 330 cuentas a la organización de Joaquín “El Chapo” Guzmán, como parte del esfuerzo por mermar las finanzas de los cárteles de Jalisco y Sinaloa.
El funcionario precisó que estas acciones contra los cárteles del “narco” son prioritarias de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para contribuir a la estrategia de seguridad. Tras presentar la estrategia contra el lavado de dinero de la Cuarta Transformación, Nieto informó que a la fecha se han bloqueado cuentas por un valor de 5 mil millones de pesos, de los cuales mil millones son del crimen organizado. Es decir, todavía no ocupan el primer sitio en las acciones del gobierno federal.
“Evidentemente, la delincuencia organizada es la principal amenaza en temas de lavado de dinero y está relacionada prácticamente con dos grupos de naturaleza supranacional, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación ”, dijo el funcionario federal.
Por otra parte, el titular de la IUIF señaló la necesidad de que exista una estrategia para redirigir esos recursos que se congelan a presuntos delincuentes, pues actualmente se quedan en los bancos. Dijo que se tienen identificados por lo menos ocho grupos criminales en diferentes entidades que tienen actividades delictivas específicas, que también se tienen que combatir. Mencionó como ejemplo el cártel de Santa Rosa de Lima, que roba hidrocarburos o la trata de personas en la península de Yucatán.
Nieto aceptó la propuesta del historiador Carlos Marichal de resumir dicha estrategia en “bancazos no balazos”, pues le parece que sintetiza muy bien la idea, “así tiene que ser la estrategia”, dijo.
En una ponencia que presentó en el Colegio de México, Nieto no dejó de lado sus obsesiones y se lanzó especialmente contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a quien acusó de corromper todo lo que tocaba.
Todavía no se puede desechar la “verdad histórica” acerca de los sucesos de Iguala
Al margen de las controvertidas declaraciones del presidente López Obrador acerca de la desaparición de los estudiantes normalistas que desaparecieron en Iguala, Guerrero, desde el 26 de septiembre de 2014, lo cierto es que todavía no hay indicios o testimonios que permitan desechar la llamada “verdad histórica” expuesta por el ex procurador General de la República Jesús Murillo Karam, en el sentido de que los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos cremados por un grupo delictivo que opera en esa región.
El presidente López Obrador causó revuelo al declarar que el múltiple crimen no fue una acción de estado y volvió a solicitar a quien tenga información acerca de lo sucedido en Iguala, que lo comunique a las autoridades, las cuales le aseguran su seguridad.
A lo dicho por el primer mandatario se debe agregar que su gobierno creó una fiscalía especial para investigar el caso y, además, las autoridades han ofrecido una recompensa en efectivo.
La versión de que no hay nada nuevo respecto a los graves sucesos de Iguala, fue confirmada por Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, que ayer realizaron una manifestación más por las calles de la Ciudad de México.
De la Cruz reveló que las más recientes averiguaciones del actual gobierno abarcaron la inspección de diversos sitios en cinco municipios del estado de Guerrero, pero sin que hasta la fecha se hayan logrado indicios diferentes a los ya conocidos desde el inicio de las pesquisas.
Además de esa búsqueda por tierra, las autoridades exploran otras líneas de investigación, como los datos que se conservan de los teléfonos celulares de los 43 estudiantes.
El vocero precisó que las búsquedas comprenden los municipios de Tepecoacuilco, Cocula, Huitzuco, Iguala y Taxco, sin que hasta ahora se haya encontrado algún indicio de los jóvenes atacados el 26 de septiembre de 2014.
No obstante, el representante de los padres de los desaparecidos estimó que, en términos generales, las indagatorias de las autoridades están avanzando bien, tomando en cuenta que durante el sexenio anterior prácticamente no se había hecho ninguna acción de búsqueda.
En cuanto a las declaraciones del presidente López Obrador, en el sentido de que la desaparición de los estudiantes de Ayotzianapa, ya no se puede considerar un crimen de estado, de la Cruz, dijo, que fue malinterpretado por algunos medios y subrayó que hasta el momento la actual administración ha dado muestras de voluntad política para resolver el caso.
Congreso de Nuevo León insiste en castigar a su gobernador
El Congreso de Nuevo León anunció que continuará el proceso de sanción al gobernador, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” y al secretario de gobierno, Manuel González, por haber utilizado recursos públicos para recabar apoyos de ciudadanos para su candidatura presidencial.
El procedimiento se debe a que se comprobó que en 2018, cuando el gobernador buscó llegar a la Presidencia, se usaron recursos públicos para recoger firmas. Eso incluye el uso de 572 empleados públicos y equipos del gobierno estatal empleados para conseguir las firmas necesarias para que Rodríguez lograra ser un candidato independiente por la Presidencia.
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León reveló que dará a conocer esta semana el dictamen que pondrá a votación para una posible destitución e inhabilitación de Jaime Rodríguez.
El documento filtrado a medios de comunicación establece que sólo se necesitará mayoría simple en el Congreso para determinar la sanción para “El Bronco” y su secretario General, Manuel González, por irregularidades en el proceso electoral a la Presidencia de la República en 2018. Además de la destitución, se contempla una inhabilitación por tres años para ejercer cualquier cargo público.
Previamente, el secretario Manuel González, informó por medio de un comunicado que lograron la admisión de un nuevo recurso a través del Tribunal de Justicia Administrativa del estado para detener el proceso del Congreso.
Sin embargo, el legislador priísta Francisco Cienfuegos descartó que el Congreso vaya a detener el proceso para aplicar la sanción y explicó que la Suprema Corte y el Tribunal de Justicia Administrativa no han entrado al fondo del asunto para decidir si el Congreso tiene o no la facultad para sancionar.
Causa en Común se suma a las acciones contra la “Ley Bonilla”
La organización civil Causa en Común, se sumó a las protestas contra el “albazo legislativo” en Baja California para ampliar, casi a escondidas, el periodo del nuevo gobernador de dos a cinco años, lo que popularmente se conoce como “Ley Bonilla”.
La presidenta de la mencionada organización, María Elena Morera, informó haber interpuesto un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN), en respaldo de la acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En conferencia de prensa a las afueras de la sede de la SCJN, la activista señaló que el documento, firmado por 137 ciudadanos, se basa en la figura jurídica “Amicus Curiae” (amigos de la Corte), con la que respaldan la acción de inconstitucionalidad promovida el 30 de octubre por la CNDH.
La activista sostuvo que la Ley Bonilla es ilegal, por lo cual lamenta que siga vigente y urgió a la Suprema Corte a dictaminar que se anule, pues la extensión del mandato del actual ejecutivo estatal, afecta no sólo a la entidad, sino a todo el federalismo mexicano.
Morera indicó que con su escrito apoyan el recurso de la CNDH, porque la mencionada ley vulnera los valores democráticos, como el respeto del voto, ya que el Congreso estatal suplanta la voluntad de los electores, al elegir de facto a un gobernador por tres años más, sin mediar elecciones.
Además, la activista destacó que, a 26 días del inicio del cargo de Jaime Bonilla, los ciudadanos aún reclaman la forma inconstitucional en la que éste amplió su mandato. Por último, indicó, que las demandas para que actúe la Suprema Corte tienen la intención de mandar el mensaje de que cualquier intento por debilitar a las autoridades o las instituciones, será repudiado por una sociedad civil atenta e informada.
