Sin orden de aprehensión ¿quién ordenó capturar a Ovidio?
Miguel Ángel Rivera viernes 1, Nov 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Ahora resulta que la flamante Guardia Nacional que tanto ha costado económica y políticamente a nuestro país, además de cumplir la función de policía migratoria, también sirve a los intereses de los Estados Unidos al perseguir a presuntos delincuentes requeridos por las autoridades de la Unión Americana.
Al comparecer ante la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, reveló que Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera – por el cual se generó el fallido operativo del pasado día 17, que ya se conoce como “jueves negro” – no tiene orden de aprehensión en México.
Por tanto, la acción para capturarlo y la consecuente balacera en la que murieron 17 personas, fue para cumplir una solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos.
Sin embargo, en su conferencia mañanera, la segunda convocada para tratar de llenar las lagunas informativas acerca de lo sucedido el “jueves negro”, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el operativo se haya organizado a solicitud de los Estados Unidos.
Lo mismo sostuvo Durazo Montaño en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a donde llegó arropado por los secretarios de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, de Marina, almirante José Rafael Ojeda Duran, y del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Además, negó que hubiera negociaciones con bandas del crimen organizado.
“No hay absolutamente ninguna negociación, absolutamente no. Somos un gobierno honesto, transparente y socialmente comprometido, como acaso no lo ha tenido nuestro país“, aseveró el funcionario federal, acosado por los diputados de oposición y cobijado por los legisladores de MORENA y de sus aliados del PT y PES, a los que se sumó el ahora diputado del PVEM y ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello.
Preguntas similares, formuladas por encima de los intentos de reporteros “sembrados” o “infiltrados” de desviar el rumbo de la conferencia, causaron también el disgusto del presidente López Obrador en la mañanera.
Ante la insistencia de los reporteros auténticos por llenar algunas lagunas en la información relativa a los trágicos sucesos de Culiacán, el primer mandatario invirtió los términos y criticó la tarea de los medios, al grado de compararse con el “mártir de la democracia”, el asesinado presidente Francisco I. Madero.
López Obrador retomó una expresión atribuida al hermano de Madero, Gustavo, quien también fue asesinado durante la “Decena Trágica” y se quejaba de la actuación de la prensa de ese tiempo, por lo cual dijo: “Muerden la mano de quien les quitó el bozal”.
La suposición de que el operativo para aprehender a Ovidio Guzmán fue solicitado por el gobierno de los Estados Unidos, fue desmentida también por la embajada de esa nación, que ahora encabeza Christopher Landau.
Mediante comunicado, la representación diplomática sostuvo que ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos estuvo involucrada en el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán.
“Estamos al tanto de muchos reportes falsos que circulan en medios y alegan involucramiento del gobierno estadounidense en los eventos de Culiacán del 17 de octubre. Podemos confirmar que ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos estuvo involucrada en el operativo”, afirmó la embajada.
Los lamentables acontecimientos de Culiacán fueron solamente uno de los temas que tuvo que enfrentar Durazo Montaño, pues los diputados de oposición criticaron toda la política del actual gobierno federal en materia de seguridad.
Para recordarle los altos niveles de violencia que no ha podido contener la actual administración con su política de “paz y amor”, los diputados colocaron frente al presídium un marcador que cambiaba de número en el curso de las casi seis horas que duró la comparecencia. Casi al final, el aparato marcaba la cifra 30,538, que es el total de personas asesinadas en toda la República en el curso del presente año, considerado ya el más violento.
Particularmente incisivos en contra del secretario de Seguridad fueron los diputados del PAN, que portaban carteles con preguntas que todavía no han sido respondidas y otros donde se leía: “Seguridad sin pretextos”.
La bancada del PRD se presentó con camisetas que decían: “fuchi”, “guácala”, en alusión a las expresiones del presidente López Obrador frente a la delincuencia.
Los diputados de oposición le pidieron la renuncia a Durazo Montaño, quien repitió lo que ya había dicho en ocasiones anteriores: “si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa”. También sostuvo que “esas responsabilidades ni se buscan ni se abandonan”,
Los presidentes municipales insisten en demandar más recursos
“Ayúdenme…Soy el federalismo…Aún tengo remedio…no quiero morir olvidado y sin recursos”.
Así dice un tapete colocado como parte de una ofrenda del Día de Muertos colocada frente a la sede de la Cámara de Diputados por alcalde que mantienen su movimiento para obtener más recursos para sus municipios.
La protesta fue organizada por el Movimiento Nacional Municipalista, encabezado por el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, con el fin de representar la “muerte por inanición” de los ayuntamientos ante los recortes al presupuesto federal que actualmente revisan los diputados federales.
En particular, los alcaldes solicitan más recursos para seguridad e infraestructura. Los inconformes demandaron restituir los diversos fondos del Ramo 23 para obra pública y ampliar de 3 mil a 6 mil millones de pesos el Programa de Fortalecimiento para Seguridad (Fortaseg) en el Presupuesto 2020.
Una de las demandas centrales de los alcaldes es la de ampliar la partida destinada a la compra de uniformes y chalecos policiacos, patrullas y equipamiento. Esto porque el dinero destinado a esos fines se redujo de 5 mil millones a 4 mil millones de pesos de 2018 a 2019 y para el próximo año el gobierno federal propuso recortarlo a solo 3 mil millones.
Acompañados por una banda musical, los presidentes municipales, de diversos rumbos del país gritaban: “¡Queremos presupuesto, queremos presupuesto!”
La singular protesta incluía también ataúdes de cartón pintados de negro.
Los expertos auguran poco éxito para los alcaldes, porque hay aspectos en su contra. Primero, fueron postulados por partidos de oposición y, sobre todo, en los trabajos en comisiones los diputados de MORENA, que tienen mayoría, se han negado a realizar cambios sobre la propuesta que les envió el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Hacienda.
Bonilla toma posesión hoy, ¿por dos o por cinco años?
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) negó ordenar que se suspenda la toma de posesión del nuevo gobernador de Baja California, el empresario postulado por MORENA Jaime Bonilla, quien está envuelto en un conflicto porque los diputados locales hicieron un cambio a la Constitución del estado para ampliar su mandato de dos a cinco años.
Por parte del gobierno federal parece no haber inconveniente por esta acción considerada un “albazo legislativo”, pues el presidente López Obrador envió en su representación a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.
La funcionaria federal, ex ministra de la Corte, se negó a comentar el conflicto derivado del cambio del periodo de gobierno y reiteró que la decisión será de sus ex compañeros del máximo tribunal del país.
La decisión negativa del ministro Fernando Franco González Salas ante la demanda de un partido local que lleva el mismo nombre del estado fronterizo, se refiere solamente a la posibilidad de ordenar se suspendiera la ceremonia de toma de posesión de Bonilla, pero no analizó si la reforma de los diputados bajacalifornianos tiene validez constitucional.
El ministro Franco González Salas explicó que su negativa de no implica que la acción de inconstitucionalidad impulsada por el partido político quede sin materia, ya que ésta aún continúa asegurada.
En otras palabras, no importa si Bonilla entra un funciones. En su momento, la Suprema Corte analizará la controvertida reforma a la Constitución y determinará si es válida o no. En ese momento se determinará si el nuevo mandatario estará en funciones dos o cinco años.
