Fallas en el padrón de Morena, abren las puertas a extraños
Miguel Ángel Rivera jueves 31, Oct 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
La división interna de Morena – que les genera críticas que los califican como una segunda edición del PRD – los llevó a enfrentar una situación que de ninguna manera deseaban, que su proceso de elección de nuevo presidente nacional dependa de extraños.
En este caso esos extraños son los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que se suponen que son ajenos a las ambiciones que están en juego dentro del partido que llevó al poder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esos magistrados cumplen con la obligación que le impone la Constitución, preservar que la democracia prevalezca dentro y fuera de los partidos.
Luego de los conflictos – al menos en un caso hasta balazos se registraron – que se dieron en las asambleas en donde se debían elegir los consejeros con derecho a participar en la fase final del proceso para seleccionar al dirigente nacional que sustituirá al actual primer mandatario, pues se debe recordar que dejó la presidencia de Morena para asumir la candidatura presidencial y el cargo quedó en poder de la secretaria general, Yeidckol Polevnsky, quien sigue en funciones hasta la fecha, pero intenta ser elegida para un periodo completo.
El principal problema para los “morenos” es su padrón de militantes, que no resulta confiable para nadie, sobre todo porque a raíz de su creciente fortaleza ha recibido una fuerte “cargada” de quienes desean compartir los beneficios derivados de los triunfos en las casillas.
Dentro de las mismas filas de Morena surgieron versiones acerca de la manipulación de su listado de militantes, aunque no todas las versiones van en el mismo sentido. Algunos inconformes se quejan de que el padrón fue “inflado” para favorecer a alguna de las corrientes internas y los otros, por el contrario, se quejan de un proceso de “rasurado”, como el mismo propósito de beneficiar a un grupo o candidato.
Bastaron unos minutos a los consejeros electorales para determinar que, efectivamente, el padrón no es un instrumento confiable y por lo mismo ordenaron revocar la convocatoria para la elección de la dirigencia de Morena. En consecuencia quedó sin efecto la convocatoria y todos los actos derivados de ella.
Tras llegar a esa decisión por unanimidad y sin mayor discusión, el magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera decretó un receso como respuesta a la interrupción de los militantes de Morena que calificaron de vergonzosa de resolución y acusaron al órgano jurisdiccional de haber violentado la autonomía y el derecho del partido a renovar su dirigencia.
La respuesta a esas quejas está en la ponencia preparada por el magistrado Indalfer Infante González, quien señaló que el derecho de auto organización y determinación de los partidos no tiene un carácter ilimitado y destacó, además, que el partido ha incumplido sus propios estatutos en el desarrollo del proceso de cambio de dirigencia.
La ponencia del magistrado Infante resalta asimismo que los estatutos de Morena únicamente prevén suspender el proceso de afiliación 30 días antes de que se realicen los congresos distritales, por lo cual revocó la decisión de que únicamente podrían participar en la renovación de la dirigencia quienes se hayan afiliado antes del 20 de noviembre de 2017.
De acuerdo con el dictamen del magistrado Infante, Morena tampoco cumplió con la depuración del listado de afiliados, que ellos mismos se impusieron.
Adicionalmente, los magistrados revocaron la resolución de la Comisión de Honor y Justicia del partido que autorizaba a los miembros de la actual dirigencia de Morena a reelegirse.
Las protestas surgieron principalmente de los simpatizantes de la candidata a la presidencia Bertha Luján Uranga, a quien muchos analistas dan como la más cercana al verdadero líder del partido, el presidente López Obrador, quien tiene a su hija Luisa María Alcalde Luján como secretaria del Trabajo.
En lo personal, la candidata consideró que el fallo del TEPJF resulta “históricamente terrible”, por lo cual pidió a sus simpatizantes “levantar las banderas de la autonomía”.
Esta inconformidad puede ser resultado de que el fallo de los magistrados electorales beneficia indirectamente a otros dos de los aspirantes a dirigir al partido, la mencionada secretaria general Yeidckol Polevnsky y al coordinador de los diputados federales, Mario Delgado, quienes demandan que el cargo se decida mediante encuestas, procedimiento también recomendado por AMLO.
El cuarto precandidato, el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán también se inconformó con el padrón, pero a pesar de ello está por una elección abierta.
No hay acuerdo en el Senado para nombrar titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Luego de dos rondas de votaciones, en el que ningún candidato obtuvo el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes, la directiva del Senado decidió dejar pendiente la elección de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La presidenta de la Cámara, Mónica Fernández Balboa, anunció que la tercera votación se efectuará en la sesión del martes venidero, con lo cual los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios tienen tiempo para tratar de llegar a un acuerdo.
La terna seleccionada por los propios senadores de una lista de 75 aspirantes, la integran Rosario Piedra Ibarra, el ombudsman de Oaxaca Arturo Peimbert y el ex magistrado electoral José de Jesús Orozco Henríquez. En la primera ronda de votación, Rosario Piedra obtuvo 59 votos, Orozco Henríquez, 44 – de PRI y PAN – y Arturo Peimbert, once. Además hubo cinco abstenciones.
En la segunda, Piedra Ibarra aumentó a 67 votos y Peimbert a 48, ya que PRI y PAN que habían respaldado a Orozco, en esta ocasión lo apoyaron a él.
De los tres seleccionados por los senadores el que tiene mayor trayectoria académica es Orozco Henríquez, licenciado y doctor en Derecho por la UNAM. Actualmente es investigador, profesor y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, así como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual presidió en dos periodos, y de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y magistrado de la primera Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la misma que avaló la victoria del entonces panista Felipe Calderón.
No obstante este impresionante curriculum, la mayor cantidad de votos la recibió Rosario Piedra Ibarra, quien se significó recientemente al recibir a nombre de su madre, Rosario Ibarra de Piedra, la medalla Belisario Domínguez que le confirió el Senado, presea que la defensora de los desaparecidos y perseguidos políticos dejó en depósito en poder del presidente López Obrador.
La candidata a encabezar la CNDH acompañó a su madre en la lucha por localizar a su hermano Jesús, desparecido desde 1975 y en el proceso crearon el Comité Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, más conocido simplemente como Comité Eureka. Es declarada partidaria de Morena, lo cual le regatea los votos de los partidos de oposición.
En el Senado se anticipa que Peimbert, impulsado por el PVEM, podría ser elegido si recibe el respaldo de Morena, ya que sumaría los votos del PRI y el PAN. El problema es que parte de las senadoras “morenas” está en desacuerdo. La feminista Malú Micher aseguró que han recibido “cartas y cartas” de organizaciones de mujeres en su contra.
Los diputados federales se disciplinaron y aprobaron, sin cambios, la Ley de Ingresos de la Federación para 2020, tal como la enviaron los senadores. La única adición por parte de los diputados fue un artículo transitorio, en el cual dejan abierta la posibilidad de legalizar los llamados autos “chocolate”, como lo habían aprobado inicialmente, pero en lo cual no estuvieron de acuerdo los senadores.
La modificación propuesta por Morena establece que “en un plazo de ocho meses contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables, a fin de solucionar la problemática de la posesión de vehículos importados usados localizados en territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera”.
