“Defensoría del Pueblo” en lugar dela Comisión de Derechos Humanos
Miguel Ángel Rivera lunes 28, Oct 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Si no fuera porque confundió la sesión de comisiones del Senado para elegir nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con un “casting” para una serie de televisión, Alfredo Rojas Díaz Durán hizo importantes propuestas que podrían contribuir a fortalecer ese organismo y, sobre todo, acabar con las protestas porque la defensa de los derechos humanos favorece a los delincuentes, pero no a sus víctimas.
Luego de que el jurista Luis Raúl González Pérez – quien fue uno de los fiscales especiales que investigaron el asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio – anunció que no buscará la reelección a la que tiene derecho, se inscribieron un total de 57 aspirantes a sucederlo.
La CNDH ha sido desde su nacimiento una posición codiciada por muchos especialistas, a pesar de que ha tenido muchos desencuentros, el último entre el mencionado González Pérez y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además de censurar algunas decisiones de la Comisión le hizo el vacío a su presidente cuando presentó su más reciente informe de labores.
Rojas Díaz Durán hizo una propuesta que podría terminar con las críticas en contra de la CNDH, las cuales derivan en su mayoría, como apuntamos antes, de la percepción de que su tarea beneficia más a los delincuentes que a sus víctimas. Esto se debe en gran medida a que sólo el Estado o gobierno puede ser acusado de violación a los derechos humanos y ese recurso no existe o no es válido cuando se trata de daños ocasionados por particulares.
Para contrarrestar esta laguna, Rojas Díaz Durán destacó ante los senadores la importancia de impulsar los derechos humanos en tercera generación que es el derecho que los pueblos tienen a la paz y a la soberanía y, como complemento, considerar las acciones de la delincuencia organizada como “delitos de lesa humanidad”.
La postura de Rojas Díaz Durán no es nueva. En un foro efectuado en Torreón, Coahuila, el abogado, político y activista de los derechos humanos y la paz recordó que por intermedio del diputado Gonzalo Yáñez, del PT, se presentó una iniciativa – que no ha sido dictaminada – no solo para cambiarle el nombre a la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el de Defensoría del Pueblo, y además modificar de fondo toda su estructura, para que en verdad el ciudadano encuentre respuesta a su denuncias y llamados de auxilio.
Por cierto, en las informaciones acerca de ese foro hubo equívocos que son frecuentes con este político y defensor de los derechos humanos, lo confundieron con su hermano Alejandro, quien es senador suplente del zacatecano Ricardo Monreal y, además, aspira a la presidencia de Morena.
Precisamente este vínculo fraternal es otro de los obstáculos que dificultan la llegada de Alfredo a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. En las reuniones de comisiones de Senador encargados de evaluar a las decenas de aspirantes es obligado preguntarles si tienen conflictos de intereses. Al tocarle su oportunidad, Alfredo Rojas soltó casi una carcajada y respondió: “mi hermano”.
Efectivamente, se refería a Alejandro, el que está inmerso en la lucha por arrebatarle a Yeidckol Polevnsky – la secretaria general en funciones de presidenta de Morena – la oportunidad de ser elegida para el cargo para el próximo periodo.
Aunque tiene pocas posibilidades de ser elegido presidente de la CNDH.
Rojas Díaz Durán puede influir en que se eliminen otros aspirantes. Desde que anunció que se registraría para esa posición pidió “piso parejo” en la contienda y, en particular, cero intromisión del sacerdote Alejandro Solalinde, a quien se acusa de aprovechar su cercanía con el presidente López Obrador para tratar de influir en el proceso. Los enterados sostienen que Elizabeth Lara Rodríguez es la postulada por el padre Solalinde, para suceder a Luis Raúl González Pérez, quien dejará el cargo en noviembre.
En la larga lista de aspirantes aparece María del Rosario Piedra Ibarra, hija Rosario Ibarra, quien recientemente tuvo una aparición estelar al representar a su madre en la entrega de la medalla Belisario Domínguez; el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas y Niños, Ricardo Bucio; el ex representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz Namiko Matsumoto Benítez; el ex sacerdote Alberto Athié, quien se ha significado últimamente por denunciar los abusos y la pederastia al interior de la iglesia católica; el defensor de Derechos Humanos en Oaxaca Arturo Peimbert, y el ex coordinador de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, Carlos Pérez Vázquez.
La CNDH lanza más denuncias contra funcionarios públicos.
Por si hicieran falta antecedentes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lanzó nuevas denuncias en contra de personal de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía (FGR) y del gobierno de Tamaulipas porque supuestamente incurrieron en violaciones graves a derechos humanos en agravio de 196 migrantes extranjeros cuyos cuerpos fueron hallados en abril de 2011 en 48 fosas clandestinas en San Fernando.
Como complemento, los expertos de la CNDH encontraron diversas omisiones y violaciones a los derechos de las familias de 57 mexicanos desaparecidos.
El organismo nacional documentó que personal de la extinta PGR -hoy Fiscalía General de la República- y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas cometieron graves violaciones a los derechos de acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la verdad, en agravio de los 196 migrantes y de los 57 mexicanos desaparecidos. En consecuencia, la CNDH dirigió la Recomendación por Violaciones Graves 23VG/2019 al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La CNDH encontró responsabilidad de ambas autoridades por las irregularidades en que incurrieron los Agentes del Ministerio Público, tanto de la Federación como del fuero común que estuvieron a cargo de las investigaciones ministeriales de los hechos.
Como antecedente de la investigación de los 196 migrantes, el organismo señaló que el 6 de abril de 2011 se dio a conocer en un medio de comunicación que al menos 60 cuerpos fueron encontrados en un rancho ubicado en San Fernando, Tamaulipas, por lo que en esa misma fecha dirigió medidas cautelares a la entonces PGR y a la PGJ de Tamaulipas, para preservar todo tipo de indicios que se obtuvieran con motivo de las investigaciones sobre los homicidios, así como de datos que permitieran la identificación de los cadáveres y/o restos humanos.
Además, inició de oficio expediente de queja, y para integrarlo debidamente, personal de la CNDH realizó diversas acciones y trabajos de campo y solicitó información a diferentes dependencias, pero al avanzar en sus pesquisas enfrentó obstáculos para que las autoridades le dieran a conocer toda la información de que disponían.
En particular, la CNDH se quejó de que la PGJ de Tamaulipas no atendió las solicitudes de información, mientras que la PGR, a pesar de la aparente disposición a colaborar, sus funcionarios y personal ministerial no permitieron el acceso íntegro a la indagatoria y rindieron informes incompletos, por lo que personal de Derechos Humanos tuvo que acudir múltiples veces a la PGR para consultar, transcribir, en ocasiones de forma manuscrita, y seleccionar las principales actuaciones ministeriales, además de que se le impidió el ingreso con equipo para la toma y reproducción de imágenes.
En su Recomendación, la CNDH pidió al titular de la FGR tomar las acciones necesarias para la localización de familiares y demás víctimas indirectas relacionadas con las 196 personas localizadas en fosas clandestinas en 2011; que se les brinde atención psicológica y, en su caso, tanatológica, en su lugar de origen y, además, llevar a cabo las acciones para la localización de familiares y demás víctimas indirectas por las 55 personas que continúan desaparecidas.
Al gobernador de Tamaulipas se le recomendó poner en práctica acciones para recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden público en todos los municipios del estado.
