Propone Lobo novedoso esquema en sustitución de obsoleto sistema de defensoría de oficio
Luis Muñoz jueves 17, Oct 2019Segunda vuelta
Luis Muñoz
No será tarea fácil la que enfrente el diputado Víctor Hugo Lobo Román, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, pero tiene la firme convicción de que podrá romper inercias y vicios del pasado para sustituir el obsoleto, arcaico e inoperante sistema de defensoría de oficio por un novedoso esquema de protección jurídica independiente y autónomo del poder judicial, con recursos financieros suficientes para garantizar un sistema de protección legal, profesional, eficiente y gratuito para todos los capitalinos.
Ya en el pasado se hicieron intentos por cambiar la dramática situación de mujeres y hombres encarcelados injustamente; individuos a los cuales su precaria situación económica los ha llevado a purgar condenas por delitos menores o que no cometieron, y que por el sólo hecho de ser pobres fueron presas de abogados sin escrúpulos y perdieron patrimonio y libertad.
En la actualidad, dijo el diputado Lobo Román, “sólo quienes cuentan con los recursos económicos pueden contratar un despacho de abogados que los protege, sin embargo la mayoría de los ciudadanos, prácticamente se encuentra en estado de indefensión y en muchos casos son encarcelados a pesar de ser inocentes de los cargos que se les imputan”.
Legisladores, académicos, jueces, abogados y ciudadanos en general, han coincidido en que no puede alcanzarse el pleno desarrollo de nuestra democracia mientras no se asegure a los ciudadanos más desprotegidos una adecuada defensa legal que les permitiera la salvaguarda de su persona o de su patrimonio.
Hacia ese propósito va encaminada la iniciativa del diputado perredista, quien sostiene que “el Estado no ha podido cumplir esa obligación que establece la ley para garantizar a todos los ciudadanos una justicia pronta y expedita, y por el contrario los enfrenta a un sistema caduco, corrupto y obsoleto que atrapa a quienes carecen de recursos, y exonera a quienes cuentan con los medios para pasar por encima de la ley”.
La propuesta incluye 10 capítulos, 50 artículos y 7 transitorios y tiene como objetivo fortalecer el sistema de defensoría legal, para lo cual se propone la creación del Instituto de la Defensoría Pública que contará con autonomía técnica, financiera y de gestión para garantizar su total independencia.
Cabe destacar que contar con una verdadera y eficaz defensoría pública o de oficio, entendida como aquella que el Estado tiene el deber de proporcionar, cobra especial relevancia en una realidad como la nuestra, con su marcada diferenciación social y graves problemas económicos, en donde la oportunidad de contar con los servicios de abogados particulares resulta para la mayoría imposible.
Un aspecto importante es que además se propone que el salario del profesional que lleve a cabo la defensa, no podrá ser menor al que corresponde a un ministerio público, y el titular del Instituto de Defensoría Pública será electo cada cuatro años por un Consejo Ciudadano mediante concurso público.
Con estas acciones, apuntó el legislador, se garantizan las obligaciones constitucionales, las condiciones en las que funcionará el instituto y lo más importante coadyuvará a que se profesionalice el servicio público de defensa.
Con todo ello se dignificará la labor del defensor público de oficio, dándole el justo peso salarial y coadyuva a establecer un régimen de equidad y justicia al actuar de estos servidores.
Por otra parte, destacó que el actual sistema penitenciario capitalino representa un gasto superior a los 5 mil millones de pesos y se estima que más de 10 mil personas truncan su proyecto de vida, sin posibilidades de obtener su libertad por falta de recursos para defenderse.
