Calles y caminos son de los delincuentes
Miguel Ángel Rivera martes 15, Oct 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Casi al mismo tiempo que el secretario federal de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informaba que se había alcanzado un punto en que empezaba a cambiar la tendencia ascendente en las estadísticas de violencia, un terrible atentado vino a evidenciar que las calles y los caminos son coto de caza de la delincuencia organizada.
En la localidad de El Aguaje, municipio de Aguililla, Michoacán, un grupo armado atacó un destacamento de la policía estatal y asesinó a 13 policías (algunas versiones hablan de 14) e hirió a otros tres o cuatro.
La emboscada fue aparentemente sin motivo (¿hay alguna razón para justificar un ataque masivo como este?), pues según informes del gobierno de Michoacán, los agentes iban a cumplir una orden de presentación de una mujer para un caso de violencia doméstica.
El ataque se atribuye al Cártel de Jalisco Nueva Generación y los hechos hacen suponer que su propósito es demostrar que ni las autoridades pueden entrar en su territorio, sin su autorización.
Aguililla es uno de los municipios de Michoacán en donde nacieron las llamadas autodefensas que, supuestamente, tomaron las armas para cuidar la seguridad de sus vecinos y sus propiedades amenazadas por los grupos de delincuentes nacidos a partir del narcotráfico, pero por lo que se aprecia, ya no tienen fuerza o cambiaron de bando.
Eso que en octubre de 2014, hace cinco años, uno de sus dirigentes, Jorge Vázquez Valencia, anunció que “las autodefensas legítimas del estado de Michoacán nos hemos levantado nuevamente en armas”.
En su reporte acerca del estado de la seguridad pública en México, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sostuvo que si bien la reducción de la incidencia delictiva es marginal, lo relevante es que se ha logrado un punto de inflexión en la tendencia creciente que tenía el país.
Por fortuna para él, Durazo tuvo el cuidado de advertir que los resultados alcanzados no son para presumir y, como es costumbre en la “Cuarta Transformación”, aprovechó para culpar de todos los males a las pasadas administraciones.
El titular de Seguridad Pública sostuvo que la herencia que dejaron los pasados sexenios es una “crisis de inseguridad crónica” que arrojó, por ejemplo, que en el 2018 se hayan registrado 33 millones de delitos que afectaron a 25 millones de personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Durazo también destacó que hay un alto nivel de impunidad y se estima que la cifra negra, es decir los delitos que no se reportan, asciende al 93.2 por ciento, por lo que actualmente la probabilidad de que un delito que se denuncie sea esclarecido es de 1.14 por ciento.
En particular, en relación con el homicidio doloso en México destacó que se registró una reducción en la tasa de crecimiento en su incidencia, pues mientras en 2016 fue de 2.8 por ciento, en 2017 de 1.9 por ciento, en 2018 de 0.8 por ciento y en este año se ubicó en 0.4 por ciento el crecimiento de los homicidios. No obstante, reconoció que en junio pasado se registraron 2 mil 989, la cifra más elevada de la historia.
En esa conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la seguridad es la principal preocupación de su gobierno, en aras de garantizar la paz y tranquilidad de todos los mexicanos.
Para la próxima conferencia en materia de seguridad habría que preguntarle al primer mandatario si los asesinos de policías en Aguililla se podrán acoger a la Ley de Amnistía que actualmente se discute en el Congreso o si bastará con acusarlos con sus madres y sus abuelos para que los regañen.
También habrá que preguntarle por la suerte que tendrán las vidas y las decenas de niños que quedaron huérfanos al perder a sus padres policías que, también, son parte del “pueblo sabio” al que el presidente de la República dice dedicar sus afanes.
El panorama económico empeora
La violencia en Aguililla no fue la única mala noticia ayer para el gobierno federal. También siguen los malos vaticinios acerca del crecimiento económico, los cuales resultan mucho más negativos en momentos en que se discute el paquete económico para el año venidero y escasean los recursos para cumplir todos los compromisos del presidente López Obrador.
La poco estimada en medios oficiales empresa calificadora Moody’s recortó las expectativas de crecimiento económico de este año para México de 0.5 a 0.2 por ciento, mientras para 2020 se redujeron de 1.5 a 1.3 por ciento.
El principal argumento para este cambio es el estimado descenso en el consumo privado y la inversión. En su reporte, Moody’s señaló, también, que el marco político en el país se debilita, por lo cual mantuvo en “negativa” la perspectiva de calificación del país, pues es debilitamiento del marco político tiene implicaciones negativas para el crecimiento y la deuda.
“La formulación de políticas inconsistentes y los mensajes contradictorios están socavando la confianza de los inversionistas y las perspectivas económicas a medio plazo”.
Un aspecto positivo consiste en que la empresa especializada manifestó confiar en que la inversión se estabilice en 2020, como consecuencia de que el sector privado se acostumbre al nuevo entorno político. Además, estimó una recuperación en la inversión pública y el consumo del gobierno a medida que se normalice la curva de aprendizaje de la administración.
En materia económica se debe poner mucha atención en el anuncio de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investiga a Bank of America, BBVA, JP Morgan, Citibanamex, Santander México, Barclays y Deutsche Bank por presuntas prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos.
Según el Dictamen de la autoridad investigadora de la Cofece, se emplaza a las siete instituciones por arreglos encubiertos con el objeto o efecto de manipular el precio de los valores de deuda o establecer obligaciones para no comercializar o adquirir una parte de estos.
En caso de comprobarse conductas ilícitas, los agentes económicos podrían ser sancionados con multas de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica.
Sigue la mascarada en Baja California
Aparte de sus evidentes fallas para respetar el debido proceso en materia legislativa y electoral, los diputados de Baja California evidenciaron deficiencias en aritmética simple. Esto porque tardaron más de lo estimado en contar los votos de los escasos ciudadanos que acudieron a votar para opinar si se amplia o no el periodo del próximo gobernador de dos a cinco años.
Tal vez la idea de la demora es dar la apariencia de que son muchos los votos que tuvieron que contar, pero los reportes de los medios de comunicación insisten en señalar que en algunas de las 200 casillas instaladas se reunieron menos de cien boletas.
Además, los especialistas insisten en que no hubo controles y que las preguntas fueron inducidas, precisamente para favorecer la respuesta a favor de ampliar el periodo de gobierno.
Precisamente por ello, los primeros reportes extraoficiales indicaban que hubo una amplia respuesta, superior al 70 por ciento, a favor de que el siguiente gobernador ejerza el poder durante cinco años y no sólo dos.
En consecuencia, se reforzaron las versiones de que este asunto de la llamada “Ley Bonilla” se resolverá finalmente en la Suprema Corte de Justicia.
El detalle que falta es la promulgación de la reforma constitucional aprobada en la anterior legislatura y que hasta ahora no se ha publicado y por lo tanto resulta “inexistente”
Esto lo confirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien restó importancia a la llamada “consulta popular” organizada por los actuales diputados..
Al participar en un foro con representantes de Centros de Refugio para Mujeres, la funcionaria reafirmó que mientras la reforma a la Constitución de Baja California (conocida popularmente como “Ley Bonilla) no se publique, no tiene ningún valor jurídico.
La ex ministro de la Suprema Corte aclaró que precisamente por esta falta de valor jurídico no han procedido las demandas de inconstitucionalidad interpuestas ante el máximo tribunal del país.
Los ministros no pueden juzgar algo que no existe.
