“Si se portan mal, los acuso con sus mamás (si las tienen)”
Miguel Ángel Rivera jueves 3, Oct 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
La picardía mexicana hace obligada la pregunta: ¿Y los que no tienen?
La duda surge de la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que va a “acusar” con sus madres (también con sus padres y abuelos) a los jóvenes encapuchados que se dicen “anarcos” o “anarquistas” y se dedican a generar violencia durante manifestaciones públicas.
La más reciente aparición de esos grupos fue el pasado día 26, cuando se cumplían cinco años de la desaparición de 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa y, antes, durante una marcha de organizaciones feministas contra la violencia en agravio de las mujeres.
Se temía que repitieran sus tropelías ayer, cuando se esperaba el desfile de numerosos contingentes con motivo del 51 aniversario de los sucesos violentos del 2 de octubre.
Tanto era el temor que en el trayecto de Paseo de la Reforma al Zócalo capitalino se “blindaron” edificios públicos y particulares, para evitar estropicios por parte de los “narcos”.
Como remate de tantas precauciones, vino la amenaza presidencial: “si se portan mal, los acuso con sus mamás”.
Advirtió a quienes participaran en las marchas tener cuidado pues podría acusarlos con sus mamás, papás y abuelos, quienes seguramente no están de acuerdo con lo que hacen como vandalizar comercios, inmuebles y recintos públicos.
“Estoy seguro que ellos no están de acuerdo, me dejo de llamar Andrés Manuel, estoy seguro que los ven o los verían como malcriados, que no deben de andar haciendo eso, les darían hasta sus jalones de orejas, sus zapes”.
Aquí el primer mandatario se metió en terreno difícil, porque cualquier psicólogo moderno podría reconvenirlo por lo de los jalones de orejas y los zapes, pues eso es violencia, doméstica, pero violencia al fin.
Pero la amenaza de acusarlos con sus parientes no fue suficiente.
Un grupo de encapuchados mantuvo bloqueada la circulación en las inmediaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en el sur de la ciudad.
Con llantas incendiadas, el grupo de encapuchados armado con palos y latas de aerosol, provocó el cierre a la circulación de avenida Periférico, por un lapso de poco más de 10 minutos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llegaron al sitio, pero sólo para sofocar las llamas con extintores.
Los jóvenes, alrededor de 90, cruzaron el Periférico para dirigirse a Ciudad Universitaria a fin de tratar de reunirse con otros contingentes.
Por la tarde, cuando el contingente principal de manifestantes por el 2 de octubre salía de Tlatelolco, apareció otro grupo de encapuchados, que hicieron pintas en el bajopuente de Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas durante la marcha conmemorativa por los 51 años de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco.
Los “anarcos” también reptieron los ataques contra los representantes de los medios, esta vez un camarógrafo de Imagen Televisión.
Otros indicentes, de mayores dimensiones, se registraron en las inmediaciones del Zócalo capitalino, principalmente sobre la avenida 5 de Mayo, donde policías capitalinos “encapsularon” a un contingente de encapuchados, que respondieron con piedras, palos, bombas molotov, cohetones y antorchas. Para no variar, uno de sus objetivos fueron los representantes de los medios de comunicación.
Los primeros informes hablan de algunos heridos, pero sin precisar el número, así como también de algunos individuos detenidos, pero no hay tampoco confirmación oficial.
¿Punto final a la Ley Bonilla?
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó ayer la elección de Jaime Bonilla Valdez a la gubernatura de Baja California.
La máxima instancia en materia electoral aclaró que la elección del candidato de Morena – que puso fin a un dominio de 30 años del PAN en Baja California – fue para un periodo de dos años y con ello se considera desechada la ampliación del mandato a cinco años, aprobada previamente por el Congreso Local.
En consecuencia, el gobernador electo, el empresario Jaime Bonilla, rendirá protesta el próximo 1 de noviembre y dejará sus funciones el 31 de octubre de 2021, como estaba establecido originalmente en el Decreto 112 del Poder Legislativo local de esa entidad.
La decisión de los magistrados electorales fue por unanimidad y sin discusión, a partir del proyecto presentado por el magistrado presidente, Felipe Fuentes Barrera.
Los fallos del TEPJF son inapelables y, en materia electoral, no hay ninguna autoridad superior. Sin embargo, habrá que esperar la reacción del Congreso de Baja California, dominado ampliamente por Morena, que ganó todos los distritos de mayoría (17), que ha reclamado respeto a la autonomía del estado, pero hasta ahora no se ha atrevido a promulgar la reforma constitucional aprobada por sus antecesores.
Algunos analistas bajacalifornianos suponen que se trata de una “chicana” y que esa reforma, que amplía el periodo para el próximo gobernador de dos a cinco años, será promulgada horas antes de la transmisión del poder, para no dejar tiempo para que los inconformes impugnen la modificación ante la Suprema Corte de Justicia, con lo cual se daría vuelta a lo determinado por el TEPJF.
Al conocer el fallo del Tribunal Electoral, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aplaudió la “consistencia” de los magistrados al confirmar que el gobierno en BC será de sólo dos años.
La corrupción en México en el sector agua es preocupante. Su existencia favorece la sobreexplotación y contaminación del líquido; afecta a los ecosistemas y a la población; y evita que se garantice el derecho humano a un medio ambiente sano, a la salud y el acceso al agua potable y saneamiento.
Corrupción afecta hasta el agua en México
La corrupción en México en el sector agua es preocupante. Su existencia favorece la sobreexplotación y contaminación del líquido; afecta a los ecosistemas y a la población; y evita que se garantice el derecho humano a un medio ambiente sano, a la salud y el acceso al agua potable y saneamiento.
En el estudio «Corrupción en el Sector Agua en México. ¿Quién es responsable de la crisis?» de Ethos Laboratorio Políticas Públicas, los investigadores Rodrigo Bolaños, Dalia Toledo y Cuauhtémoc Osorno, revelan cómo se da la corrupción en el manejo del agua en México y quiénes están involucrados.
El estudio explora seis áreas de riesgo de corrupción: el otorgamiento de los permisos para poder extraer y hacer uso de las aguas de la nación (concesiones); la regulación de las aguas de desecho; el funcionamiento de los organismos encargados de llevar agua a cada hogar (organismos operadores); los factores detrás del robo de agua (tomas clandestinas); las obras hidráulicas y la generación y publicación de datos.
El estudio de Ethos revela que entre abril de 2015 y diciembre de 2018 se otorgaron al menos 77 concesiones en cuerpos sobreexplotados y estas, en su mayoría, fueron para usos diferentes al consumo humano.
Además, las concesiones se otorgan con información inadecuada (incompleta, inoportuna e incorrecta), sin seguir los procedimientos debidos y sin la visión de garantizar la sustentabilidad de los recursos hídricos.
El estudio indica asimismo que tres de cada cinco cuerpos de agua superficial en México tienen algún grado de incumplimiento en los parámetros para medir su calidad. En aguas subterráneas, son uno de cada dos. Incluso, el INEGI estima que los costos por el daño ambiental ocasionados por la contaminación son de 41.5 mil mdp.
Existen diversas causas de la corrupción en este aspecto. La falta de supervisión es una de las principales. A pesar de eso, tanto la Conagua como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han sufrido recortes en su presupuesto a poco más de la mitad, 53 y 55 por ciento, respectivamente, entre 2012 y 2019. Además, la Conagua sólo cuenta con 149 inspectores para revisar más de 500 mil títulos.
En los casos en que se puede llevar a cabo la inspección, se encontró que las industrias sobornan a los inspectores hasta con el 20 por ciento del valor de la “multa evitada”.
Los investigadores apuntan que la corrupción en los organismos operadores de agua tiene consecuencias directas en el bienestar de las personas, ya que son ellos los que se encargan de proveer el líquido a la población.
