¿Amenaza conflicto por el agua?
Luis Muñoz miércoles 2, Oct 2019Segunda vuelta
Luis Muñoz
Nadie ignora que el agua es un recurso que, conforme se agota, se vuelve un problema grave, incluso hay quienes advierten que podría convertirse en el foco del mayor conflicto geopolítico de este siglo.
Sin embargo, dado que es el líquido más abundante en la tierra, representa el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida. Por lo tanto, el agua puede ser considerada como un recurso renovable cuando se controla cuidadosamente su uso.
Los estragos del cambio climático, la falta de prioridad política, las incapacidades gubernamentales y las desigualdades han hecho que ahora el punto de mira esté en el agua. Por si no bastara lo anterior, habrá que añadir el fenómeno de la corrupción en lo que concierne al agua.
Al respecto, los investigadores Rodrigo Bolaños, Dalia Toledo y Cuauhtémoc Osorno, revelan cómo se da la corrupción en el manejo del agua en México y quiénes están involucrados.
A detalle explican que la corrupción es preocupante porque su existencia favorece la sobreexplotación y contaminación del líquido, afecta a los ecosistemas y a la población, y evita que se garantice el derecho humano a un medio ambiente sano, a la salud y el acceso al agua potable y saneamiento.
El estudio “Corrupción en el Sector Agua en México. ¿Quién es responsable de la crisis?”, de Ethos Laboratorio Políticas Públicas, explora seis áreas de riesgo de corrupción: el otorgamiento de los permisos para poder extraer y hacer uso de las aguas de la nación (concesiones); la regulación de las aguas de desecho; el funcionamiento de los organismos encargados de llevar agua a cada hogar (organismos operadores); los factores detrás del robo de agua (tomas clandestinas); las obras hidráulicas, y la generación y publicación de datos.
En cuanto a las concesiones señalan que entre abril de 2015 y diciembre de 2018 se otorgaron al menos 776 concesiones en cuerpos sobreexplotados y estas, en su mayoría, fueron para usos diferentes al consumo humano.
Además, las concesiones se otorgan con información inadecuada (incompleta, inoportuna e incorrecta), sin seguir los procedimientos debidos y sin la visión de garantizar la sustentabilidad de los recursos hídricos.
Aseguran que tres de cada cinco cuerpos de agua superficial en México tienen algún grado de incumplimiento en los parámetros para medir su calidad.
El INEGI estima que los costos por el daño ambiental ocasionados por la contaminación son de 41.5 mil millones de pesos.
De acuerdo con el estudio existen diversas causas de la corrupción en este aspecto.
La falta de supervisión es una de las principales. A pesar de eso, tanto la Conagua como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han sufrido recortes en su presupuesto a poco más de la mitad, 53 y 55%, respectivamente, entre 2012 y 2019.
La Conagua sólo cuenta con 149 inspectores para revisar más de 500 mil títulos.
Dice también que la corrupción en los organismos operadores de agua tiene consecuencias directas en el bienestar de las personas, ya que son ellos los que se encargan de proveer el líquido a la población.
Existen alrededor de 2,688 a nivel municipal, intermunicipal o estatal. No obstante, debido a su mala gestión, actualmente 3 de cada 10 hogares no cuentan con agua diariamente y 3 de 4 personas considera que el agua no es sana para beberse. En cuanto a las tomas clandestinas, los investigadores precisan que la situación es grave, pues de 2012 a 2018 la Conagua encontró 2,280. A ello se suma la incertidumbre sobre cuánta agua se extrae de éstos ya que la mayoría se localizan en áreas sobreexplotadas. Otro eslabón de la cadena de corrupción en materia de agua, son las obras hidráulicas que se realizan para que el vital líquido pueda ser captado, almacenado y utilizado para diferentes fines.
Alertan sobre disturbios partiendo de los antecedentes más recientes, en los que grupos de encapuchados dieron rienda suelta a su vandalismo, el coordinador del PRD en el Congreso de la CDMX, diputado Víctor Hugo Lobo Román, le solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana aplicar los protocolos de seguridad durante las celebraciones este día, con el propósito de garantizar el estado de derecho, la seguridad de los ciudadanos, la propiedad privada y la integridad de los comunicadores.
“No queremos, dijo, que se repita lo que sucedió el pasado 26 de septiembre, cuando un grupo de “encapuchados” causó daños por más de 25 millones de pesos y afectaciones a más de 70 inmuebles, incluidos 15 catalogados como patrimonio histórico.
Aclaró que no se trata de reprimir a los manifestantes y mucho menos violar sus derechos de libre expresión, sino de garantizar que las movilizaciones se desarrollen en un clima de tranquilidad, sin afectar a terceros ni daños al patrimonio histórico de los mexicanos, como ocurrió durante las dos recientes movilizaciones de agosto y septiembre, cuando un grupo de sujetos trepó a los monumentos ubicados sobre Reforma, causando severos daños.
Lobo Román dijo que esto lo único que ocasiona es una imagen negativa de la ciudad y afecta al turismo nacional e internacional que visita el país y la capital.
