Con resistencias, llegó el fin de la Policía Federal
Miguel Ángel Rivera martes 1, Oct 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Con antecedentes que se remontan al 6 de abril de 1925, cuando nació como Comisión Nacional de Caminos, la Policía Federal (PF) dejará de existir oficialmente a partir de hoy, primer día de octubre, con la transferencia de sus recursos humanos, materiales y financieros a la Guardia Nacional (GN).
En el curso de 94 años, en los que tuvo diversos nombres, el más conocido como Policía Federal de Caminos, este selecto cuerpo policiaco nació propiamente el 4 de enero de 1999, en la parte final del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León cuando se convirtió en la Policía Federal Preventiva (PFP), adscrita a la Secretaría de Gobernación.
Al año siguiente, fue asignada a la recién creada Secretaría de Seguridad Pública y, durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, el 1 de junio de 2009, se publicó la ley que la convirtió simplemente en la Policía Federal (PF), dotada de facultades para realizar investigación preventiva y colaborar con la Procuraduría General de la República y de auxiliar a las policías estatales y municipales.
En diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto fue electo presidente, se tomó la decisión de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública para dar paso a la creación de la Comisión Nacional de Seguridad, vinculada entonces la Policía Federal como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
A la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que trata de romper con todo el pasado, en particular la etapa del llamado neoliberalismo, nació la Guardia Nacional (GN).
El rompimiento con el indeseado pretérito, sin embargo, no ha sido fácil, ni puede darse por concluido.
Primero fue necesario un intenso trabajo legislativo para superarlas reticencias de la oposición y de organismos de la sociedad civil a los que desagrada la “militarización” de la GN y, luego, en la práctica, una inusitada resistencia de los integrantes de la PF que no están dispuestos a pasar a la Guardia, por su régimen militarizado y por considerar que pierden, antigüedad, prestaciones y hasta salario.
Todavía ayer, un grupo de aproximadamente 50 elementos de la Policía Federal (PF), se plantó ante la Torre Pedregal, que fue sede central de su corporación, para confirmar su negativa al traslado.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desplegó un operativo para evitar cualquier bloqueo sobre el Periférico Sur.
No fue necesario ningún esfuerzo adicional, pues los federales se limitaron a pedir ser recibidos para entregar su petición, sin intentar interrumpir el tránsito.
En los lineamientos publicados ayer en el Diario Oficial para el traspaso de personal y materiales de la PF a la GN, hay un punto en el que se estipula que los ex federales que no quieran pasar a la GN, serán automáticamente adscritos al Servicio de Protección Federal, que también depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El mismo documento precisa que el personal que acepte el cambio conservará su antigüedad, prestaciones y salario de acuerdo con el tabulador de carrera.
Este acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, este martes 1 de octubre, y está firmado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alonso Durazo Montaño, a quien le ha tocado lidiar con los inconformes.
Tolerancia, propone el gobierno; justicia, piden los empresarios
Los policías federales rebeldes han podido hacer sus manifestaciones callejeras gracias a la política de tolerancia de los gobiernos federal y capitalino, que mantienen la premisa de “no reprimir”, aunque se trate de grupos violentos como los encapuchados que han aparecido en manifestaciones de feministas y de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Igual hace cinco años.
Todavía ayer, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador se limitó a pedir a quienes participen mañana en las tradicionales protestas por el aniversario del 2 de octubre de 1968, que “aíslen” a los violentos encapuchados.
El primer mandatario advirtió que habrá vigilancia para resguardar monumentos históricos y comercios y pidió a los ciudadanos respaldar el plan de seguridad que pondrá en práctica la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con la finalidad de proteger la ciudad sin represión.
Les adelanto, reafirmó el primer mandatario, no vamos a caer en ninguna provocación. Nada de dar excusas a quienes buscan eso.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que para el 2 de octubre se organiza un cinturón de paz formado por autoridades, policías y civiles, a fin de evitar violencia y provocación en la marcha para conmemorar el 51 Aniversario de la represión al Movimiento Estudiantil de 1968.
Aclaró en que la policía tendrá la actuación que le corresponde en estos casos, sin embargo, también los civiles protegerán la marcha.
“Hago un llamado a los asistentes a la movilización para que se manifiesten pacíficamente, que no permitan que haya infiltraciones, por nuestra parte, haremos un despliegue de lo que llamamos un cinturón de paz alrededor de los manifestantes, integrado por civiles y compañeros del gobierno, ya lo estamos preparando”, dijo Sheinbaum.
En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) condenó los hechos violentos contra la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, durante la pasada manifestación de los padres de normalistas desaparecidos y demandó a las autoridades dejar la pasividad y frenar los actos vandálicos.
El organismo presidido por Gustavo de Hoyos mostró su respaldo y solidaridad con la Canaco capitalina y exigió al gobierno local castigar a los responsables de estos actos vandálicos.
“Estos episodios no solo han afectado a la ciudadanía, sino que han ocasionado serios daños a tiendas, restaurantes y hoteles, lo mismo que a edificios habitacionales, oficinas y monumentos históricos.
Se necesita que las autoridades correspondientes dejen los comportamientos de pasividad y busquen frenar las manifestaciones vandálicas y violentas, siempre en el marco de la ley y respetando los derechos humanos”, aseveró.
“Hoy, más que nunca, exigimos a los gobiernos de los tres niveles, que actúen coordinadamente para asegurar condiciones de paz y seguridad; esto sin que los ciudadanos tengan que renunciar a sus derechos para defender y manifestarse en favor de sus causas”, añadió el comunicado de Coparmex.
Inician los preparativos para las elecciones de 2020
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2019-2020, con lo cual se hecho inicia el proceso para las elecciones programadas para el 7 junio de 2020 en Coahuila e Hidalgo.
En sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, Marco Antonio Baños Martínez, explicó que en las dos entidades en las que se elegirán 109 cargos, hay 4.9 millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos en las listas nominales de electores y se podrían instalar 7 mil 830 casillas.
En Coahuila, donde el proceso electoral iniciará el 1 de enero del 2020, se renovará el Congreso local, por lo que se elegirá a 25 legisladores: 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional; mientras que, en Hidalgo, los preliminares inician el 15 de diciembre y se elegirá a los representantes de 84 ayuntamientos.
Dos Bocas ya cumplió con todo, aseguró Nahle García
La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, rechazó que haya resistencias en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, pues se cumplió con todo, además de que se cuenta con los estudios correspondientes.
Se dispone de la llamada “Ley Garrote”, aprobada por el Congreso del estado para limitar las protestas contra las obras públicas.
La funcionaria federal hizo la declaración luego de una reunión privada con el presidente López Obrador, en la que participaron el empresario Carlos Slim, así como los titulares del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, y del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, además del encargado del proyecto del Tren Maya, Rogelio Jiménez Pons, y el asesor presidencial para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, José María Riobóo.
