El Estado debe mantener el orden público
Miguel Ángel Rivera lunes 23, Sep 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
“Sus asesinos y quienes armaron sus manos y envenenaron sus mentes merecen el más enérgico de los castigos, es una verdad irrebatible.
«Pero no es esto lo que preocupa a nuestra ciudad. Lo que alarma no es tan sólo lo que hicieron, sino por qué pudieron hacerlo.
«La respuesta es muy sencilla, aunque a la vez amarga y dolorosa: sólo se puede actuar impunemente cuando se ha perdido el respeto a la autoridad; cuando el Estado deja de mantener el orden público; cuando no tan sólo se deja que tengan libre cauce a las más negativas ideologías, sino que además se les permite que cosechen sus frutos negativos de odio, destrucción y muerte.
«Cuando se ha propiciado desde el poder a base de declaraciones y discursos el ataque reiterado al sector privado, del cual formaba parte destacada el occiso, sin otra finalidad aparente que fomentar la división y el odio entre las clases sociales.
«Es duro decir lo anterior, pero creemos que es una realidad que salta a la vista. Por doquier vemos el desorden instituido que casi parece desembocar en la anarquía, se suceden los choques sangrientos; las Universidades se encuentran convertidas en tierra de nadie; se otorgan mayores garantías al delincuente común que al ciudadano pacífico que se ve sujeto a atentados dinamiteros, asaltos bancarios, destrucción y muerte, eso es lo que los medios de comunicación nos informan cada día, cuando no tenemos que sufrirlos en carne propia o en la de familiares o amigos.
Y a todo esto no se le pone remedio en la medida del daño que causa”.
Los anteriores párrafos, que parecen tan actuales, fueron tomados del discurso fúnebre pronunciado por el abogado Ricardo Margáin Zozaya, durante el sepelio del empresario neoleonés Eugenio Garza Sada, ante el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, quien sostenía un intenso enfretamiento contra el sector empresarial de Nuevo León y de todo el país. Era el ya lejano año de 1973.
Este episodio –que causó revuelo en todo el país porque por primera ocasión se manifestaban públicamente desacuerdos del sector empresarial con el todopoderoso presidente de la República–, adquirió actualidad por la ocurrencia del historiador Pedro Salmerón de definir como valientes a los jóvenes integrantes de un comando guerrillero que intentó secuestrar al patriarca empresarial quien, a final de cuentas, resultó asesinado.
A Salmerón su calificativo le costó el cargo de director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, pero además puso en evidencia los desacuerdos en el área de ciencia y cultura del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”, pues su relevo, Felipe Ávila Espinosa, recibió acusaciones de haber violado su condición de investigador de tiempo completo de la UNAM, al desempeñar al mismo tiempo otros cargos remunerados.
Esto es uno de los asuntos que se acumulan en el escritorio de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.
Fuera del ámbito estrictamente académico, la referencia al asesinato del empresario Garza Sada –fundador del afamado Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) – lleva a revivir la llamada “guerra sucia”, con la cual el gobierno mexicano combatió a las organizaciones guerrilleras que surgieron en diversas partes de la República, muchos de cuyos integrantes “desaparecieron” luego de ser aprehendidos por cuerpos de seguridad.
Uno de esos “desaparecidos” fue Jesús Piedra Ibarra, presunto miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre, la misma organización que preparó el secuestro del empresario Garza Sada. Fue detenido casi dos años después, acusado al parecer del homicidio de un policía.
El joven se volvió famoso por su madre, Rosario Ibarra de Piedra, quien se dedicó de tiempo completo a buscarlo, para lo cual persiguió a funcionarios de todos los niveles, incluidos presidentes de la República para obtener información del paradero de su hijo.
En su peregrinar, doña Rosario se encontró con otros padres que buscaban parientes igualmente “desaparecidos”. De ese acercamiento nació el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México.
Con el buen humor que siempre la ha distinguido, doña Rosario, ahora de más de 90 años, refiere que ese largo título a todo mundo se le olvidaba y nadie escribía bien, por eso le cambiaron a Eureka, la expresión obligada cada vez que localizaban a uno de los desaparecidos.
En total, Eureka localizó a 148 desaparecidos, muchos de los cuales dieron testimonio de haber visto a los todavía no encontrados. Por eso, asumieron el grito de guerra: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
Los conflictos entre académicos
Líneas arriba señalamos que en los días recientes la atención pública se ha concentrado en instituciones académicas, no por sus logros, sino por conflictos entre sus integrantes y, con ello, se acumulan los problemas para la secretaria de Cultura, aunque en ese caso, el asunto le corresponde directamente a la titular de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.
Este otro conflicto en marcha es por la destitució del científico e investigador emérito de la UNAM, Antonio Lazcano Araujo de su cargo como miembro de la Comisión Dictaminadora del Área II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
El destacado investigador y miembro de El Colegio Nacional recibió la noticia de su despido mediante un correo electrónico sin firma, pero que procedía del titular del sistema, Mario De Leo-Winkler.
Como antecedente, cabe recordar que De Leo-Winkler ha sido criticado por Lazcano por su falta de experiencia en el SIN, pues antes de su nombramiento durante la 4T ni siquiera formaba parte de ese organismo, al grado de que en una carta pública incluso le recomendó su renuncia.
Lazcano, además, tiene en su contra a la titular de Conacyt, debido a que en un artículo que envió a la revista “Science” comentara la preocupante situación de ciencia mexicana, el autoritarismo y corta visión de Álvarez-Buylla, que le respondió con otro artículo en la misma publicación.
El motivo para la destitución de Lazcano fue su ausencia de una reunión plenaria. Esto de acuerdo con el artículo 13, inciso “D” de los Lineamientos de las Comisiones Dictaminadoras y Comisiones Transversales del SNI, donde se establece que sus miembros ‘perderán su condición por dejar de asistir sin causa justificada a reuniones plenarias’.
Como siempre, en el actual régimen se culpó a las anteriores administraciones, pues el comunicado hecho público por Lazcano, sostiene que “con la finalidad de evitar impunidad y la laxitud de administraciones pasadas, la Dirección del SNI debe cumplir con la normatividad vigente y remover su nombramiento como miembro de la comisión Dictaminadora del Área II: Biología y Química.
Eso sí, se dejó en claro un agradecimiento al prominente científico, pues “el SNI agradece enormemente su tiempo, la dedicación y labor que realizó en las comisiones dictaminadoras”.
En declaraciones al diario Crónica, que recientemente le concedió un premio por su actividad en el área de Biología, Lazcano manifestó que “esta situación no me afecta. Cuando llegó la notificación (viernes por la noche) me dio risa por la torpeza con la que han manejado la situación”.
También reveló que alista su respuesta, que incluye un intercambio previo de correos electrónicos entre él y De Leo, donde el director del SNI señala que no hay problema por la ausencia del biólogo en una de sus reuniones debido a su participación en un congreso en Francia.
Adicionalmente, señala que la afirmación de que hubo “impunidad y la laxitud de administraciones pasadas” del SNI es lamentable y “una grave acusación”.
Otro asunto que no puede darse por concluido es el de las leyes secundarias de la reforma educativa, impuestas por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.
Tanto las dirigencias del PAN como del PRI han anunciado que interpondrán impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar anticonstitucionales, regresivas, contradictorias y centralistas esas reformas.
En particular el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que los cambios atentan contra la rectoría del Estado en materia educativa, además de fomentar la discrecionalidad y la corrupción.
