Sistema penitenciario, en crisis
Luis Muñoz jueves 29, Ago 2019Segunda vuelta
Luis Muñoz
Seis meses antes de las elecciones federales de 2018 que cambiarían el rumbo del país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rendía su Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad instalada en el país.
La situación en 2017 no era la mejor en los penales y no lo es ahora, es decir, los problemas persisten, de acuerdo con especialistas.
Se trata de un fenómeno que requiere de la mayor atención por parte del gobierno de la Cuarta Transformación y el informe de la CNDH hace hincapié en lo siguiente:
Entre otras cosas, el organismo nacional reitera su preocupación sobre la ausencia de políticas públicas enfocadas al diseño de un verdadero sistema que haga compatible la infraestructura de las prisiones con los sistemas de gestión penitenciaria en concordancia con los instrumentos internacionales y las normas que deben observarse durante la prisión preventiva y la ejecución de penas.
Además de hacer patente su preocupación por las condiciones en que se encontraban y se encuentran las personas privadas de la libertad albergadas en 109 centros penitenciarios de baja capacidad instalada distribuidos en toda la República Mexicana, por no contar con la infraestructura que permita una estancia digna y el desarrollo adecuado del régimen penitenciario de acuerdo con las normas y estándares nacionales e internacionales en la materia, partiendo de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos “Reglas Mandela” y retomadas también por la CNDH en su publicación sobre “Un Modelo de Prisión”.
En diciembre de ese año (2017), el sistema penitenciario del país albergaba 204,617 personas distribuidas en 358 establecimientos y de esta población 13,177 se encontraban albergadas en 1,094 centros con capacidad menor a 250 espacios que dependen de las autoridades estatales que no cuentan en su mayoría con una infraestructura para desarrollar un buen régimen penitenciario, presentando, 48 de ellas, problemas de sobrepoblación.
Otra cosa que destacaba la CNDH es que de acuerdo con la fracción segunda del artículo 18 de la carta magna, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social, considerando la separación entre hombres y mujeres, así como entre procesados y sentenciados para tal efecto.
Con la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal el 16 de junio de 2016, se derivó un mandato a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que en concordancia con los principios de protección a los derechos humanos se diseñe y desarrolle una infraestructura acorde al Sistema Penitenciario Nacional que garantice el régimen de privación de la libertad en condiciones de estancia digna y segura.
Para lograr este propósito debe considerarse que los regímenes constructivos en materia penitenciaria incluyen un programa equilibrado de actividades, tales como trabajo, formación profesional, educación, recreación, actividades religiosas, culturales y deportivas, así como también aquéllas que permitan cubrir las necesidades de seguridad, salud y contacto con el exterior entre otros.
Como presidente electo, López Obrador abordó el tema refiriéndose a la necesidad de una “reforma de prisiones”. Concretamente, planteó como objetivo lograr una adecuada reinserción social de aquellas personas que cumplieron una condena en prisión.
Proponía que los internos se dividan entre los que cometieron delitos federales y los que cometieron delitos del fuero común”, y reconocía que la separación de los internos por el tipo de delitos que los tienen en prisión puede ser una medida necesaria, “pero a todas luces insuficiente”.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, advertía que “no se construirán más penales”, pero se llevará a cabo una “adaptación física para atender las necesidades en materia de derechos humanos”.
También reconocía que el sistema penitenciario mexicano está en crisis y requiere mucho más que cambios administrativos y de infraestructura.
Una “respuesta inmediata”
Antes de que las protestas escalen de nivel por la falta de medicamentos contra el cáncer para niños, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió al paso y promovió la inmediata respuesta de su gobierno a padres de familia, molestos, con justa razón, por este motivo.
Sin embargo, los padres de familia inconformes advirtieron que volverán a manifestarse si las autoridades no cumplen con lo prometido.
“Para el ISSSTE lo más importante es el bienestar y salud de los derechohabientes”, dijo el Director General de la institución, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien destacó que revertir rezagos acumulados por años es el principal objetivo, además de combatir sin descanso la corrupción.
