Se quiera o no, el caso Robles es asunto político
Miguel Ángel Rivera miércoles 14, Ago 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
El encarcelamiento de la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, abre muchas dudas acerca del propio proceso y en torno a la vida política nacional.
En lo que respecta al juicio contra la también ex jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal (para concluir el periodo para el cual fue elegido Andrés Manuel López Obrador) llama la atención que no se le haya concedido seguir en libertad su juicio y en segundo lugar que el juez encargado del caso, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, hiciera recomendaciones al ministerio público para realizar investigaciones adicionales.
En un caso anterior declaró con toda claridad que los jueces no pueden remediar los errores del agente del Ministerio Público al integrar las denuncias.
De cualquier forma, el juzgador concedió un plazo adicional de dos meses a los fiscales para allegar nuevas pruebas contra Robles, lo que da pie a dudar acerca del principio de que nadie es culpable mientras no se le demuestre lo contrario.
En segundo término el propio juzgador pidió a la parte acusadora precisar si es cierto que estaban enterados de los movimientos financieros que sirven de base para las acusaciones contra Robles Berlanga el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda y luego candidato presidencial José Antonio Meade.Aunque no se quiera, esto es llevar el caso al terreno de la política.
Sólo imaginarse al ex presidente de la República y uno de los aspirantes a sucederlo en el cargo compareciendo ante un juzgado para un caso de delitos penales sería ya un escándalo político de grandes proporciones. El revuelo sería enorme aunque Peña y Meade fueran convocados sólo como testigos y no se diga si de alguna manera se les llegara a acusar como presuntos cómplices del caso que mediáticamente ha sido titulado como “La Estafa Maestra”.
Por lo pronto, vale tener en cuenta el artículo 108 de la Constitución, el cual establece que “el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”. Pero Peña Nieto ya no está en funciones.
Al confirmar el traslado de Robles al penal de Santa Martha Acatitla, su abogado Julio Hernández Barros, aseguró que se ha cometido una injusticia contra su clienta y que todo estaba preparado para enviarla a prisión. Inclusive se llegó a afirmar que se trata de una “presa política”.
La Cosecha
Mientras avanza el proceso contra Robles, otro posible implicado, el ex candidato presidencial José Antonio Meade, estuvo, acompañado por el también ex secretario de Hacienda José Antonio González Anaya en Palacio Nacional, en una visita que generó otra polémica.
En los medios de comunicación se dijo que los dos ex titulares de Hacienda desayunaron en Palacio Nacional con el actual responsable de ese cargo, Arturo Herrera, quien tiene poco tiempo con esa responsabilidad luego que tuvo que entrar al relevo de Carlos Urzúa, quien renunció por diferencias con su jefe, el presidente López Obrador.
Ante la renuncia, el primer mandatario ubicó a Urzúa entre los “neoliberales” a los que acusa de todos los males del país, entre los cuales por supuesto están González Anaya y Meade, aunque AMLO pidió disculpas a este último por incluirlo en la lista de villanos.Tal vez por estos antecedentes – aunque en Palacio Nacional es difícil guardar un secreto – el actual secretario de Hacienda, Herrera, negó haberse reunido con sus antecesores, aunque el desayuno se anunció días antes, sin que se le vinculara con las investigaciones en torno a la llamada “Estafa Maestra”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso “actualizar” el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco, bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas, y con ello desató una gran escándalo.
Primero, revivió el tema de del lobby o cabildeo, es decir, la presencia en las dos cámaras del Congreso de representantes de las grandes empresas que producen y comercializan esos productos, las cuales por supuesto no desean aumentos en sus impuestos, pues eso se traduce en aumento del precio de venta y, eventualmente, en una disminución del consumo.
Por ello, algunos legisladores han propuesto actualizar las normas que regulan la actuación de los cabilderos, las cuales se han queda a medio camino precisamente por la presión de esos poderosos intereses. De hecho se dice que algunas ramas industriales y comerciales son representadas directamente por diputados y senadores ubicados convenientemente en distintos partidos, incluido el ahora ampliamente mayoritario en el Congreso.En consecuencia, parece difícil que se avance a corto plazo en ese tema.
La otra vertiente de la iniciativa del diputado Ramírez Cuéllar podría resultar muy grave para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y su partido, Morena, pues contraviene la promesa de campaña de no aumentar los impuestos.
Es cierto que el tabaco, las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas y otros alimentos llamados “chatarra” tienen mala fama y efectos nocivos en la sociedad, pues contribuyen al incremento de graves padecimientos que tienen un peso extraordinario en los presupuestos de los gobiernos municipales, estatales y federal. Pero de cualquier forma, se trata de impuestos y la promesa de campaña fue en términos generales respecto a todas las cargas fiscales y no a una sola.
También se debe tener en cuenta que dentro del IEPS están incluidas las gasolinas y, en este caso, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido concretamente no sólo a evitar aumentos, sino inclusive a reducirlos.
“Escuela para todos”, es una de las ofertas más difundidas del actual gobierno federal. Inclusive, tal compromiso fue llevado a la Constitución General de la República. La iniciativa respectiva fue presentada en los primeros días de la actual Legislatura con toda pompa por el presidente de la Cámara de Senadores, Martí Batres.
Pero una cosa es prometer y otra cumplir. Ayer, se intensificaron las protestas de los jóvenes que no han encontrado lugar en las instituciones de educación superior.
Respuestas y soluciones «es lo que queremos para que se nos garantice el acceso a la educación media superior y superior para todos aquellos quienes hemos sido rechazados”, exigió la joven Sandra Ruiz, durante un plantón frente a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La integrante del Movimiento de Aspirantes Excluidos Educación Superior (MAES) — organización que se mantiene desde hace 14 años, donde entre sus principales demandas se encuentran la educación para todos aquellos que la soliciten– quien junto a un grupo de estudiantes y padres de familia recorrió del Zócalo capitalino a la sede de la dependencia federal, aseguró que a lo largo de los años las exigencias son las mismas, aunque con un nuevo gobierno que ha prometido universidad para todos, “se abre una posibilidad”.
“Este gobierno ha dicho que ya está solucionando el problema, pero el ciclo escolar otra vez ya comenzó y muchos seguimos afuera”, dijo al señalar que de acuerdo con anuarios estadísticos, cada año son rechazos 250 mil aspirantes a universidades públicas en la zona metropolitana.
Al recordar que se trata de la tercera marcha a la SEP de este año, la representante de la Comisión de Medios reveló que las marchas y protestas continuarán con el apoyo de 200 nuevos integrantes que este año decidieron sumarse a las protestas del MAES.
A la fecha, hay 58 mil 602 elementos de la Guardia Nacional en operación, provenientes de las policías Naval, Militar, Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), distribuidos en 150 coordinaciones regionales informó el comandante de ese cuerpo de seguridad, Luis Rodríguez Bucio.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Rodríguez Bucio dijo que la meta de reclutamiento de este año para la Guardia Nacional, es de 21 mil 170 efectivos, procedimiento que realizan la Sedena y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), que hasta ahora han captado a 14 mil 606 elementos, y de ellos, 11 mil 513 son varones, y tres mil 93 son mujeres. Cinco mil 818 elementos no aprobaron los exámenes.
