Libre manifestación
Freddy Sánchez jueves 8, Ago 2019Precios y desprecios
Freddy Sánchez
La vapuleada coloquialmente con el “sambenito” de la “ley garrote”, tiene al menos dos caras como algunas otras cuestiones que han cobrado vida en la “Cuarta Transformación”. Las más de éstas con el acompañamiento festivo de unos y la sensación de calamidad entre otros. En el caso de la citada ley, porque de un lado están los que la festinan sin reservas y del otro sus enfadados críticos.
Estos últimos, catalogando dicho ordenamiento legal de un salvaje atentado contra el derecho a manifestarse, aduciendo que Andrés Manuel apoya criminalinalizar lo que muchas veces hizo a sus anchas en este país, sin importarle los daños colaterales que pudiera causar.
Cómo es entonces que, repentinamente, la misma persona haya podido transformarse en otra distinta que piensa y actúa de manera radicalmente opuesta a como antes pensaba y actuaba, inquieren con ironía algunos de sus críticos.
Y en este punto, conviene detenerse a preguntar también.
¿Qué no era la mayoría la que por largo tiempo, demandó evitar que las manifestaciones de protesta tuvieran el nefasto componente de causar un grave daño económico social, impidiendo actividades empresariales y públicas?
Será que los que tantas veces clamaron por la restitución del orden, habiendo cambiado de parecer inesperadamente prefieren seguir viviendo en el caos. Más allá pues de dobles intenciones a favor o en contra de la denominada “ley garrote”, justo es poner énfasis en la imperiosa necesidad de refrendar el estado de derecho.
Un bien superior que requiere aployo social con el respaldo contundente del gobierno para que los asuntos políticos, económicos y sociales marchen en forma cotidiana sin constantes afanes de obstruir el libre tránsito de todos y cada uno de los habitantes de la nación que demandan de la misma protección del estado. Por ello, nadie en su sano juicio puede avalar la anarquía ni violencia civil por ninguna causa. Porque a nadie conviene la persistencia de la irrupción del sabotaje contra el patrimonio privado o institucional. Lo racional y correcto es atenerse al imperio de la ley. Así que las controversias deben ventilarse en los tribunales, con la firme voluntad de acatar los fallos de autoridades competentes y al mismo tiempo desechar todo tipo de actitudes pendencieras y rijosas. De por sí, México vive inmerso en la agresividad, maximizada a grado superlativo por las sangrientas matanzas entre delincuentes frente a la impotencia pacificadora de las instancias de orden y seguridad.
Tal situación, en torno al derecho a manifestarse, hace necesario un cambio legal que garantice el libre ejercicio de este derecho, siempre que esto se haga de manera pacífica y ordenada.
O sea, sin afectar derechos de terceros. Porque una cosa es estar en contra de la criminalización de las manifestaciones y otra incurrir en la temeridad de alentar ánimos violentos y destructivos en toda clase de desacuerdos y conflictos sociales.
Bastante malo es que a lo largo y ancho del territorio prevalezca un clima de tensión por la proliferación de acontecimientos criminales violentos, como para estar a favor de que la sociedad asuma reacciones ofuscadas que contribuyan a intensificar el ambiente de hostilidad entre conciudadanos que para defender sus derechos no tienen porque pisotear arbitrariamente los derechos ajenos.
¡Que no sea la ley del salvajismo la que se imponga! La autoridad pues, debe actuar con firmeza para mantener el orden social, porque, a decir francamente, en estos tiempos al igual que en los anteriores, la extrema tolerancia institucional supeditada al abuso de manifestantes anarquistas fue y es inadmisible en aras de preservar el derecho a la libre manifestación.
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