Ley Bonilla no se puede impugnar porque “no existe”
Miguel Ángel Rivera miércoles 7, Ago 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Todavía está pendiente el desenlace del “albazo legislativo” a cargo del Congreso de Baja California, que decidió aumentar de dos a cinco años el periodo para el cual fue elegido el nuevo gobernador de estado, mediante una reforma constitucional popularmente conocida como “Ley Bonilla”.
Como se recordará, en junio anterior se realizaron elecciones en ese estado para nombrar nuevo gobernador, renovar la Cámara de Diputados local y cambiar los ayuntamientos de los cinco municipios de la entidad.
El ganador de las elecciones fue el candidato de la coalición encabezada por Morena, el empresario Jaime Bonilla Valdez, quien debería cumplir un periodo de dos años, lo cual le pareció insuficiente, por lo que subrepticiamente, impulsó cambios para que su mandato se ampliara a cinco años.
Primero fue el Tribunal Electoral del Estado, la autoridad que dictaminó a favor de ampliar el periodo, pero el cambio fue rechazado por el Tribunal Electoral Federal, que es la máxima autoridad en la materia y cuyos fallos son inapelables.
Ante esta situación, Bonilla y simpatizantes recurrieron al congreso del estado, que en un sorpresivo giro – a pesar de que su partido, Morena, estaba en minoría – logró casi unanimidad a favor de una reforma constitucional que le concedía la ansiada ampliación del mandato.
Esta vez, la decisión de los diputados bajacalifornianos desató una tormenta política en todo el país, sobre todo en el PAN y el PRI, partidos que expulsaron a los diputados salientes que avalaron el cambio.
A pesar de los vientos en contra, los diputados salientes – presuntamente “incentivados” por Bonilla y sus simpatizantes – ratificaron el cambio en una sesión casi clandestina, para la cual cambiaron la sede del Congreso de la capital estatal, Mexicali, al municipio Playas de Rosarito.
Fue la última “maldad” de esos legisladores, pues terminaron sus funciones el último día de julio y dejaron sin publicar la controvertida reforma, por lo cual no ha entrado en vigor, pero tampoco puede ser impugnada porque legalmente “no existe”.
El primer día de agosto entró en funciones la nueva XXIII Legislatura de Baja California, cuyos integrantes no se han manifestado respecto a la “Ley Bonilla”, aunque en esta nueva Cámara de Diputados Morena, tiene una amplia mayoría producto de elecciones, sin necesidad de “convencer” a legisladores postulados por otros partidos. La nueva Legislatura estará integrada por 13 diputados de Morena, cuatro del PAN, dos del Partido del Trabajo, uno del PRD, uno del PRI, uno del Partido Verde Ecologista, uno del Partido de Baja California, uno de Transformemos y uno de Movimiento Ciudadano.
Los suspicaces advierten que los nuevos diputados esperan has el último minuto para promulgar la referida reforma y de esta manera evitar que pueda ser bloqueada ya sea en el Congreso de la Unión o en la Suprema Corte de Justicia.
El gobernador saliente, el panista Francisco de la Vega de Lamadrid – de quien se sospecha que solapadamente está a favor del cambio legal – primero se negó a publicar la reforma y luego cambió de actitud y anunció que lo haría para que dejara de estar en “el limbo” y pudiera ser impugnada.
Pero, vale insistir, legalmente el mandatario saliente no puede hacer nada, porque no ha recibido comunicación oficial de la nueva Legislatura estatal.
Por eso, ayer, se dio a conocer que el panista de la Vega exigió a los nuevos locales definir si están a favor o en contra de ampliar de 2 a 5 años la gubernatura de Jaime Bonilla . También reiteró que en caso de que los diputados promulguen la reforma, la impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“¿Qué queremos? Una definición del congreso, o sea, necesitamos una definición del congreso ya”, dijo el mandatario panista al reiterar que, si recibe la iniciativa, la publicará en el Diario Oficial del Estado, para ya no perder tiempo”, pero advirtió que lo hará bajo protesta.
Además, se debe tener en cuenta que las dirigencias nacionales del PRI y del PAN – además de expulsar a los diputados que avalaron la reforma – anunciaron que interpondrían demandas de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, así como senadores y diputados federales de esos y otros partidos.
La Cosecha
A pesar de la obligatoria austeridad y de los anunciados esfuerzos por reducir el costo del aparato electoral de nuestro país, en cumplimiento de las normas que lo rigen, el Instituto Nacional Electoral empezó a definir el presupuesto que será asignado el año venidero a los partidos políticos nacionales y la cifra resultante no parece nada frugal, especialmente para el partido en el gobierno Morena, que tendrá un sustancial incremente respecto de años anteriores.
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó para 2020, asignar a los partidos un total de cinco mil 239 millones de pesos de financiamiento público, presupuesto que se repartirá de la siguiente manera: para Morena serán, mil 710 millones de pesos; en segundo lugar estará el PAN, con 943 millones de pesos; y en tercero el PRI, con 888.9 millones de pesos.
La mencionada Comisión aclaró que estas cifras son preliminares, ya que en caso de otorgarse el registro oficial a nuevos partidos, el consejo general deberá redistribuir la cifra reservada para el segundo semestre entre todos los institutos políticos nacionales.
Por otra parte, la Comisión de Quejas y Denuncias, también del INE, decidió no cancelar las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo había solicitado una ciudadana que denunció promoción personalizada, actos anticipados de campaña y la rendición de un informe de labores fuera de plazos previstos.
En sesión extraordinaria urgente y de carácter privado, se declaró improcedente imponer esa medida cautelar contra el ejecutivo federal, ya que “bajo la apariencia del buen derecho” tienen como finalidad dar a conocer logros, programas, acciones y obras de gobierno respecto a temas y cuestiones de distinta índole.
Siguen las malas noticias en materia económica para el gobierno federal. Analistas del sector financiero consultados por Citibanamex, volvieron a recortar la expectativa de crecimiento de la economía nacional para finales de este año, al pasar de 0.9 a 0.6 por ciento.
Para 2020 la estimación de desarrollo también fue revisada a la baja y pasó de 1.5 a 1.4 por ciento.
En la Encuesta Quincenal Citibanamex de Expectativas, los especialistas tomaron en cuenta que en septiembre, la junta de gobierno del Banco de México (BdeM) recortará su tasa de interés interbancaria 25 puntos base, y pasará de 8.25 a 8 por ciento.
“Los encuestados ahora estiman que la tasa de fondeo al cierre de 2019 se ubicará en 7.75 por ciento; hacemos notar que la última vez que la expectativa para la tasa de política al cierre de 2019 se ubicó en este nivel, fue en octubre de 2018. Para el cierre de 2020, el pronóstico mediano para la tasa de referencia del BdeM es de 7.38 por ciento”, expuso la entidad financiera.
Los analistas prevén asimismo que el tipo de cambio para finalizar el año se ubique en 19.80 pesos por dólar, mientras que para el cierre de 2020, el dólar estadunidense podría situarse en 20 unidades.
En cambio, los encuestados bajaron la expectativa para la inflación al cierre de 2019, pues pasó de 3.73 a 3.70 por ciento, y también revisaron a la baja el pronóstico para el siguiente año, y bajó de 3.63 a 3.60 por ciento.
“Sin embargo, el pronóstico mediano para la inflación subyacente al cierre de 2019 se incrementó a de 3.60 a 3.65 por ciento. Este es el valor estimado más elevado hasta ahora para la inflación subyacente en 2019 desde que este rubro se incluyó en el cuestionario en enero de 2018, indicaron los conocedores consultados por Citibanamex.
Aunque en estos momentos parece una convocatoria poco atractiva, la Escuela Nacional de Cuadros del PRI anunció que sigue abierto, hasta el 18 del presente, el plazo para jóvenes interesados en incorporarse y acceder a un modelo formativo de excelencia en materia de habilidades políticas, liderazgo social y trabajo en equipo.
Aunque se dude, la presidenta del Instituto de Formación Política “Jesús Reyes Heroles” (IRH), Fernanda Bayardo Salim, aseguró que la ampliación se determinó por la gran demanda de jóvenes interesados y aclaró que no se pide un mínimo de grados de estudio.
