Ley Nacional de Extinción de Dominio, “un campo minado”
Guillermina Gómora Ordóñez martes 6, Ago 2019Caleidoscopio
Guillermina Gómora Ordóñez
En medio de una de las peores crisis de impunidad y corrupción que agobia al sistema de justicia en México, se aprobó en el Congreso la Ley Nacional de Extinción de Dominio para combatir al crimen organizado, pero que pone en riesgo a la propiedad privada.
Un arma de doble filo que aún sin publicarse en el Diario Oficial de la Federación, para su entrada en vigor, provoca polémica y rechazo por su carácter “sospechosista” que violenta la presunción de inocencia, el debido proceso y abre la puerta a que los ciudadanos pierdan sus propiedades. Tambien, por la creación de una bolsa de recursos que manejará discrecionalmente el Poder Ejecutivo.
Sí, el gobierno podrá incautar, despojar y vender de manera anticipada las propiedades de las personas presuntamente involucradas en actos ilícitos, aunado a la ampliación exponencial de las conductas que podrían justificar tal medida sin que exista una sentencia condenatoria, violando así el debido proceso.
A todas luces, es un atentado contra las normas generales del derecho y las garantías individuales, en un México donde reiteradamente escuchamos que “la justicia tiene precio”, e incluso, se utiliza para venganzas políticas y solapa la impunidad y corrupción.
Para muestra, el concepto que define a la extinción de dominio como “la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la propia Ley, declarada por sentencia de una autoridad judicial. No conlleva una contraprestación ni compensación”.
Una ley que, a juicio de la diputada por Morena, Tatiana Clouthier, de no corregirse, “puede derivar en un Estado policiaco en el que los ciudadanos honestos vivan bajo sospecha”.
Sobre todo, por la ampliación de los delitos a castigar por esta ley: Secuestro; delincuencia organizada; los cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; contra la salud; trata de personas; por hechos de corrupción; encubrimiento; los perpetrados por servidores públicos; robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita y extorsión.
Un catálogo de faltas que de acuerdo a la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio podrían sumar 245 delitos ya una vez desdoblados todos los tipos que fueron enlistados y entonces se podría dar inicio a procesos de extinción. Un apartado poco claro en la ley.
Otro punto en contra es que no será el Estado el que comprobará la veracidad de las acusaciones que justifiquen la extinción de dominio, sino el ciudadano, quien deberá demostrar su inocencia con los medios a su alcance. Si gana el juicio tendrían que indemnizar al ciudadano de acuerdo al valor que dictamine la autoridad en el año y momento en el que fueron incautados los bienes y no a valor presente. ¡Vaya abuso!
La nueva Ley representa un campo minado en términos legales, por la extraña mezcla entre procedimientos administrativos, civiles y penales, largos y costosos para el ciudadano honesto, pero una puerta giratoria para el crimen organizado.
México tendrá por primera vez una ley única de extinción de dominio para todo el país, peeero, habrá que estar muy pendientes de los actos de la autoridad e informar y prevenir a la sociedad civil para evitar actos de extorsión por parte de malos servidores públicos, quienes seguramente buscarán obtener un beneficio personal con la amenaza de comenzar un proceso de extinción de dominio o vinculación a un proceso penal por el delito de encubrimiento y que con ello se ponga en riesgo su patrimonio.
Bien haría la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la SCJN, en revisar el documento antes de publicarlo para evitar abusos y arbitrariedades.
Así las cosas, el combate al crimen organizado y a la corrupción para mermar su estructura patrimonial y financiera no nos conducirá a la pacificación del país. Paradójicamente nos llevará a un estado en donde sean más recurrentes las violaciones a los derechos humanos.
VERICUENTOS
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, presentará una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones a fin de proteger a la niñez de contenidos violentos o de corte sexual en la televisión. Se busca evitar su difusión durante la transmisión de programas infantiles, pues los niños de 4 a 12 años permanecen frente a la pantalla 4 horas 46 minutos al día en promedio y están expuestos a contenidos que tienden a imitar. ¡Vientos!
Marcha Campesina
Tome precauciones, el próximo jueves 8 organizaciones campesinas realizarán una movilización nacional. José Narro Cespedes, senador por Morena, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, dijo que a través de estas acciones buscan participar en el diseño del nuevo marco jurídico para el campo que analiza el Senado de la República, a partir de reformas a los artículos 2º, y 27 constitucionales. Por lo pronto, aguante el caos. ¡Sopas!
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