Parteaguas tlaxcalteca
¬ José Antonio López Sosa martes 16, Feb 2010Detrás del Poder
José Antonio López Sosa
El día de hoy probablemente se vote en el Congreso local del estado de Tlaxcala la propuesta que dejaría imposibilitadas a las mujeres de aquella entidad a interrumpir un embarazo de forma legal, con ello esta entidad -la más pequeña territorialmente del país- se sumaría a la serie de reformas que diversas entidades han llevado al cabo para penalizar esta acción en un acto de involución social cobijado por la Iglesia católica y grupos conservadores clavados en la clase política nacional.
No debemos dejar de lado que hacer permisible la interrupción del embarazo data de 1931, cuando en el Código Civil para el Distrito Federal se permitía el aborto en caso de violación, malformación o riesgo en la vida de la mujer embarazada. Ha sido una larga batalla la que diversas agrupaciones en defensa del derecho de la mujer han librado contra el ala conservadora de la clase política para lograr tener este derecho, la obtusidad de diversos sectores se empeñan en prohibirlo, aun cuando las cifras son contundentes: en el año 2006, un estudio en conjunto elaborado por el INSTITUTO ALAN GUTTMACHER, EL COLEGIO DE MÉXICO y el POPULATION COUNCIL determinaron que en México se practicaron 874 mil 747 abortos en el país, poniendo en riesgo la vida de la mayor parte de las mujeres que lo hicieron ante la ilegalidad del acto.
Es mentira que el aborto dejará de existir si se penaliza, aunque existan campañas de comunicación eficaces resulta inevitable y lejos de conducir a una conducta “apegada a la moral” como dicen los conservadores, se fomenta la corrupción, las clínicas clandestinas y se pone en riesgo la vida de miles de mujeres en el país. El 24 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la ley que despenaliza el aborto en la ciudad de México, lo que escandalizó a muchas entidades federativas que desde entonces comenzaron a promover la penalización expresa del mismo, ya sea a través de sus gobernadores o de sus congresos locales. Obviamente, la administración federal encabezada por el PAN no se quedó cruzada de brazos y llevó a la Suprema Corte el caso, mismo que se determinó dentro de la Constitución en el año 2008, luego entonces, no hay mecanismo legal para poder revocar este derecho de las mujeres cuando menos en el Distrito Federal.
Los legisladores tlaxcaltecas tienen hoy dos opciones, una representa proteger el derecho de sus representadas para decidir sobre su cuerpo, evitar miles de muertes, corrupción y clínicas clandestinas, o bien, ir hacia atrás penalizando el aborto, sumarse a la campaña de involución social que ello representa y orillar a miles de mujeres que pudieran estar en esos casos a arriesgar la vida en un aborto clandestino. No nos queda más que ver cómo actúa el Congreso de Tlaxcala esperando una actitud socialmente responsable.
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