La “ley garrote”
¬ Augusto Corro miércoles 31, Jul 2019Punto por punto
Augusto Corro
Ver para creer. En Tabasco, el Congreso estatal aprobó la “ley garrote” para permitir a las autoridades el uso de la fuerza para evitar manifestaciones o protestas sociales.
Se trata de sancionar “a quienes bloqueen el libre tránsito con fines de lucro”, pero que en la realidad de armas represoras.
Es fácil de entender la actitud del gobernador tabasqueño, Adán Augusto López Hernández, de extracción morenista, que quiso quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con la nueva ley las autoridades tabasqueñas tendrán el arma represora para evitar que inconformes obstaculicen la construcción de la refinería en Dos Bocas Tabasco, una de las obras más importantes del gobierno federal.
Sin duda, la “ley garrote” servirá para frenar cualquier manifestación de descontento que trate de frenar o retrasar el proyecto petrolero. Va con la vía libre para apresar y sujetar a proceso con penas de seis a 13 años a todo aquel que intente obstruir vialidades o impedir la construcción de obras específicas.
Los pretextos para contar con dicha ley son innumerables; aunque son mayores las protestas de aquellos que ven en la nueva reforma legal un retroceso en las libertades. No se explican cómo los funcionarios surgidos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que se supone de izquierda, muestren el “cobre” tan rápido y saquen a relucir sus ansias represoras.
Son escandalosos los bandazos de Morena. Los casos de Tabasco y Baja California son ejemplos que obligan a reflexionar sobre el futuro de la vida política en México.
En Baja California, el candidato morenista a la gubernatura, Jaime Bonilla, ganó las elecciones.
Los bajacalifornianos votaron para que gobernara por dos años. Sin embargo, pudo más la ambición y con la ayuda del Congreso estatal se amplió a cinco años el periodo gubernamental.
En esta singular acción, que tiene todos los visos de una transa, los diputados, la mayoría panista, votó por la ampliación del tiempo de gobierno.
Se hizo una revoltura política en la que, según se comentó, corrieron millones de dólares para convencer a los legisladores que votaran por la ampliación de la estancia de Jaime Bonilla hasta por cinco años.
¿Los asuntos de Tabasco y Baja California mostraron la verdadera cara de Morena? ¿El soborno y la represión se le dan bien a los morenistas? Tácticas políticas que se pensó superadas vuelven a presentarse en gobiernos que, al parecer, perdieron la brújula. ¿Morena perdió el rumbo tan pronto? Eso parece.
EN BUSCA DE LA SEGURIDAD
Pasó el primer filtro legislativo el dictamen de la reforma al Código Penal capitalino, con el propósito de endurecer las penas para diversos delitos, como el feminicidio, robo a celular y reincidencia delictiva.
En la discusión de la nueva ley, efectuada en la Comisión de Administración y Justicia del Congreso local, se acordó mantener los tipos penales siguientes: trata de personas, pornografía infantil y desaparición forzada.
Es posible que hoy miércoles, el mencionado dictamen sea enviado al pleno del Congreso para su discusión y aprobación en una sesión extraordinaria.
Cabe señalar que serán más severas las penas para ladrones de celulares, policías que delinquen y feminicidas.
La Ciudad de México se convirtió en un lugar inseguro y violento. Ahora, lo que ocurre en la capital es copia fiel de la espiral de violencia que azota a varias regiones del país.
Las autoridades tienen una larga lista de casos pendientes que resolver. Entre éstos están los asesinatos de jóvenes estudiantes y el doble homicidio de los israelíes, que encuentran a la mitad de su esclarecimiento.
La reforma mencionada no será suficiente para combatir la delincuencia organizada o para disuadirla de cometer esos delitos, pues son muchos los factores que inducen a las acciones criminales.
Los propios diputados de oposición, perredistas y priístas, dijeron que el aumento de las penas no provocará que disminuya la incidencia delictiva en la capital. ¿Usted qué opina amable lector?
IDENTIFICADA
Ya se identificó a la mujer que estaba con los dos israelíes, Alon Azulay y Benjamin Yeshurum Sutchi, asesinados en un restaurant de la Plaza Artz Pedregal.
Se trata de Vanesa Bayer, quien supuestamente participó en la celada para matar a los extranjeros citados.
La fotografía de la señora apareció en diferentes medios y es buscada por la policía. Trascendió que Vanesa tenía un adeudo de millones con los israelíes, quienes tenían una larga lista de antecedentes penales.
La investigación es difícil, porque se trató de delincuentes israelíes relacionados con mafias del crimen organizado dedicadas al lavado de dinero y al tráfico ilegal de armas.
