Prohibido bloquear obras de la nueva refinería
Miguel Ángel Rivera martes 30, Jul 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Si el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera una de sus acostumbradas consultas a mano alzada al “pueblo sabio” de la Ciudad de México, seguramente tendría una respuesta unánime a favor de la que se ha calificado como “ley garrote” y ya no tendría que hacer ningún esfuerzo adicional para defenderla ni justificar el trabajo de los diputados de Morena en Tabasco.
Por si alguien no lo sabe todavía, el Congreso de Tabasco, dominado ampliamente por militantes del partido del primer mandatario, Morena, aprobaron una nueva ley que prevé castigos de hasta 20 años de cárcel a quien bloquee carreteras y obstruya obras públicas.
Esta ley, como otras promovidas por Morena en diversas partes de la República, tiene dedicatoria. Es una amenaza –legal, pero amenaza al fin– a quienes se oponen y tratan de obstruir la construcción de una nueva refinería en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, el estado natal del primer mandatario, proyecto que es uno de los prioritarios del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, pero que tiene muchos enemigos, porque no se licitaron los contratos de obras.
Hay tanto desacuerdo contra la asignación discrecional de los contratos, que el mismo Congreso de Tabasco, con el total respaldo del gobernador “moreno” Adán Augusto López Hernández, aprobó antes dos reformas legales para permitir que las obras relacionadas con la construcción de la mencionada refinería de Dos Bocas sean asignadas de manera directa y sin licitaciones.
Esas reformas se aprobaron en “lo oscurito”, durante una sesión de comisiones que se realizó a puerta cerrada. Los medios de comunicación y analistas locales indicaron que con ello los legisladores tabasqueños también abrían las puertas para que también las obras del Tren Maya –otro de los grandes proyectos del régimen– sean asignadas sin licitación en el tramo correspondiente a Tabasco.
Algunos colegas acuciosos y de buena memoria han destacado que de haber existido con anterioridad, la “ley garrote” habría tenido como destinatario, entre otros, al presidente López Obrador, quien inició su larga trayectoria de protestas que lo llevó hasta Palacio Nacional, precisamente en Tabasco, con bloqueos a instalaciones petroleras e invasión de vías de comunicación con largas caravanas de protesta.
A pesar de estos antecedentes, al ser interrogado en su tradicional conferencia mañanera, el presidente López Obrador negó que la llamada “ley garrote” esté destinada a reprimir a quienes se manifiesten contra la construcción de la refinería Dos Bocas.
Como siempre, el primer mandatario dijo tener “otra información”, pues de lo que se trata es de frenar los casos de soborno y extorsión a funcionarios, principalmente de Pemex, que sufrían ese flagelo por parte de grupos que cobraban hasta 500 mil pesos para dejarlos pasar.
“Se está buscando corregir un vicio, se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para poder llevar a cabo un trabajo de esa empresa o una compañía que trabajaba para ella. Se les extorsionaba, se les cobraba 500 mil pesos a la semana para poder pasar”, comentó el jefe del Ejecutivo, quien dijo que espera que el gobernador López Hernández aclare el objetivo de la reforma y dijo confiar en que no sirva de pretexto para acotar libertades.
La reforma, insistió el primer mandatario, es “para que no haya sobornos y no se instaure el moche como forma de gobierno”.
“Se acaba el moche, se acaba el huachicoleo”, dijo AMLO al destacar que es necesario “garantizar el derecho de manifestación, pues es un derecho sagrado”.
En tanto, la secretaria de Energía, Rocío Nahle –tal vez la principal promotora del proyecto de Dos Bocas- informó que el gobierno federal ya contrató a siete empresas para la construcción de la nueva refinería, cuyos trabajos comenzarán el próximo 1 de agosto.
“Son empresas con una probada experiencia en una obra de este tamaño”, sostuvo en rueda de prensa en Palacio Nacional la titular de Energía, quien aseguró que “terminó muy bien la fase de adjudicación”.
La funcionaria informó que el costo de la refinería será de 8,134 millones de dólares, de los cuales 4,587 millones se destinarán a la construcción de plantas, 2,191 millones para servicios auxiliares y 1,300 millones para la planificación.
Un primer paquete, por valor de 1,705 millones de dólares, se adjudicó a Fluor Enterprises y a ICA Fluor. Un segundo paquete, de 1,789 millones de dólares, fue para Samsung Engineering y Asociados Constructores DBNR, empresas a las que también se les adjudicó el tercer paquete, de 1,410 millones. El cuarto fue adjudicado a Kellogg Brown y a Constructora Hostotipaquillo, por un valor de 351 millones de dólares.
El quinto paquete se licitará en noviembre por un valor de 405 millones de dólares, mientras que el sexto ya se adjudicó a Kellogg Brown, Constructora Hostotipaquillo y Mexicana de Recipientes a Presión (MRP), por un valor de 1.844 millones de dólares.
El total contratado en estos paquetes es de 7,508 millones de dólares, a los que todavía hay que sumar obras de acondicionamiento y compra de equipos para llegar a los 8,134 millones presupuestados.
Nahle defendió que estas empresas tienen experiencia en la construcción de refinerías similares en países como Arabia Saudí o Vietnam y aseveró que todos los contratos establecen que al menos el 50 por ciento de la mano de obra y la tecnología debe ser mexicana.
La funcionaria añadió que las empresas comenzarán los trabajos el 1 de agosto, no obstante que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) tiene de plazo hasta el 12 de agosto para presentar el informe de impacto ambiental de la refinería. La funcionaria aclaró que en agosto las empresas comenzarán “trabajos de escritorio” y no realizarán obras en el terreno hasta que se cuente con el debido reporte ambiental.
También reveló que en el terreno destinado a la refinería, de 500 hectáreas de extensión, propiedad federal, ya se realizan trabajos de acondicionamiento, los cuales recibieron el aval de un estudio de impacto ambiental.
La Cosecha
Contra comentarios anteriores que daban a entender que desaparecería el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el presidente López Obrador aclaró que esa institución no desaparecerá, pero será objeto de ajustes con fines de austeridad.
“Imagínense si yo digo eso (que desaparece el Coneval). Se nombró a un director, que es un académico de primera, y se va a hacer nada más un ajuste, que haya austeridad. El ex director llevaba 13 años y tiene una formación distinta a la que ahora distingue al gobierno. Él es de una corriente de pensamiento más cercano al neoliberalismo”.
También destacó que Coneval era un organismo que “no tenía comunicación con el pueblo”. “Imagínense un instituto encargado de evaluar la pobreza en donde los encargados no conocen las comunidades más pobres de México…Por eso, resultan estos organismos onerosos, costosísimos. No sólo es una contradicción, es algo ofensivo”.
Aunque el destituido director de Coneval, Gonzalo Hernández Licona, precisó desde el domingo, por medio de redes sociales, que su sueldo mensual neto sumaba 91 mil 957.52 pesos mensuales, López Obrador reiteró que antes ese funcionario ganaba 220 mil pesos, pero ahora con el plan de austeridad de su gobierno tuvo que bajar a 90 mil.
Por cierto, Hernández Licona también denunció un supuesto abandono de López Obrador a su promesa de atención a los pobres, a lo cual el mandatario respondió que “nunca antes se habían destinado tantos recursos a la gente pobre del país. Aseguró que “los neoliberales fueron creando un andamiaje a modo, que les permitía saquear y al mismo tiempo simular” que respetaban la Constitución.
Por otra parte, se informó que Fondo Monetario Internacional (FMI) enviará una misión técnica a México en septiembre venidero para revisar diversos temas, pero sobre todo analizar el plan de negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentado hace poco.
Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, precisó que la misión técnica que llegará a México hará la supervisión periódica establecida en el Artículo IV del convenio constitutivo del organismo, donde se revisa el cumplimiento de las obligaciones de cada país.
