Los policías federales no son pueblo sabio
Miguel Ángel Rivera viernes 19, Jul 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Por la forma como han sido tratados, seguramente los agentes de la Policía Federal (PF) inconformes con pasar a las filas de la Guardia Nacional (GN) no son parte del “pueblo bueno y sabio” y seguramente todos son merecedores de alguna sanción.
Esto se confirma por las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el sentido de que los agentes que no aceptan el traslado no merecen la indemnización que solicitan por dejar de pertenecer a la PF.
El funcionario federal dijo que se trata de un grupo menor de inconformes, quienes demandan indemnizaciones que no están incluidas en el acuerdo al que supuestamente llegaron las dos partes en días pasados.
En particular, Durazo Montaño declaró que “la indemnización sólo procede cuando se despide a alguien y no es el caso”.
“No vamos a despedir absolutamente a ningún elemento de la Policía Federal (PF)”, precisó el titular de Seguridad Pública en conferencia de prensa, luego de darse a conocer las acciones de coordinación entre el gobierno de la República y las entidades federativas en caso de un sismo de gran magnitud.
En contra de lo que aseguran los representantes de los inconformes, en el sentido de que son miles los que no están de acuerdo con ser trasladados a la GN, Durazo sostuvo que los rebeldes son pocos, entre 50 y 150, pero aseguró que todos serán atendidos y anunció que habría ayer mismo una reunión con sus representantes.
De otra parte, el secretario de Seguridad Pública indicó que ser transferidos a la GN no es la única opción para los agentes de la PF, pues de les ofrecen no menos de diez opciones para incorporarse a otra dependencia y, en tal caso, “se llevarán su plaza, sus ingresos, sus derechos, sus prestaciones, absolutamente todo”.
No obstante, la seguridad del funcionaro por una rápida solución a este conflicto, existen muchas posibilidades de que prolongue largo tiempo en los tribunales especializados en asuntos laborales.
Poco se menciona, pero el hecho es que la PF está prácticamente desaparecida y pronto esa situación se hará oficial, con lo cual cambiará la situación legal de los agentes que se mantengan en sus posiciones y se nieguen a ser transferidos a otra dependencia oficial.
En relación a las demandas laborales, Durazo dijo que el gobiermo federal respeta ese derecho y, “consecuentemente, atenderemos cualquier sentencia o conclusión del Poder Judicial”.
Más vale tarde que nunca
Con retraso y con poca firmeza, pero al fin se escuchó una voz del gobierno federal de condena al “albazo” de los diputados de Baja California que aumentaron de dos a cinco años el periodo para el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, quien fue postulado por Morena.
En su calidad de secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo “respetar” la decisión del Congreso de Baja California de ampliar el mandato del gobernador electo, pero añadió que, como ministra de la Suprema Corte en retiro, considera que se trata de una reforma inconstitucional.
“Yo voy a respetar lo que hizo en Congreso (local), aunque en mi opinión como ministra en retiro sí te puedo decir, ya no como secretaria de Gobernación, que por supuesto, es una reforma inconstitucional, en mi opinión”, planteó.
Al mismo tiempo, la titular de Gobernación reveló que la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, le comunicó que su partido estudia la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la decisión adoptada por el Congreso bajacaliforniano.
Advirtió que esa demanda sería presentada una vez que se cumplan los plazos legales, pues primero se debe conocer si la reforma es publicada o no por el gobernador o por los diputados locales, que tienen más tiempo para proceder.
La titular de Gobernación rechazó la posibilidad de emprender una acción radical como la desaparición de poder. Apuntó que “lo conveniente, lo políticamente correcto y lo jurídicamente correcto” consiste en interponer acciones de inconstitucionalidad y recurrir a otros medios de impugnación, a través de las instituciones del Estado y de los poderes públicos.
Sánchez Cordero insistió en que, en su condición de responsable de la política interna del país, tiene que ser absolutamente respetuosa del Congreso local, de los partidos políticos que van a interponer una acción de inconstitucionalidad y, por supuesto que lo que resuelva, en su caso, la Suprema Corte de Justicia.
El dinero de “EL Chapo” es de México
Ahora que está muy actual el tema del decomiso de bienes derivados de la corrupción y la delincuencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que le corresponde a México y no a Estados Unidos el control de lo incautado a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Añadió que su administración pedirá a la Unión Americana la entrega de dichos recursos y confió en que el gobierno estadunidense “estará de acuerdo con darnos los recursos”. El encargado a conducir las negociaciones será el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien encabezó también la delegación encargada de evitar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cumpliera su amenaza de aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas en caso de no contener a los migrantes.
“Nunca antes se había hecho esta petición pero sería bueno porque podrían ser ingresos adicionales para los pueblos”, comentó el primer mandatario durante su conferencia de prensa mañanera.
El reclamo puede alcanzar cifras muy importantes. La sentencia en contra de Guzmán Loera, consiste en una condena de cadena perpetua más 30 años y la confiscación de 12 mil 666 millones 191 mil 704 dólares por delitos relacionados con el tráfico de drogas en Estados Unidos.
En defensa de los intereses de México, el presidente López Obrador manifestó que se aplicará la Ley de Extinción de Dominio a los bienes confiscados al narcotraficante, ahora condenado a cadena perpetua.
Lo que parecía un mero trámite, la ratificación del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se convirtió en una nueva sesión polémica, con toma del presidium incluida, en la Cámara de Diputados.
En realidad, toda la jornada resultó muy agitada en el Palacio Legislativo, pues las entradas y salidas estuvieron bloqueadas por tres grupos distintos de manifestantes. Esto creó una situación difícil, al grado que las autoridades de la Cámara y la representación sindical convinieron en conceder día libre a los trabajadores de base, por considerar que su seguridad estaba en riesgo.
Los grupos que bloquearon los accesos se acreditaron como cafetaleros, representantes de trabajadores del telebachillerato y pobladores de Ocuilapán, Estado de México, que luchan contra la tala ilegal.
De cualquier forma, se logró que se pudiera realizar la sesión, pero a las manifestaciones externas siguieron las protestas al interior, encabezadas por legisladores del PAN. El presidente de ese partido, Marko Cortés, anticipó que votarían en contra de la rastificación de Herrera mientras no se garantizara la “autonomía técnica” que necesita el puesto,
Además, el dirigente panista demandó que el ex titular de Hacienda Carlos Urzúa explique los motivos de su renuncia.
Acompañado por el coordinador de los diputados de su partido, Marco Antonio Romero Hicks, el presidente de Acción Nacional denunció que Hacienda ha tomado decisiones con base ideológica y política y no técnica.
En tribuna, la posición del PAN fue respaldada por la bancada del PRD, que denunció que el gobierno federal ha modificado, sin autorización, el presupuesto aprobado por los diputados y denunció que no se ha cumplido la promesa de rebajar el precio de las gasolinas.
Durante el debate en la sesión extraordinaria la situación se tornó tan tensa que parte de la bancada de Morena, encabezada por su coordinador, Mario Delgado, rodeó la tribuna para garantizar que continuara el proceso para ratificar al nuevo secretario de Hacienda.
Otro tema de gran actualidad, la migración es analizado en la tercera edición del Congreso Latinoamericano de Ciudades Fronterizas que se realiza en Ciudad Juárez. Participan alcaldes procedentes de países como Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Estados Unidos, Ecuador y Guatemala, así como representantes de organizaciones y asociaciones civiles e instituciones académicas.
