Luego de la fiesta, la persistente realidad
Roberto Vizcaíno miércoles 3, Jul 2019Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
Enojo fifí… | Luis Xavier
Los ecos de la Sonora Margarita de la tarde del domingo en el Zócalo duraron poco, muy poco, en Palacio Nacional donde ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, casi sin respiro, tuvo que entrarle a la negociación con los más importantes líderes del sector privado, con Carlos Salazar Lomelín, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, y con Antonio del Valle Perochena, del Consejo Mexicano de Negocios sobre las demandas interpuestas por los ductos de gas.
Todavía ayer, en medio de la irritación, en su mañanera López Obrador volvió a calificar de «leoninos» los contratos que respaldan los reclamos de las empresas de Carlos Slim –Carso Energy–, y la TransCanada así como de IEnova.
Estas empresas han iniciado su batalla legal ante la intención de Manuel Bartlett y de AMLO de anular «algunas cláusulas de los contratos» en la construcción de gasoductos.
Las presiones generadas ya por la CFE y del propio presidente quien en sus mañaneras ha anunciado que irá con todo para anular contratos «leoninos» ha levantado de nuevo revuelo y preocupaciones entre calificadora e inversionistas nacionales y extranjeros.
Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, quien no fue invitado al encuentro de ayer, afirma:
«El ejecutivo no está otorgando certidumbre, sino generando una creciente desconfianza que está afectando el desempeño económico de México».
Recelos, enojos
Ave de tempestades, Andrés Manuel López Obrador, quien afirma cada que puede que le super-encanta vivir en el debate, generó un fuerte malestar, encono, desconfianza, entre cúpulas y bases militares al enterarse a través del diario La Jornada que su «Comandante Supremo», quiere desaparecer al Ejército para convertir esta institución en agencia de policía.
No pocos se preguntan si en esta ¿intención? va incluida la Marina.
Ahí sí que el eco de la frase de: «Si por mi fuera…» ni amaina, al contrario crece para convertirse en una amenaza ensordecedora.
¡Orale!
Hay quienes indican que ni el Negro Durazo soñó tal cosa.
Y con este tipo de declaraciones cobra fuerza la tesis de Raymundo Riva Palacio de que está claro que AMLO va por la destrucción del Estado vía la desaparición de sus instituciones…
«¿Hasta dónde resistirán las tropas la falta de preparación de los políticos que los utilizan como fichas de ajedrez para solucionar los problemas que ellos han creado?
«¿Cuánto más aguantarán trabajar más, con más responsabilidades y menos ingresos y garantías; denunciados permanentemente como violadores de derechos humanos, torturadores?
«¿Cómo si su «comandante» ofrece amnistía a criminales, narcotraficantes, asesinos, violadores?», indican en mensajes que circulan profusamente en chats de militares.
¿Y el General Secretario Luis Crescencio Sandoval?, se preguntan.
Aprobados
En medio de fuertes reclamos de la oposición, el Senado aprobó la Ley de Austeridad Republicana, y por unanimidad la de Extinción de Dominio.
Con esta última, se dijo, el Estado mexicano podrá disponer con celeridad de los bienes obtenidos de forma ilícita por miembros del crimen organizado, y de aquellos que provengan de hechos de corrupción y encubrimiento cometidos por servidores públicos.
Esta reforma
Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, indicó que con esta Ley de Extinción de Dominio de podrían recuperar 50 mil millones de dólares anuales que se calcula obtiene en ganancias la delincuencia organizada.
Donde no caminaron bien las cosas fue en la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana.
Ahí el debate se prolongó hasta las 7 de la mañana del martes y al final salió con dos modificaciones, una para elevar de cinco a diez los años que ex funcionarios de alto nivel deben dejar pasar para poder ser contratados por empresas privadas, como exigía el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una vez aprobada esta Ley regresó a la Cámara de Diputados para su debate.
La bancada del PRI afirmó que tal como pretendían que pasara, la Ley de Austeridad Republicana, podría afectar los derechos de 1.4 millones de servidores públicos quienes por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ser contratados en el sector privado.
La senadora Vanessa Rubio Márquez explicó que en tal caso podrían estar los 240 trabajadores despedidos del IMER el mes pasado, porque esta Ley les impediría ser conductores, productores, ni nada en W Radio, en Radio Fórmula o en Radio Centro.
«Solo por citar un par de ejemplos que resultarían violatorios de los derechos constitucionales». señaló.
La senadora Rubio afirmó que esta ley pasa por encima del artículo quinto de la Constitución Política, que garantiza que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo éstos lícitos.
AMLO peor que Atila para periodistas
Y ya que tocamos el tema de los despidos de trabajadores de medios del estado, hay que decir que ahora les tocó a los del Canal 11.
Y es que una cincuentena de trabajadores del 11 denunció ayer el despido de que fueron objeto «de manera arbitraria» sin previo aviso y violentando la ley.
«En despótica violación de nuestra dignidad humana y de nuestros derechos laborales, sin importar la antigüedad de cada trabajador, se nos asignó de manera general una quincena de salario como irrisoria compensación por los años laborados.
Sin previo aviso, como si fuéramos delincuentes, ese mismo día se inhabilitaron nuestras computadoras y posteriormente se nos comunicó que nuestro contrato de trabajo había terminado», indicaron en un comunicado.
Varios de ellos tenían una antigüedad de 20 años.
El mismo método se ha aplicado a cientos de despedidos de otros medios públicos donde la 4T ha sido como un terrible y despiadado Atila laboral.
De nada ha valido que a estas instituciones hayan llegado periodistas reconocidos como Sanjuana Martínez, Jenaro Villamil o el senador y ex gobernador de Tlaxcala, Álvarez Lima. Igual han sido despiadados en los recortes laborales tanto en Canal 11, como en Notimex, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano e IMER.
Un caso extremo fue el despido de más de 20 corresponsales de Notimex en el extranjero a quienes dejaron sin pago y en la indefinición durante meses en los países donde laboraban.
Ayer, en el Once, «como está ocurriendo en gran número de dependencias del sector público, Canal Once acaba de despedir aproximadamente a 50 trabajadores.
Y como también ha ocurrido en las otras dependencias, el despido se hizo de la manera más arbitraria, sin el más elemental cuidado de las formas exigibles en el trato a personas, a seres humanos que, por si fuera poco, habíamos laborado durante años en el Canal Once, algunos con una antigüedad promedio de 20 años».
Y todavía hay quienes le aplauden a ya saben quién.
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