Los Calderón-Zavala le deben a México más de 700 mil millones de dólares

Francisco Rodríguez miércoles 3, Jul 2019

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Francisco Rodríguez

 

 

El Estatuto de Roma, firmado por México y elevado por ese hecho al nivel de derecho fundamental, entró en vigor el primero de julio del 2002, hace 17 años. Es la columna vertebral de la Corte Penal Internacional, su instrumento constitutivo. Las partes medulares del Estatuto han sido convertidas en leyes federales mexicanas de observancia obligatoria.

Con toda claridad, el Estatuto establece los delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato desde el poder, el exterminio, la tortura, la desaparición forzada de personas, el secuestro autorizado, y otros actos inhumanos de gravedad similar, violatorias de normas de observancia internacional.

Los crímenes de lesa humanidad, equiparables a casi todos los que a diario se cometen en México desde la majestad del poder prestado, cuando siguen cometiéndose durante el tiempo se convierten en delitos de tracto sucesivo, y no puede empezar a contarse la prescripción mientras los daños sean permanentes.

Los delitos contra el patrimonio colectivo, contra la ecología y el medio ambiente, contra grupos humanos específicos, las geografías nacionales y todos los que usted guste enlistar entran en esta enumeración de conductas salvajes, ordenadas o permitidas por empoderados nylon.

Cuando uno lee el Protocolo del Estatuto de Roma se queda petrificado, impávido. No pueden encontrase en todo dios, las razones o el cuajo con las que un régimen como cualquiera de los pripanistas ‎mexicanos se atrevieron a suscribir esta espada mortal que desde entonces pende sobre sus cabezas.

Pasan por la mente, de inmediato, las torturas y exterminios del ‘68, del 71, de Aguas Blancas, de Acteal, de Ayotzinapa,‎ de la guardería ABC, y todos los actos proditorios contra la raza humana que se han cometido en México y cuyos actos no concluyen con el paso del tiempo y siguen causando estragos sociales inaceptables.

Ocho años antes de haberse firmado el famoso Estatuto sucedió en las aguas del Golfo de México el peor desastre ecológico de la historia de la humanidad: el derrame petrolero de la plataforma de British Petroleum, “Deepwater Horizon”, una tragedia de alcances incalculables, producto de la negligencia, arropado y consentido por la familia Calderón – Zavala.

Cerca de un millón de toneladas de petróleo crudo, la pérdida de veinte personas y el arrase de la flora y la fauna del Golfo de México no fueron recurridas ante  ningún tribunal conocido por la complicidad del gobierno calderonista a quien se acusa con datos duros de haber recibido un moche de mil millones de dólares.

Al tratarse de delitos cuya comisión se extiende en el tiempo, los permanentes de éste y otros tipos, modifican el modo de analizar la cuestión de la retroactividad de la ley penal respecto de los mismos, así ha sido establecido en casi todos los países civilizados.

Aunque la regla general establece la prohibición de aplicar retroactivamente la ley penal más gravosa, ese no es el caso de los delitos de tracto sucesivo, pues la sanción penal durante el tiempo en que está siendo cometido no constituye una ley posterior al mismo y por tanto no debe aplicarse la regla sobre la retroactividad.

Contrario sensu, igual sucede en aquellos casos en que el principio de la retroactividad puede y debe aplicarse para recuperar la soberanía, la dignidad de los pueblos y el ejercicio de la potestad sobre las partes integrantes de sus territorios. La regla de la retroactividad no se hizo para proteger eternamente las injusticias.

Si no existiera ese consenso sobre la aplicación retroactiva de las normas que persiguen el interés superior de la Nación, no hubiera podido llevarse a cabo la expropiación petrolera, pues ésta pasó sobre las legislaciones reglamentarias del callismo – obregonismo que…… a petición de las potencias extranjeras, trataron de nulificar los postulados del artículo 27 Constitucional que estableció, desde 1917, la propiedad inalterable de la Nación sobre los recursos del subsuelo. La expropiación y su decreto son leyes retroactivas que recuperaron la dignidad y la soberanía.

Llevado al extremo del análisis jurídico y académico, histórico y hasta antropológico, esta es la base para que los derechos mexicanos para reclamar los territorios perdidos en la invasión de 1847, desde California hasta Texas, se encuentren a salvo ante los tribunales internacionales. Siempre ha sido así.

Para muestra un botón: hace unos días, The New York Times revivió el juicio que se lleva en Estados Unidos contra la empresa Talos Energy —dicho sea de paso, favorecida con remates de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en México—, en base al Informe del lunes 24 de junio, por parte de la Agencia de Observación del Océano y la Atmósfera estadounidense.

En el Informe de marras, la agencia federal concluye que la plataforma “Deepwater Horizon” ha filtrado al Golfo de México 17 mil litros diarios de petróleo crudo durante quince años, más de mil veces la estimación dada por la compañía de perforación de British Petroleum. Constituye un escándalo internacional.

Y la familia Calderón – Zavala, involucrada por los moches multimillonarios recibidos de esa empresa, bien gracias. No pude ser, no debe ser que en un país catalogado entre los de legislaciones avanzadas no puedan ser llamados a juicio estos esperpentos, a pesar de que nuestro país tenía derecho a una compensación de 700 mil millones de dólares, cifra avalada por todos los tribunales internacionales.

La dignidad nacional fue cambiada por mil millones de dólares para los bolsillos de los panistas de sacristía. Esta es una de las mayores infamias que se recuerdan de los y las que hoy se siguen mordiendo el rebozo en lugar de rendir cuentas sobre los atropellos y traiciones al país… y a la humanidad.

La recuperación del hábitat marino y del ecosistema no llegará nunca. Las autoridades panistas del calderonato permitieron que la empresa British Petroleum usara, después de haber consumado la tragedia, el dispersante Coretix 9,500 que, combinado con las altas temperaturas de las aguas del Golfo, se convierte en lluvia tóxica hasta el fin de los tiempos.

¿Quién podrá hacer la denuncia respectiva? Deben empezar a remojarse las barbas todos los causantes de las grandes tragedias nacionales, y aquí sí no los ayuda la prescripción, generosa para los grandes delincuentes. Contra lo que se piense, salinistas, zedillistas, foxistas, calderonistas y peñistas seguirán en el banquillo de los acusados.

Los mismos supuestos de los delitos contra la Nación caben en todos los demás.

Cualquier mexicano podrá reclamarlos, en todo tiempo, en todo lugar. Hasta que el destino nos alcance. ¿No cree usted?

Índice Flamígero: Apenas el domingo anterior, Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del ex mandatario mexicano Felipe Calderón y de la ex candidata a la Presidencia, Margarita Zavala, aparece en un video subido a Instagram con armas de alto poder, sin embargo, él mismo aclaró que cuenta con los permisos respectivos. En redes sociales circula un video donde se observa al hijo de la (mal) llamada ex pareja presidencial en un campo de entrenamiento disparando en repetidas ocasiones hacia un objetivo. Ante la polémica que surgió a raíz del uso de armas de alto poder, Luis Felipe subió a sus historias de Instagram, los permisos correspondientes para el uso de las armas, con un par de mensajes adjuntos: “Ya hasta parece rutina andar explicando. Publico los permisos respectivos de cada una de las armas utilizadas y disparadas en el campo de tiro Los Encinos, Mor. y las disposiciones generales del mismo permiso…” y “Por su atención, ¡GRACIAS! A ver si tienen la decencia de rectificar los chismes que propagan. Además cabe destacar que las normas aplicables a particulares y a campos de tiro son muy diferentes”. A pesar de que se difundió que el joven se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas, en el video sólo se observa disparando y con algunas latas de refresco y bolsas de comida chatarra a su lado.

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