¿Se acabaron los diputados gestores?
Miguel Ángel Rivera miércoles 3, Jul 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se publicó el Código de Conducta para los diputados federales, que obliga a esos legisladores a “portarse bien”, pero en algunos aspectos parece que resultan excesivos los controles o se prestan para decisiones discrecionales.
Por ejemplo, se prohíbe a los diputados “pedir de manera indebida bienes, dinero, favores, donativos o regalos, para sí o para terceros”.
En principio parece justificado, pero el problema radica en el término “de manera indebida”.
¿Quién o cómo se va a definir lo que es apropiado o no? Para tener una referencia histórica, hubo un tiempo que estuvo vigente un delito de “disolución social” que, por supuesto, nadie sabía definir, pero que sirvió para perseguir a muchos “delincuentes políticos”.
Esto no es sólo un ejercicio retórico, se trata de una de las acciones que cumplen los diputados. Además de preparar nuevas leyes o modificar las existentes han asumido la responsabilidad de gestionar obras y servicios para las comunidades que representan en el Congreso.
Tal obligación no aparece en ningún código, ley o reglamento. Es la costumbre lo que ha convertido a los diputados federales – así como a sus contrapartes de los congresos de los estados y hasta a los senadores –, en representantes de sus electores en muchas gestiones que se tienen que hacer ante los gobiernos municipales, estatales y federal.
Aunque afortunadamente han terminado o, por lo menos han venido a menos, las épocas del “charolazo” y de los “influyentes”, todavía es necesaria la presencia de personas con cierto rango social para solicitar o lograr que se resuelvan temas pendientes o para que las obras solicitadas por una comunidad sean tomadas en cuenta a la hora de decidir los presupuestos de las diversas instancias de gobierno.
Claro que han ocurrido excesos y que es necesario terminar con ellos, como los llamados “entres”, las comisiones que exigían algunos legisladores a cambio de promover que se autorizaran los recursos federales solicitados por ciudadanos comunes, presidentes municipales y hasta gobernadores.
En tales casos, algunos legisladores se convertían (es de suponer que esas prácticas ya se erradicaron) en auténticos “coyotes” que medraban con las necesidades de los ciudadanos que solicitaban abrir un camino o reconstruir una escuela.
Por supuesto, es de reconocer que había también legisladores que respaldaban las solicitudes de sus representados sin obtener nada a cambio.
Por eso, ahora que se ha dado el paso adelante de evitar comportamientos de los legisladores que lindan con la ilegalidad, también se deben precisar las reglas para no dejar nada al criterio de otro funcionario público.
El mencionado Código de Conducta establece que los legisladores deben utilizar los recursos financieros, humanos y materiales que les son asignados de manera eficaz, eficiente, con austeridad, economía, transparencia y honradez, llevando a cabo los programas y objetivos de la Cámara, sin utilizarlos para beneficio personal o de terceros.
También limita otras malas prácticas como el nepotismo y amiguismo, pues demanda garantizar el acceso a los empleos, cargos o comisiones disponibles con base en la experiencia, idoneidad y grado de estudios de los candidatos, en cumplimiento, en su caso, de las reglas y criterios establecidos para el personal del Servicio Civil de Carrera, y cerciorarse que las personas no estén inhabilitadas.
De hacer caso a denuncias recientes, habría que revisar muchos de los casos de personal despedido en la propia Cámara de Diputados para darles sus lugares a recomendados de los nuevos legisladores o funcionarios de alto nivel de ese órgano legislativo.
La Cosecha
Apenas aprobada, en horas de la madrugada del reciente martes, la Ley Federal de Austeridad Republicana, parece destinada a ir al congelador.
En representación del llamado Bloque Opositor en el Senado, el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, anunció que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad por considerar que esa norma viola la Constitución y derechos humanos de los servidores públicos, a quienes se les impide contratarse al menos por un plazo de 10 años en la iniciativa privada.
El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México criticó que se avalara una ley que trastoca garantías fundamentales de los trabajadores de la administración pública , por lo cual consideró que este diferendo sólo podrá resolverlo la Corte.
El legislador dijo que la mencionada Ley tiene varias antinomias, lo que significa que choca con otras leyes que están hoy vigentes. En consecuencia, ahora tenemos dos leyes que regulan lo mismo, así que procede una acción de inconstitucionalidad, agregó Mancera.
El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, adelantó que esta ley a la que Morena le dio su aval se caerá en la Corte. “No puedes bloquearle a ningún servidor público ir a trabajar a donde le plazca, si es de manera lícita”, indicó.
Al margen de los aspectos legales, lo que es una realidad es que si un trabajador es despedido de una institución gubernamental, difícilmente encontrará de inmediato ocupación en otra dependencia pública y, si tampoco puede contratarse con una empresa privada, el camino que le queda es la informalidad o el autoempleo, que no siempre brindan la posibilidad de mantener una familia.
Aunque ha cambiado su actitud respecto a México, al grado de elogiar la colaboración de gobierno de México para contener a los migrantes, lo cierto es que no se puede confiar en el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues sus acciones en esa materia forman parte de su campaña electoral para lograr la reelección y, por consiguiente, puede cambiar de actitud de un momento a otro, conforme indiquen las encuestas que miden la popularidad.
Una evidencia de que la campaña antimigrante está en función de cuestiones electorales es el más reciente anuncio de Trump en el sentido de que las redadas masivas para expulsar a indocumentados empezarán después del próximo día 4, fecha en que se festeja la independencia de los Estados Unidos, por lo cual aumenta naturalmente el sentimiento nacionalista.
“Después del 4 de julio, mucha gente va a tener que salir”, dijo Trump, quien aseguró que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) “los van a detener y llevar de vuelta” a sus países.
Esto va a representar un problema adicional para México, pues de acuerdo con los recientes acuerdos con el gobierno del vecino país, para evitar que se aplicaran aranceles a las exportaciones nacionales, una parte de los deportados serán enviados a nuestro país y no directamente a sus naciones de origen.
Apenas un día después de que se anunció que el principal accionista de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, recuperó su libertad en España mediante el pago de una fianza de un millón de euros, el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin logró que la justicia mexicana lo protegiera para evitar ser despojado de una casa de su propiedad.
Los dos, el empresario y el ex funcionario son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestas irregularidades en la operación de compra-venta de una planta de fertilizantes.
La suspensión definitiva solicitada por Lozoya fue concedida por el titular del Juzgado 13 de Distrito de Amparo en Materia Penal, Jesús Alberto Chávez, quien determinó que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y no se remate, disponga, enajene, transmita o transfiera en favor de terceras personas el bien mencionado”, una casa ubicado en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) dio su respaldo al mandatario de Durango, José Rosas Aispuro, para reanudar la construcción de un sistema de metrobús que conectará Gómez Palacio y Lerdo, Durango, con Torreón, Coahuila, proyecto que fue echado abajo por el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de una consulta “a mano alzada”, durante una reciente gira por la región de La Laguna.
El metrobús fue incluido en la lista de proyectos de infraestructura por entidad que entregó el titular de la Conago, el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez, al propio presidente López Obrador.
