Tortura en México, un problema crónico y generalizado: ONU
Mundo sábado 29, Jun 2019- Erosiona al estado de Derecho y al sistema de justicia
- Un video evidencia prácticas del anterior gobierno federal sobre el caso Ayotzinapa
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) alentó a las autoridades mexicanas, federales y locales, a elaborar e implementar una estrategia nacional para combatir la tortura, a fin de erradicar un problema crónico y generalizado.
El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, instó a que en la definición de la agenda contra esta violación a los derechos humanos, trabajen de manera conjunta con la sociedad civil y otros actores relevantes, y reiteró la disponibilidad del organismo para seguir brindado asistencia y cooperación técnicas al Estado.
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, señaló que los instrumentos normativos para combatir este fenómeno continúan sin ser aplicados con efectividad, por lo que la tortura es aún uno de los elementos principales que erosiona al estado de Derecho y al sistema de justicia.
La ONU-DH llamó a emprender una lucha efectiva contra la impunidad endémica, y para ello consideró urgente que la Federación y todas las entidades cuenten con las fiscalías o unidades de investigación especializadas que la Ley General obliga a crear, así como que sean dotadas de recursos y capacidades para realizar investigaciones efectivas que permitan sancionar a los responsables.
Opinó que también es prioritario hacer diagnósticos y diseñar medidas destinadas a prevenir la tortura y otros malos tratos en los distintos ámbitos en los que ocurren estas prácticas; el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, que se elabora actualmente, está llamado a ser una de dichas medidas.
Jan Jarab sostuvo que “a la voluntad se debe agregar la definición de una política pública consistente de combate frontal a la tortura”.
“Las autoridades de todos los niveles deben abstenerse de designar a personas que han cometido actos de tortura, mantenerlas en sus puestos, promoverlas laboralmente o trivializar sus conductas. Preocupa que se continúen nombrando en cargos públicos a personas a las que se les han dirigido recomendaciones públicas por haber cometido actos de tortura”.
Por el contrario, “las autoridades deben ponerse del lado de las víctimas y no de los perpetradores y condenar la estigmatización hacia las personas que han sido sometidas a tortura y se les ha quebrantado su dignidad humana”.
Consideró necesario atender a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran diversos grupos de población y que los hace más propensos a sufrir tortura o malos tratos.
La ONU-DH exhortó a las autoridades mexicanas a atender las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en la revisión a México, así como las decisiones sobre el tema adoptadas por tribunales y órganos internacionales de derechos humanos.
En evidencia, las prácticas del anterior
gobierno sobre el caso Ayotzinapa
Un video con torturas a un detenido por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, divulgado en medios de comunicación y redes sociales en México, confirmó que se violaron derechos humanos en la investigación y volvió a poner en duda, e incluso, según diversas ONG, han echado por tierra la llamada “verdad histórica”, que el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto dio como versión oficial de los hechos sucedidos el 26 de septiembre de 2014.
En las imágenes, que fueron difundidas en los últimos días a través de las redes sociales, se ve a un hombre identificado como Carlos Canto Salgado, de 37 años de edad, quien fue detenido en octubre de 2014 como uno de los sospechosos por la desaparición de los normalistas.
Canto aparece sentado y maniatado, con los ojos vendados. Detrás hay una persona de uniforme, presuntamente un policía ministerial de la Fiscalía Federal, con una bolsa en las manos. Le interrogan. Un minuto más tarde, la persona de uniforme le coloca la bolsa en la cabeza, la cierra y estira.
En los interrogatorios del video se escucha la voz de Carlos Gómez Arrieta, presente en el momento de la tortura y cuestionando a Canto sobre el lugar al que fueron llevados los normalistas. Tras la difusión del video, Gómez, quien se desempeñaba como subsecretario de la Secretaría de Seguridad de Michoacán, fue destituido de su cargo.
Pese a que diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado y documentado en repetidas ocasiones que en el caso Ayotzinapa, las autoridades utilizaron métodos de tortura y no se respetó el proceso contra varios de los detenidos, las autoridades habían mantenido la llamada “verdad histórica” como la versión oficial del caso.
Sin embargo, el caso de Carlos Canto representa, según expertos, la prueba más polémica tangible de cómo se construyó esa verdad.
Suma Derechos Humanos más de
390 quejas por tortura en 19 años
Del año 2000 a mayo de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 11 mil 939 quejas, de las cuales 11 mil 549 son referentes a tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que 390 corresponden al delito de tortura.
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el organismo apuntó que en 19 años se han emitido 322 recomendaciones particulares y 21 por violaciones graves, tanto por tortura como por tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Del total de recomendaciones por violaciones graves por tortura en dicho periodo, seis se dirigieron a la Fiscalía General de la República, cinco a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tres a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, dos al gobierno del Estado de México y al del Michoacán, y el mismo número al ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero.
En tanto, las principales autoridades a las que se dirigieron las recomendaciones particulares por tortura fueron la Secretaría de la Defensa Nacional, que recibió 50 recomendaciones; la de Marina, 25; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 25; la Fiscalía General de la República, 17 y al gobierno de Tabasco, cuatro.
Mientras que los gobiernos de Chihuahua, Baja California, Guerrero y San Luis Potosí, así como a la Procuraduría General de Justicia Militar tuvieron tres cada uno. También se emitieron dos recomendaciones dirigidas a los gobiernos de Durango, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo, así como al Instituto Nacional de Migración.
En este contexto, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) realizó en 2018 un total de 525 visitas a diversas instituciones donde se encuentran personas privadas de libertad, de los cuales 55 son Centro de Reinserción Social y Cárceles Municipales, y 11 Centros de Tratamiento de Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley.
Además de 239 Agencias del Ministerio Público, 43 Hospitales Psiquiátricos, 94 Albergues; 101 Juzgados Cívicos y Separos Municipales y dos Estaciones Migratorias, localizados en 29 entidades federativas.
La CNDH subrayó que la persistencia de la práctica de la tortura en México se aleja de la consolidación de la institucionalidad y del respeto a la legalidad, y urgió que autoridades y sociedad reconozcan, entiendan y vean de frente el problema, ya que negarlo o relativizarlo no ayuda a nadie y perjudica a todos.
