Ratonera contra corruptos
Freddy Sánchez jueves 20, Jun 2019Precios y desprecios
Freddy Sánchez
La capacidad institucional para detectar cuentas bancarias, sospechosas de corrupción, es innegable. La tuvieron autoridades en sexenios anteriores y la tiene el gobierno en turno que en un santiamén “puso en jaque” a dos presuntos “pollos gordos” de la corrupción.
Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, y Alfonso Ancira Elizondo, Presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, ambos sin comparecer prontamente ante los tribunales de justicia en territorio nacional, a fin de afrontar las acusaciones en su contra, pero con dinero propio e incluso de sus familiares, sujeto a congelamiento.
La “mira pública” fue puesta ipso facto en las presuntas riquezas mal habidas de estos dos personajes de alta jerarquía social y política, antes incluso de que la “mano de la justicia” mexicana los haya tenido a buen recaudo para su enjuiciamiento penal, por diversas conductas presuntamente delictivas. Y si se les comprueba que estuvieron coludidos en actos de corrupción durante la pasada administración, las autoridades competentes estarán en posibilidades de recuperar para el erario público lo que indebidamente pudieran haber obtenido de sus corruptelas los actualmente perseguidos de la justicia.
Con las cuentas bancarias que se tienen congeladas, ese objetivo parecería estar plenamente garantizado.
Por desgracia, en el pasado no ocurrió así. Muchas fueron las posesiones inmobiliarias, vehículos, yates, inversiones, capitales empresariales e incluso joyas, caballos pura sangre y millones de dólares y dinero en moneda nacional, que después de su aseguramiento institucional en tanto se realizaron los juicios penales contra diversos políticos y hombres de negocios, acusados de corrupción, los abogados defensores de los detenidos ganaron las batallas legales en busca de la recuperación de dichos bienes.
O sea que el producto de los crímenes, volvió a manos de los presuntos criminales, porque en los procesos penales que se siguieron hubo incompetencia judicial para demostrar a plenitud la comisión de los delitos o bien por medio de estrategias legaloides lo decomisado tuvo devolverse. Con un grave perjuicio, además, en contra de la hacienda pública: millones y millones de pesos se destinaron y perdieron en la improductiva custodia y preservación de los bienes decomisados.
Así que es menester cambiar la ley para que la expropiación de los productos de la corrupción y la delincuencia organizada, deje de ser una gran farsa institucional, si consideramos que en el curso o al final de los procesos judiciales, comúnmente, quedan a salvo los intereses económicos de los sujetos a proceso penal, pudiendo eludir el pago de sanciones económicas y recuperando todo o casi todo lo que les decomisaron, cuando que los bienes producto de la delincuencia y corrupción deben ser usados para el beneficio público.
No es de desear, por supuesto, que se despoje de sus bienes y dineros a los que puedan demostrar su legítima procedencia, aun tratándose de sujetos a proceso. Mucho menos a sus familiares y amigos.
Otra debe ser la acción de la justicia para quienes de la noche a la mañana se hayan enriquecido por haber estado en un cargo público o sean familiares y “prestanombres” de funcionarios y políticos, que no puedan demostrar la posesión legítima de lo que detentan. Dicho de otro modo: la captura de bienes mal habidos requiere un tratamiento legal propio que debe ir al parejo de los juicios penales contra presuntos delincuentes. Los bienes que estén bajo sospecha de ser mal habidos, si en seis meses no se acredita su posesión lícita, una vez congelados que se pongan a remate público. Eso sería darle un giro a la lucha contra la criminalidad buscando descapitalizar a los que delinquieron o sencillamente no pudieron acreditar que lo que poseen tiene un origen legítimo. Obvio es que para lograr algo así, es menester cambiar las normas legales o lo que es lo mismo: echar mano de una más eficaz “ratonera” contra los corruptos.