López Obrador no se deja ayudar, ni se dejará
Adriana Moreno Cordero miércoles 19, Jun 2019La Retaguardia
Adriana Moreno Cordero
- Quiere acabar con INE y Oples
- Los ahorros colocan contra las cuerdas a sistema democrático: Córdova
Cuánta razón tiene el senador panista Antonio Martín del Campo cuando dice que la bancada de Acción Nacional en el Senado de la República en realidad lo quiere ayudar, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se deja.
Lo cierto es que el jefe del Ejecutivo, no se deja ayudar, pero por absolutamente nadie. Es más, hasta en el seno del gabinete de la llamada Cuarta Transformación, existen serios pleitos y contradicciones que el mismísimo tabasqueño ha propiciado.
El legislador panista, en el punto central de su mensaje, subrayó que es necesario que el presidente escuche las propuestas para evitar tomar decisiones a capricho.
Esto último es algo que el Ejecutivo debería de tomar en cuenta porque por lo visto hasta aquí, lo que pretende es disfrazar de convicción democrática sus imposiciones.
Y el ejemplo más claro de lo anterior es que en este nuevo período extraordinario, el presidente quiere imponer su muy personal versión de reforma electoral en la que de plano intentará acabar con el Instituto Nacional Electoral, para colocar ahí a consejeros electorales incondicionales a él que, obviamente, se limiten a cumplir las instrucciones que el tabasqueño les gire y de pasada, cortar de tajo a los Organismos Públicos Locales.
Todo ello tiene un hilo conductor que se llama Revocación de Mandato.
Primero, el presidente tenía la obsesión de aparecer en las boletas de las elecciones del 2021, confiado en que el efecto AMLO le alcanzará para ganar votos, porque lo cierto es que los comicios del pasado 2 de junio, lo que triunfó fue el abstencionismo, pues se calcula que en promedio, la participación ciudadana alcanzó con trabajos apenas un 23 por ciento, así que los triunfos que tanto “cacarea” tanto Morena como su dueño, por ejemplo, en las gubernaturas de Baja California y Puebla, serían muy cuestionables debido el factor abstencionismo.
Bueno, como el presidente no tuvo el eco esperado, entonces ayer, en su acostumbrada conferencia mañanera, propuso una nueva fecha para la consulta sobre la revocación de mandato: el 21 de marzo del 2021, una fecha que considera cabalística.
Afortunadamente y pese al accionar de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, legisladores de oposición demandaron que la consulta de revocación de mandato que quiere imponer el presidente se realice el 1 de diciembre del 2021.
Esta última no es una fecha cabalística para el de Macuspana pero en todo caso, es sin duda, la fecha correcta, ya que ese día cumpliría tres años (que más bien parecerían tres siglos), de haber asumido los destinos del país.
Qué bueno que los legisladores de la oposición, así como buena parte de la ciudadanía, se han dado cuenta de la trampa que intenta poner López Obrador, que por lo menos en el tema, ya no podrá continuar dando “atole con el dedo”, como le hace día a día con sus seguidores.
Los integrantes del Consejo del Instituto Nacional Electoral, que encabeza Lorenzo Córdova, han constituido también un factor muy importante para equilibrar las imposiciones del presidente en cuanto a su muy personal reforma del Estado.
Córdova Vianello advirtió que bajo el argumento de la austeridad, la llamada Cuarta Transformación no aclara de cuánto podrían ser los ahorros, “no todo lo que se plantea reduciría gastos y lo que se propone, pondría contra las cuerdas al sistema democrático así como a la operatividad del propio sistema electoral”.
Añadió el consejero-presidente del INE que si se trata de recortar gastos, hay otras formas mejores que desaparecer a los organismos públicos locales, porque en la discusión electoral que se ventila en el Congreso de la Unión, el debate se ha centrado en que si se podrían organizar o no elecciones con o sin Oples.
Entonces la pregunta con dedicatoria a Morena sería: ¿por qué se quiere cambiar de manera drástica lo que está funcionando?
Lo que llama la atención de todo este asunto, es que desde el principio, López Obrador y sus seguidores se han resistido a que el INE implemente el voto electrónico, mismo que permitiría un ahorro de cuatro mil 500 millones de pesos.
La respuesta a todas estas inquietudes parece tenerla el consejero Ciro Murayama, quien en una excelente frase resumió sobre el tema electoral: “tenemos una agenda planteada desde el poder y en la lógica del poder”.
Murayama explicó que definitivamente, el centralismo no ha sido un buen compañero de la democracia, “la elección más cara es la más barata, que sería no hacer elecciones”, sentenció el consejero, que en cuanto al manido argumento de Morena sobre la austeridad, señaló que la lógica de los del partido del presidente, es que primero está el recorte de recursos luego los derechos de la gente. ¡Qué tal!
Municiones
*** ¿Y todo a media luz, como dice un popular tango?, parece que así será porque la bancada de Morena que en la Cámara de Diputados coordina Mario Martín Delgado, determinó que por razones de austeridad, en el Palacio Legislativo de San Lázaro se ahorrará al máximo la energía eléctrica. Lo que resulta aberrante, es que están prohibidas las cafeteras eléctricas y los hornos de microndas, e incluso, que los reporteros que cubren esa “fuente” no puedan conectar sus celulares.
*** Por consiguiente, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, aclaró, juró y perjuró, que congruente con el impulso al Plan de Austeridad Republicana promovido desde el primer día de la 64 Legislatura, no existe senador o funcionario alguno que gane más que el presidente López Obrador.
Manifestó que los senadores perciben una dieta neta de 105 mil pesos mensuales, en tanto que en el tabulador para empleados y funcionarios, el puesto más alto tiene un ingreso neto de 104 mil pesos mensuales. Monreal, anunció en septiembre del año pasado, en el arranque de la actual legislatura, el ambicioso Plan de Austeridad Republicana respaldado por todos los grupos parlamentarios de la Cámara alta, que tuvo un ahorro inicial de más de 600 millones de pesos.
Dicho acuerdo incluyó poner fin al uso indiscriminado de recursos económicos para vehículos, gasolina, choferes, guaruras, asesores, telefonía celular, bonos, estímulos, complemento de aguinaldo, así como gastos por concepto de comidas, viáticos, viajes y los seguros de separación individualizada y de gastos médicos mayores, entre otros.
