Otra vez, malas calificaciones para México
Miguel Ángel Rivera martes 18, Jun 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Las menospreciadas —por el presidente Andrés Manuel López Obrador—, calificadoras internacionales aplicaron una nueva sanción negativa a la economía mexicana.
La mala calificación para México provino esta vez de la empresa especialista Moody’s, que atribuyó su decisión a que el “impredecible proceso de creación de políticas en México está socavando la confianza de los inversionistas y las perspectivas económicas a mediano plazo”.
La consecuencia es que esa empresa especializada pronosticó para México un crecimiento de 1.2 por ciento en 2019, en vez del 2 por ciento registrado en 2018.
En particular es de mencionar que los especialistas estiman que “los ingresos públicos pueden ser más bajos que lo que anticipa el gobierno, lo que requeriría recortes de gasto para mantener la disciplina fiscal como ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador”. Esto lo dijo Alejandro Olivo, gerente asociado de Moody’s en un boletín.
De otra parte, en su nuevo reporte, la firma calificadora pronosticó que la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) requerirá apoyo financiero adicional del gobierno mexicano para financiar sus planeadas inversiones.
“Pemex necesitará aun más respaldo gubernamental si ha de lograr sus ambiciosas metas de producción, y pudiera también requerir ayuda para sus grandes vencimientos de deuda”, señaló.
Moody’s.
Como si fuera una sombra de la cual no puede salvarse, la calificadora precisa en otra parte de su dictamen que, “si bien el apetito por invertir en proyectos de infraestructura en México existe, el ambiente impredecible que siguió a la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México también ha socavado la confianza del mercado y de los inversionistas en el sector”.
De acuerdo con el reporte, los directivos de los fondos de pensiones y de inversión mantendrán su estrategia conservadora de inversión, con altas concentraciones de valores de corto plazo y altamente líquidos.
La calificación de Moody´s no sólo alcanza al gobierno mexicano, también hace referencia a instituciones financieras privadas.
Por ejemplo, para la primera semana de junio, cambió la perspectiva de estable a negativa para siete bancos mexicanos, entre ellos BBVA Bancomer, Santander y Banorte.
Esta variación es consecuencia del cambio de perspectiva a negativa desde estable de la calificación de bonos del gobierno de méxico de A3, anunciada el 5 de junio de 2019”. Por si no fuera suficiente, Moody’s cambió la perspectiva de la deuda soberana para México de estable a negativa al estimar que el país tendrá en el 2019 un “año difícil”, e hizo lo mismo para Pemex.
Se puede apostar doble contra sencillo que el gobierno del presidente López Obrador descalificará estos cálculos y lo atribuirá a malas influencias de organismos internacionales ligados al neoliberalismo.
La Cosecha
Lo que no parece tan normal es que los desacuerdos con el presidente López Obrador se manifiesten dentro de su equipo cercano.
Por ejemplo, está el caso del secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, quien ha sido el principal impugnador del proyecto de construir un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México en rumbos de Texcoco.
A últimas horas, Jiménez Espriú ha dedicado parte de sus esfuerzos a desmentir rumores que aseguran que pronto renunciará al equipo del primer mandatario. Calificó de “chismes” las versiones extraoficiales que aseguran saldrá del gabinete federal.
El funcionario federal manifestó que los rumores “le dan risa” y que seguirá formando parte del gabinete del presidente de México “mientras el cuerpo lo permita”.
En cuanto a los juicios de amparo interpuestos en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía en el estado de México, Jiménez Espriú estimó que son procedimientos y recursos previstos en la ley que deberán desahogar su curso.
Hasta allí, todo bien y dentro de lo normal.
La novedad consiste en que Jiménez Espriú no estuvo de acuerdo con la opinión del presidente López Obrador en el sentido de que, quienes promueven las impugnaciones contra la terminal aérea de Santa Lucía “son corruptos”.
“No, no estoy de acuerdo con el presidente”, señaló el funcionario. Explicó que los amparos son “un procedimiento legal que existe”, aunque las obras ni siquiera han comenzado.
Espriú negó que en el resto de las obras haya subejercicio y aseguró que 90 por ciento del presupuesto ya está comprometido mediante licitaciones y contratos.
Desde antes de su nacimiento, hubo muchas críticas contra la Nueva Constitución de la Ciudad de México que, de tanto pretender ser la más moderna, incluyó en su articulado mandatos que contradicen la Carta Magna del país.
Esto lo confirmó la Suprema Corte de Justicia (SCJN) al invalidar dos artículos de la Constitución de la Ciudad de México con los que se reformaban diversos aspectos relacionados con el funcionamiento del Poder Judicial de la capital del país.
Por mayoría de ocho votos, los ministros anularon las normas que establecen la designación del Consejo de la Judicatura local por un Consejo Judicial Ciudadano y la prohibición de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) encabece también el Consejo de la Judicatura local.
De esta manera se invalida el artículo 35 de la Constitución capitalina, el cual establecía que el Consejo de la Judicatura se integraría por siete consejeros o consejeras designados por el Consejo Judicial Ciudadano, de los cuales tres deberán contar con carrera judicial, además de prohibir que el Consejo de la Judicatura lo pueda presidir quien encabece el Tribunal Superior de Justicia.
En marzo de 2017, magistrados del TSJCDMX presentaron ante la Corte controversias constitucionales contra los artículos 35 y 37 de la Constitución capitalina, al considerar que ambos preceptos violan la autonomía e independencia del poder judicial local, lo cual confirmó la Suprema Corte.
Pero no se trata del único juicio en contra del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
La Barra Mexicana de Abogados (BMA) presentó otro alegato jurídico por considerar que el gobierno federal viola el Estado de Derecho, tras las declaraciones del presidente López Obrador, al anunciar que se revelarían nombres de los promoventes de amparos que se han tramitado contra la suspensión de obras del Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, Estado de México, y la cancelación de las obras en Texcoco, así como los intereses detrás de ellos.
La Barra recordó que el viernes pasado el mandatario federal advirtió que si sus “adversarios” logran frenar con amparos el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, él los exhibirá “para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses”.
Mientras tanto, Javier Coello Trejo, abogado defensor del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, aseguró que su cliente “nunca pisará la prisión” a pesar de las denuncias de irregularidades en la compra de una planta industrial para producir elementos básicos para fertilizantes.
Asimismo, Coello Trejo afirmó que el ex director de Pemex continúa en la Ciudad de México, pero descartó que vaya a ser detenido porque “no lo van a encontrar”.
En entrevista telefónica con Notimex, Coello Trejo calificó de “lógico” que fuera retirada la suspensión definitiva contra su aprehensión, toda vez que no compareció la semana pasada ante el juzgador y admitió que el ex funcionario federal puede ser arrestado en cualquier momento “si lo encuentran”, pero “no lo van a detener”, e insistió en que “no lo van a encontrar”.
Coello Trejo también comentó que “el juicio de amparo continúa y vamos nosotros a presentar todas nuestras pruebas en virtud de que la Fiscalía nunca nos citó para poder defendernos”.
Aseguró que se agotarán todas las vías legales para la defensa de Lozoya Austin y destacó que resulta de risa la denuncia de que le dieran dinero “dos años antes de que fuera director de Pemex”.
Difícil de explicar, pero al mismo tiempo que el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el beligerante Donald Trump, amenaza con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, las autoridades de los dos países estudian la posibilidad de abrir un nuevo cruce fronterizo en la zona Tijuana-San Diego, para facilitar el cruce de mercancías.
