Recortes, recortes y más recortes, a nombre de la austeridad
Jorge Luis Galicia Palacios lunes 3, Jun 2019Como veo, doy
Jorge Luis Galicia Palacios
- Desempleo, tema prioritario en la agenda nacional
- Revisión a Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública, tarea del Legislativo
Con oficio administrativo de por medio, el último día de mayo desaparecieron de la burocracia mexicana casi dos mil plazas de nivel de Dirección General Ajunta (DGA) que se ubicaban en 31 dependencias del gobierno federal.
¿El motivo?, se argumentó que la medida fue para generar ahorros en las arcas públicas.
Es cierto, gran parte de las plazas recortadas surgieron al amparo de compadrazgos y todo tipo de favoritismos durante las administraciones de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y con esas acciones el aparato burocrático se hizo más robusto, que no quiere decir más efectivo, y (según reportes) en 2001 existían 709 plazas del referido nivel y al final del año 2012 la cifra había aumentado considerablemente a cerca de mil 500. Seis años más tarde la cifra inicial se acercó al número dos mil.
Hoy en día, entre la burocracia mexicana hay un ambiente de sentimientos encontrados, para algunos el recorte de DGA fue acertado porque solo así se pudieron extirpar algunos nombres que, sin experiencia alguna en las áreas donde cobraban, habían llegado al servicio público por la vía del dedazo y líneas consanguíneas, o sea nepotismo. Por otro lado, así como había situaciones nefastas en algunas DGA, igual se afectó a quienes llegaron hasta esos niveles por méritos y en reconocimiento a su experiencia.
En ese sentido, algunos empleados del gobierno federal nos hacen ver su acuerdo en la medida más no comparten la forma, porque, aunque gran número de esos espacios habían aterrizado para choferes, secretarias privadas, amantes, novias, esposas y amigos, nos dicen que antes del recorte se debió hacer una valoración administrativa para no meter en un mismo costal a gente valiosa que con su vocación y conocimientos sacaban a flote los trabajos de las áreas donde laboraban.
No fue así, la guillotina llegó para todos por igual y queda claro que el recorte se aplicó no para reforzar estrategias o renovar ánimos en el equipo gubernamental sino simplemente para ahorrarse unos pesos que bien pudieron haber salido de otros rubros si antes se hubiera pensado en todo un plan de reingeniería administrativa, donde los mejores perfiles hubieran permanecido más allá de colores partidistas o de intereses de grupo.
En fin, el desempleo empieza a ser un tema que tarde o temprano deberá ser atendido en la agenda de las prioridades gubernamentales, porque al recorte de las DGA, hoy se habla también de los recortes a los programas de empleo temporal, a la disminución de becas o programas de apoyo a estudiantes y pasantes de medicina en el sector salud y a que decir de la desaparición de las delegaciones federales, del SAT o de las oficinas de Turissste, por solo mencionar algunos casos, donde muchos profesionistas prácticamente fueron lanzados a la calle sin que en la economía formal existan oportunidades de empleo porque antes esta situación no se previó. En fin, ahí una alerta ante los recortes de plazas en el servicio público.
VA MI RESTO.- Hace más de una década que en el ámbito laboral, como una necesidad para formar y conservar la vocación de servicio en la administración pública, se creó una ley que se denominó del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y gradualmente se fue implantando en el gobierno desde abril de 2004
Han pasado quince años y a la fecha los objetivos de dicha ley al parecer ya fueron rebasadas y hoy sus preceptos requieren una revisión legislativa a fondo para vigorizar la administración pública y sacar de esa zona de confort, con casos excepcionales, a cientos de empleados favorecidos por este esquema y que de alguna manera se sienten intocables al amparo de los beneficios de una ley que no acaba de convencer en cuanto a las justificaciones legales por las que fue creada.
Y no convence, porque de entrada se implementó mal, ya que unos días antes de que entrara en vigor se dio de baja a verdaderos profesionales de las diferentes áreas quienes fueron sustituidos para cubrir “cuotas” de partido, al grado tal que las administraciones de Fox y Calderón fueron identificadas como gobiernos de “cuates”.
Sin duda una tarea para la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión en el sentido de seguir avanzando con esa iniciativa que empezó a agarrar forma a principios de 2003, en el entendido de que todas las leyes son susceptibles de corregirse o ser actualizadas, y en ese contexto, después de 15 años, no estaría mal que diputados y senadores echaran un ojo a esta ley que tenía por objeto primario preservar la experiencia acumulada de los servidores adscritos en dependencias y entidades del gobierno federal.
No es el caso de todos, pero entre la misma burocracia se dice que esto no funcionó así y en las evaluaciones trianuales el criterio y procedimientos que predominan son más allá del conocimiento o la experiencia, y eso en mi pueblo se conoce como “influyentismo”.
En la administración pública hay miles de trabajadores que cuentan con currículos y comportamiento moral aceptables, no obstante, esos perfiles no han sido tomados en cuenta cada vez que se presenta una oportunidad para los asensos o mejoras salariales, y esos al final ha ido minando la competitividad, la calidad y las ganas de miles de profesionistas que se han formado al amparo de una plaza sindical, y si ellos no son tomados en cuenta estando dentro de la burocracia es de imaginarse lo que sucede para quienes, con una preparación académica calificada, buscan ingresar a la administración pública como su primer empleo y de esa forma fortalecer sus habilidades y conocimientos con la esperanza de ser mejores, competitivos y productivos, pero todo eso hasta ahora han sido sueños guajiros para muchos jóvenes y adultos sin empleo o sindicalizados, y hasta ahí porque como veo, doy.
