Va para largo supuesto castigo a ex director de Pemex
Miguel Ángel Rivera jueves 30, May 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Como ocurre con frecuencia en casos semejantes, la consignación del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y del presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, se debe de tomar con debidas precauciones, pues no se resolverá fácilmente ni habrá fallos definitivos a corto plazo.
Como muestra se debe tener en cuenta la decisión de juez federal en materia penal de la Ciudad de México de conceder una suspensión provisional a Lozoya Austin, contra una posible orden de aprehensión girada en su contra.
El Poder Judicial de la Federación informó que se concedió dicha suspensión provisional y solicitó a las autoridades federales informes sobre el caso.
Esta decisión se dio en respuesta a una solicitud de la defensa del ex director de Pemex, que solicitó un amparo para conocer si existe o no una orden de aprehensión en su contra, así como para conocer el delito del que se le acusa.
Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya Austin, reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda no ha notificado oficialmente sobre el congelamiento de cuentas de su cliente.
De hecho, lo mismo ocurre en el caso del dueño de Altos Hornos de México que, se ha dicho en medios judiciales, fue por los presuntos delitos de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal. Sin embargo, su defensa, también dice ignorar los cargos que se le imputan.
Esto es muy delicado, pues con el nuevo sistema de justicia oral, se cuidan mucho los pasos a seguir, pero siempre se corre el peligro de que, debido al lucimiento que pueden generar estos casos, con frecuencia algunos funcionarios públicos anticipan juicios o incurren en otras irregularidades que afectan el “debido procedimiento”.
La suspensión concedida a Lozoya Austin prevalecerá hasta que el juez celebre la audiencia incidental que está prevista para el 4 de junio próximo para definir si concederá el trámite de manera definitiva o lo negará, pues ello depende de la existencia de una orden de captura con evidencias de una presunta violación que amerite prisión preventiva de oficio, lo cual se puede anticipar que no es el caso, pues a pesar de los muchos millones de dólares que están en juego, estos delitos de “cuello blanco” no son considerados graves.
Pero también podría ser que la Fiscalía General de la República (FGR), que lleva estos casos, pida que se “estrene” con Lozoya y con Ancira la recién aprobada reforma constitucional que aumentó la lista de ilícitos considerados graves y ahora incluye también el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
De cualquier forma, ese procedimiento judicial llevará seguramente varios años, pues por la dimensión de los personajes involucrados y por la dificultad de probar algunos delitos, seguramente los casos terminarán en su última instancia, ante la Suprema Corte de Justicia.
La Cosecha
Hasta la última fase llegó precisamente el litigio político-electoral que se desató en Baja California, por la reforma constitucional que redujo el periodo para el cual será elegido el próximo gobernador de 6 a 2 años.
La reforma constitucional se aprobó sin grandes resistencias desde antes de que Morena se convirtiera en el partido dominante y aparezca ahora con grandes posibilidades de terminar con el largo periodo de casi 30 años de dominio del PAN que, a su vez, desplazó al PRI. El cambio se hizo para emparejar las elecciones de Baja California con las federales, como se ha realizado en otros muchos estados de la República.
En la medida en que aumentaron las posibilidades de Morena, que lleva como abanderado al empresario Jaime Bonilla, sus compañeros de partido empezaron a combatir la mencionada reforma, para asegurarle a su abanderado un periodo “completo” de seis años, hasta llegar a la máxima instancia en esta materia que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF o TRIFE).
Al inicio de la campaña, Morena presentó el recurso jurídico para modificar el periodo, propuesta que avalaron dos de los tres magistrados electorales locales y eso provocó que el tema fuera después abordado por la Sala Regional del TEPJF, donde consideraron que el recurso estaba fuera de tiempo legal.
Finalmente, el caso llegó a la Sala Superior del Tribunal, la cual dio ayer su fallo definitivo: la reforma constitucional es válida y, en consecuencia, el próximo periodo de gobierno tendrá una duración de sólo dos años.
El optimismo del presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo en materia de finanzas, sigue sin tener el respaldo de los principales especialistas de los organismos autónomos.
El Banco de México (Banxico) revisó, nuevamente, a la baja la perspectiva de crecimiento de la economía mexicana para 2019. Anteriormente se había estimado un aumento entre 1.1 y 2.1 por ciento, pero en la nueva estimación de los especialistas del Banco Central quedó entre 0.8 y 1.8 por ciento.
Los analistas de Banxico estimaron la reducción a partir de que prevén que hay una desaceleración en la economía “más marcada de lo previsto”.
El gobernador del Banco, Alejandro Díaz de León Carrillo, precisó que para el año próximo (2020) el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana se mantiene en un intervalo de entre 1.7 y 2.7 por ciento.
Al presentar el “Informe trimestral enero-marzo 2019”, el titular del Banco Central dio un poco de esperanza de que mejore el panorama, al señalar que para los próximos trimestres se anticipa que la economía mexicana retome una senda de crecimiento, apoyada por las contribuciones positivas de la demanda interna y externa.
La repentina cancelación de la comparecencia ante los legisladores federales de la poderosa oficial mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro, no pasó inadvertida por los diputados de oposición, que se quejaron de la decisión unilateral de Morena y además pidieron que en vez de esa funcionaria se presenten ahora los secretarios de Hacienda y de Salud, Carlos Urzúa y Jorge Alcocer, para que expliquen los recortes presupuestales al Sector Salud que tantas protestas han generado por las deficiencias reportadas en casi todos los hospitales y clínicas oficiales.
La diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, reveló que la noche del lunes la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez, les informó mediante un mensaje telefónico que ya se habían reunido con la oficial mayor, por lo cual se cancelaba la reunión programada para este martes.
Tagle protestó porque con tal procedimiento se dejó fuera a los diputados de oposición que consideran esa reunión muy importante porque pedirían a la funcionaria explicar los retrasos, recortes y nuevos esquemas de compra y distribución de medicamentos.
A su vez, la diputada del PRD Frida Esparza, además de protestar por la cancelación de la comparecencia —que supuestamente fue sustituida por una reunión privada en la que sólo participaron legisladores de Morena—, y demandó que ya no se pospongan las licitaciones para la compra consolidada de medicamentos, pues de lo contrario seguirán las afectaciones a los pacientes de cáncer y de VIH.
A nombre de su bancada, la diputada del PRD dijo que en la práctica, el llamado plan de austeridad se ha convertido en un subejercicio disfrazado de “ahorro”, pues en los reportes de la Secretaria de Hacienda se aprecia que, en el Sector Salud, no se ejercieron recursos ya aprobados por la Cámara de Diputados.
Como era de esperarse, el consejero electoral de Morena y senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, anunció que protestará contra la decisión de suspenderlo en sus derechos partidarios por haber criticado la actuación de la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky.
“Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, voy a impugnar la determinación ante los órganos internos de Morena, en tribunales locales y federales, y de ser necesario, en internacionales, por lo cual la sentencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia aún no está firme”, aseguró.
Agregó que, como militante de la organización partidista busca hacer valer los estatutos que han sido violentados por la presidenta Polevnsky, lo cual se refleja en los diversos juicios promovidos por militantes, interpuestos en diversos tribunales electorales del país.
