Ordena la Suprema Corte de Justicia depurar la Ley de Remuneraciones
Miguel Ángel Rivera martes 21, May 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
A pesar del aparente triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de su partido, Morena, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a declarar inválida en su totalidad la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ayer la situación cambió radicalmente, por lo que diputados y senadores “morenos” tendrán que trabajar otra vez para redactar una norma que cumpla cabalmente con las disposiciones constitucionales.
Al continuar con la revisión de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores de oposición, organismos autónomos y servidores públicos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobaron, por unanimidad, invalidar los artículos 11 y 12 de la controvertida Ley, así como algunos artículos del Código Penal Federal relativos al delito de remuneración ilícita.
Debido a esas decisiones de los ministros del máximo tribunal de la nación, los integrantes del Congreso de la Unión quedaron emplazados para que en el próximo periodo ordinario de sesiones, a iniciarse en septiembre, establezcan con claridad el parámetro para definir el salario del Presidente de la República y, por consiguiente, de los altos funcionarios gubernamentales, pues lo que sí se mantiene es el principio de que nadie puede ganar más que el titular del Ejecutivo Federal.
Los ministros determinaron que existen imprecisiones en la redacción del articulado de la mencionada Ley de Remuneraciones, por lo cual tendrá que ser revisada por senadores y diputados, para que se establezcan los referidos parámetros pues deben fijarse las remuneraciones de los altos funcionarios y que esta acción no se determine de manera discrecional.
La decisión de demandar claridad en los procedimientos para determinar y presupuestar las remuneraciones fue a partir de una moción del ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá.
A su vez, el ministro Alberto Pérez Dayán impulsó las reformas al Código Penal Federal en lo relativo al delito de “remuneración ilícita”.
Pérez Dayán fue el mismo que desde diciembre anterior ordenó suspender la aplicación de la Ley de Remuneraciones, en atención a las protestas de inconstitucionalidad promovidas por los mencionados legisladores y otras instituciones y hace unos días, al iniciarse la revisión de la mencionada norma, propuso que fuese rechazada totalmente, pero aunque tuvo mayoría no logró sumar los ocho votos que se requieren para una decisión de ese nivel.
La Cosecha
En reunión privada, efectuada en Palacio Nacional, el presidente López Obrador y el presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el queretano Francisco Domínguez, acordaron impulsar un acuerdo nacional “por la concordia”, con participación de gobernadores, empresarios y trabajadores, sobre cuatro puntos principales: lucha contra la corrupción; crecimiento económico; seguridad y abatimiento de la pobreza.
Domínguez informó que el primer mandatario decidió que el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, sea el enlace para iniciar contactos con el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y dirigentes sindicales, para definir el alcance de los acuerdos en cada uno de los temas.
El gobernador de Querétaro destacó la importancia de que todos los actores se comprometan a impulsar estos temas centrales y mencionó que se pactó que cada una de las entidades presente un proyecto que permita impulsar el crecimiento del país.
Increíble, pero hasta los altos funcionarios federales atribuyen las demoras a cuestiones burocráticas.
El caso más reciente es la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien admitió que todavía no tiene la manifestación de impacto ambiental del tan pregonado proyecto de crear una nueva refinería en el puerto de Dos Bocas, Tabasco.
Cuando se le pidió que precisara la etapa en que se encuentra la solicitud para poder iniciar las obras, dijo que de hecho ya se tiene el documento de aprobación de impacto ambiental. Lo que ellos están solicitando son prácticamente cuestiones burocráticas, añadió la funcionaria.
Entrevistada en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Energía, sostuvo que ya está todo listo para dar el arranque el próximo 2 de junio, “como lo anunció el presidente” y desestimó las objeciones de empresas que estiman que el costo será mayor al estimado oficialmente y que los trabajos de construcción requieren también más tiempo del planeado.
Al respecto, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el ex dirigente nacional del PRI y ahora diputado federal Enrique Ochoa Reza, aseguró que ese proyecto de la refinería de Dos Bocas “va de tropiezo en tropiezo” y advirtió que en caso de que resulte fallido le puede costar que empeore la calificación internacional de Petróleos Mexicanos, lo cual a su vez afectará el bolsillo de los mexicanos.
El legislador del tricolor propuso que la Comisión de Energía fiscalice “trimestre tras trimestre” al proyecto de Dos Bocas para determinar la evolución de cuatro aspectos fundamentales: tiempo, costo, tamaño y tecnología.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, renovó ayer su petición a los coordinadores de todos las fracciones parlamentarias de mantener el esfuerzo para sacar adelante las leyes secundarias de la Guardia Nacional y, al mismo tiempo, reafirmó que están a un paso concretar acuerdos sobre el ciento por ciento de los artículos.
En conferencia de prensa, el también coordinador de la bancada de Morena, reiteró que la Guardia Nacional será civil con mando civil, por lo cual se ha logrado gran colaboración de los grupos parlamentarios.
Confirmó además que el motivo de la tardanza es que se quiere que salga por consenso y no por mayoría, como bien podrían hacerlo Morena y sus aliados.
En tanto, la Fracción Parlamentaria del PRI en el Senado confirmó que dará su voto a favor de las leyes reglamentarias, “para que la Guardia Nacional entre en operaciones de inmediato”.
“Mañana (hoy) se presentarán las iniciativas firmadas por todos los senadores de la República para que pasen a las comisiones respectivas, se dictamine y mañana mismo se voten las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional que incluye la Ley del Uso de la Fuerza y La Ley Orgánica de la Guardia Nacional”, dijo el subcoordinador de la bancada tricolor, Manuel Añorve Baños.
En conferencia de prensa, el senador guerrerense exhortó al presidente López Obrador a que el nuevo esquema de seguridad con los elementos de la Guardia Nacional se inicie “de manera urgente, porque es la demanda ciudadana”.
Aunque la encargada del Programa de Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJ), Raquel Sosa, sospecha de que las protestas de los alumnos de las llamadas universidades de Morena sean auténticas, los representantes de esos jóvenes confirmaron que darán la batalla legal para evitar que los anunciados cambios administrativos afecten la continuidad de sus estudios.
Los alumnos de las escuelas creadas por Morena en 2016 se oponen principalmente a la posibilidad de que sus centros de estudio queden bajo la administración del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (CREFAL).
En particular, los supuestos perjudicados presentarán un amparo por violaciones a derechos humanos y, en específico, por atropellos a su derecho a la educación.
La iniciativa es encabezada por profesores y estudiantes de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga que funcionó durante estos tres años en la alcaldía de Cuauhtémoc y cuyo director, hasta hace unos meses, fue Netzaí Sandoval Ballesteros, actual titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, hermano de Irma Eréndira, secretaria de la Función Pública.
“Lo que le han contado es una dramatización de algo que no ha ocurrido, escándalos que no me interesan”, sostuvo la encargada de las Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJ), Raquel Sosa, en entrevista con el diario Crónica, en la cual negó que se pretenda incorporar al CREFAL a esas escuelas, que no son de Morena; son independientes, aunque se sostuvieron con donativos de algunos legisladores de ese partido.
