Elecciones, un buen pretexto para el “turismo”
Miguel Ángel Rivera lunes 20, May 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Ante los nulos resultados de las comisiones especiales y de los grupos de trabajo creados por las cámaras de Diputados y Senadores, en medios legislativos se comenta en tono de broma, que es la mejor forma para evitar que se solucione algún problema.
Esta guasa tomó actualidad, luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó crear un grupo de trabajo para dar seguimiento a los procesos electorales que se llevarán a cabo este año en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como la elección extraordinaria en Puebla.
El grupo de trabajo lo integran 14 legisladores: cinco de Morena; dos del Partido Acción Nacional (PAN); dos del Revolucionario Institucional (PRI), y un integrante por cada una de las fracciones de Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo (PT); de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social.
Como sucede en cualquier elección constitucional, sea federal o local, y conforme a lo que disponen la Constitución y Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los responsables de cuidar el adecuado desarrollo de las votaciones, son los ciudadanos convertidos en ese momento en autoridades electorales y que están a cargo de las numerosas casillas que se instalarán en cada entidad federativa.
Pero como el sistema político-electoral de México está construido en torno a la desconfianza, los partidos políticos y los candidatos pueden nombrar a sus representantes para cada casilla y para cada instancia del proceso electoral.
Y, por si eso no fuera suficiente, las mismas normas electorales establecen el sistema de “observadores electorales”, presumiblemente personas que no tienen filiación partidaria y que representan a la “sociedad civil”.
Adicionalmente se supone que en caso de presentarse situaciones que constituyan violaciones a la ley, está la vigilancia a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), ahora dependiente de la Fiscalía General de la República. Eventualmente, ese organismo deben consignar ante un juez a los delincuentes electorales.
Ante ese cúmulo de instancias para asegurar la legalidad electoral, parece excesivo que el Congreso –esta vez por conducto de su Comisión Permanente– decida integrar un organismo más para vigilar el adecuado desarrollo de los comicios.
Salvo casos excepcionales, los senadores y diputados son militantes de algún partido político. Entonces, tienen a la mano el recurso de ser nombrados representantes de su partido o de alguno de sus candidatos.
Ni diputados ni senadores tendrán una función de autoridad en el proceso electoral. A lo más que pueden aspirar es a ser testigos en caso de denuncias ante los referidos organismos responsables de perseguir los delitos o, simplemente, ir a la tribuna, ya sea de la Permanente o de alguna de sus cámaras para convertir esos casos en asuntos políticos.
Ante eso, la única explicación posible es que la integración del referido “grupo de trabajo” es sólo un recurso para disfrazar el “turismo electoral” y eso que estamos inmersos en una fase de “austeridad”.
La Cosecha
Sólo a modo de recordatorio, cabe mencionar que según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), el próximo 2 de junio, en Aguascalientes habrá comicios en 11 ayuntamientos; en Baja California se compite por la gubernatura, 17 diputaciones de mayoría relativa, ocho diputaciones de representación proporcional y cinco ayuntamientos.
En Durango, la contienda electoral será por 39 ayuntamientos; en Quintana Roo por 15 diputados de mayoría relativa y 10 de representación proporcional; en Tamaulipas se elige a 22 diputados de mayoría relativa y 14 de representación proporcional y en Puebla se elegirá gobernador y cinco ayuntamientos, en municipios donde el Tribunal Electoral anuló los anteriores comicios.
Superada la etapa crítica de contaminación ambiental, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que a partir de hoy lunes 20 de mayo se reanudan las clases en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior. Lo mismo ocurrirá en instituciones de educación superior como la UNAM, la UAM y el IPN.
Aunque en este caso no es necesario alcanzar una mayoría calificada, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, manifestó que ya casi se logró el consenso para que todos los grupos parlamentarios respalden las leyes reglamentarias de la recién creada Guardia Nacional (GN).
Monreal Ávila reconoció que existe una evidente crisis de seguridad y violencia en el país, por lo cual se busca aprobar las cuatro leyes reglamentarias de la Guardia Nacional con el consenso de todas las fuerzas parlamentarias.
El presidente de la Jucopo precisó que en este caso se trata de las leyes del Uso de la Fuerza, del Registro de Detenciones, de Modificaciones a la de Seguridad Pública y la Orgánica de Seguridad Pública, las cuales se prevé que sean votadas en la sesión extraordinaria programada para mañana, martes. A su vez, el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de esa cámara, Mario Delgado, planteó la posibilidad de celebrar, esta misma semana, un periodo extraordinario para aprobar las referidas leyes secundarias de la Guardia Nacional, así como la reforma constitucional en materia de paridad de género, previamente aprobada por el Senado.
Además, el coordinador de Morena, confirmó que a su grupo parlamentario también le interesa convocar a otros dos periodos de sesiones extraordinarias. Uno, la última semana de junio, para discutir el Plan Nacional de Desarrollo, y otro más en la segunda quincena de julio, donde se aborden las leyes secundarias de la reforma en materia educativa.
En los primeros seis meses del actual gobierno ya llevamos más 15 mil homicidios, y en lo económico, el arranque de sexenio es el peor en los últimos cuatro, destacó el presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, en la que ya se ha convertido en su semanal balance de los realizado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El dirigente panista sostuvo que “al gobierno federal se le acabaron los pretextos, después de seis meses ya no basta echar culpas ni ofrecer condolencias, se deben dar resultados concretos”.
En consecuencia, el presidente del PAN exigió al Ejecutivo federal dejar de actuar como si estuviera en campaña, entregando apoyos para hacer clientelas dependientes.
En flagrante violación a la ley electoral, se han entregado miles de tarjetas con apoyos económicos, con la clara intención de favorecer a los candidatos de Morena, especialmente en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Puebla y Tamaulipas, añadió Cortés mediante comunicado.
La dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, estuvo el fin de semana en Durango y Baja California, en respaldo de los candidatos de su partido.
En las dos entidades convocó a sus militantes a reimpulsar al PRI como un instituto político capaz de responder a las demandas ciudadanas, con una agenda de gobierno y legislativa para elevar el nivel de vida de todos.
Por otra parte, la dirigencia del tricolor se deslindó de las acusaciones al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, procedentes de los Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
El PRI manifestó que las imputaciones deben investigarse y resolverse conforme a derecho por las autoridades correspondientes, y señaló que cada individuo es responsable de sus conductas y actuaciones y, por tanto, debe hacerse cargo de ellas y de sus consecuencias.
El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, fue suspendido seis meses, sin goce de sueldo, luego de ser señalado por el gobierno de Estados Unidos por su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El CJF explicó que la suspensión también es consecuencia de que se encontraron indicios de una serie de operaciones dentro del Sistema Financiero Nacional, que permiten suponer que Avelar Gutiérrez “pueda estar obteniendo parte de su patrimonio por medio de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
