Mayoría en la Corte, contra la Ley de Remuneraciones… pero se mantiene
Miguel Ángel Rivera viernes 17, May 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) votaron mayoritariamente en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Funcionarios Públicos, que impide a servidores públicos ganar más que el presidente de la República, pero la ley se mantiene.
Esta aparente contradicción se debe a que, para declarar inconstitucional una ley, se necesitan los votos de ocho de los once ministros del máximo tribunal del país y en este caso sólo se reunieron seis votos.
El ministro ponente fue, como desde el principio, Alberto Pérez Dayán, que desde el inicio de la revisión de las demandas en contra de la mencionada Ley Federal de Remuneraciones de los Funcionarios Públicos ordenó que se dejara de aplicar, lo que causó disgusto en los altos niveles del gobierno federal y del Congreso de la Unión, donde esa norma es considerada pieza fundamental del programa de austeridad impulsada por la llamada Cuarta Transformación.
Entre lo altos funcionarios federales amenazados con una drástica reducción de sus ingresos están precisamente los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, por lo que se presumía que se excusarían de revisar un caso en donde están en juego sus intereses.
Sin embargo, los ministros no se consideraron aludidos, pues las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones provenían de personas e instituciones ajenas, como trabajadores del gobierno federal, de organismos autónomos, destacadamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, sobre todo, de senadores de partidos de oposición como PAN, PRD, PRI y MC, que se inconformaron con los procedimientos de Morena y sus aliados desde que la respectiva iniciativa fue revisada en su Cámara.
Las impugnaciones destacan que no se respetó durante el proceso para aprobar la ley lo que ordena el artículo 72 constitucional ni lo que establece el reglamento de la Cámara de Diputados, porque la minuta con proyecto de decreto no fue dictaminada dentro del período ordinario de sesiones en que fue presentada, ni tampoco, ante la falta de dictamen, se presentó en sus términos ante el pleno para su discusión y votación, en los tiempos requeridos.
Al continuar en la SCJN el estudio de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y un grupo de senadores, el proyecto del ministro Pérez Dayán no alcanzó la mayoría calificada para declarar la invalidez de la multireferida la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
El ministro ponente sólo tuvo seis votos, contando el suyo.
Los otros votos a favor del proyecto de Pérez Dayán fueron de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Eduardo Medina Mora.
Pero, como decía un cronista deportivo, ¡no se vayan! Esto no se acaba hasta que termina.
El máximo tribunal continuará el lunes la discusión de las impugnaciones de la CNDH y senadores para determinar si hubo o no omisiones legislativas para declarar la invalidez de toda la Ley o algunas de sus partes.
La Cosecha
La sesión de ayer en el Senado, que forma parte del periodo extraordinario para revisar varios asuntos pendientes, entre los cuales destacan las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, duró menos de media hora, sin que se entrara al análisis de alguno de los puntos centrales.
El poco tiempo que estuvieron los senadores en el salón de sesiones se dedicó casi totalmente a comentar el grave problema de la contaminación en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y en otros rumbos de la República.
Pero, como explicó el presidente de la Cámara, Martí Batres, no se podía tomar ningún acuerdo ni mucho menos promulgar algún decreto, pues en los periodos extraordinarios sólo se pueden atender los asuntos para los cuales fueron convocados, previa existencia de dictámenes.
Ante el vacío, el presidente de la Cámara suspendió los trabajos y citó para el próximo martes, en espera de que en los días venideros se logren acuerdos para avanzar en la revisión de las cuatro leyes que regirán la Guardia Nacional.
Además están pendientes, la ley reglamentaria en materia de extinción de dominio y del instituto que suplirá las funciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Por separado, el panista Damián Zepeda comentó que van bien las negociaciones en torno a la ley reglamentaria de la Guardia Nacional, pero insistió en que la oposición no está de acuerdo en que haya disposiciones que lleven a la militarización de ese cuerpo de seguridad.
Explicó que uno de los desacuerdos consiste en que la oposición no acepta que los militares que formen parte de ese cuerpo policiaco se consideren en activo como parte de las fuerzas armadas, ya sea del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea.
A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, insistió en que se honrará la palabra para buscar los consensos con la oposición y anticipó que el avance en los borradores es mayor al 90 por ciento.
En la breve sesión del Senado rindió protesta como senadora por el PRI Paloma Guillén, suplente de la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu que pidió licencia para dedicarse de tiempo completo a las tareas partidistas, en particular para preparar su propia sucesión.
La dirigente nacional del PRI estuvo ayer en Aguascalientes, para un encuentro con la organización territorial de su partido, sobre todo para impulsar a los candidatos que contenderán en las elecciones del 2 de junio venidero.
En conferencia de prensa, Ruiz Massieu comentó el tan comentado caso de que, en apariencia, el número de afiliados al tricolor disminuyó de más de seis millones a poco más de un millón, a partir de sus registros fueron revisados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
La dirigente priista insistió en que el número de afiliados es de más de seis millones, que validó el INE en 2017, pero como el propio Instituto pidió una nueva depuración, el partido presentó un reporte parcial con un poco más de un millón de militantes, que es la cifra que ha causado tanto revuelo.
Ruiz Massieu aseguró que todo quedará aclarado antes de enero próximo, cuando termina el plazo dado por el INE a todos los partidos para revisar sus padrones de afiliados.
Y esto es importante, ¿por qué?, porque los partidos políticos, antes de 2014, no teníamos la obligación de, a cada militante que incluyamos en nuestro padrón, pedirle una cédula firmada. Ésta es una obligación nueva. Y ahora lo que el INE nos pide es: recaba la firma en una cédula de cada militante de tu padrón, explicó Ruiz Massieu.
El INE nos pide, añadió, que durante el año le vayamos diciendo cómo vamos en esta recabación de firmas de nuestros militantes. Lo que nosotros le informamos al INE esta semana es que, al momento, llevamos más o menos un millón 200 mil militantes, de los cuáles hemos recabado su firma.
Del resto, más o menos cinco millones, estamos todavía buscando que nos llenen la cédula y refrenden su militancia con su firma.
Otra vez, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia, Alejandra Palacios, en problemas, pero en este caso, dicen los enterados, se metió hasta la cocina de una casa a la que ni siquiera fue invitada y, tal como procede en casos así, la pararon ¡en seco!
Sin que el organismo que preside tuviera injerencia alguna, a la presidenta de la Cofece le dio por ir a repartir a su gusto los slots en el aeropuerto capitalino y como su actuar fue nuevamente arbitrario, Delta Air lines, una de las aerolíneas afectadas se amparó.
El resultado es que hace unos días el Poder Judicial ordenó que No se apliquen ninguna de esas medidas que en su momento (y con toda su ineptitud a cuestas) dictó Alejandra Palacios en virtud de que las dificultades que enfrenta el AICM son operativas y no de competencia. En pocas palabras: la mandaron a volar.
Por lo mismo, los conocedores señalan que, sin duda, cada vez es más evidente que Alejandra Palacios Prieto es la persona menos adecuada para presidir la Comisión Federal de Competencia Económica, pues a lo largo de su gestión ha cometido tantas pifias.
No necesita ningún empujoncito para que sea removida, sólo hace falta que los señores y señoras senadores se decidan a sustituirla para evitar daños mayores.
