Enorme rezago de delitos no castigados
Miguel Ángel Rivera martes 7, May 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Si no se trata de venganza política, el rezago en el trabajo de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) explica en gran medida el por qué la delincuencia opera en México con gran impunidad y sin miedo a ser castigada.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) — dependencia que heredó el legado, bueno y malo, de la PGR-, Alejandro Gertz Manero, informó que existe un rezago de 300 mil averiguaciones previas y, como se les denomina ahora, carpetas de investigación, así como 21 mil órdenes de aprehensión.
Si se tiene en cuenta que sólo una mínima parte de los delitos son denunciados ante las autoridades y, como la PGR ahora convertida en FGR, sólo atiende delitos del fuero federal, podemos decir que son millones los delitos cometidos en todo el país que no han sido investigados, ni mucho menos sancionados los presuntos delincuentes.
Al hacer un balance de los primeros cien días de actividad de la Fiscalía General, Alejandro Gertz Manero, reveló que la desaparecida PGR se movía con anarquía en su estructura administrativa, dentro de la cual su flota aérea se utilizaba de forma irracional, además de que se registraron compras millonarias de aeronaves y drones sin justificar las necesidades y beneficios.
En consecuencia, el primer fiscal general sostuvo que la entonces Procuraduría General de la República y el ministerio público federal estuvieron vinculados a un modelo de procuración de justicia fundamentalmente al servicio de los intereses del poder, bajo la sospecha de que en ese periodo se encubrieron delitos.
“Esta situación se fue agravando en la última parte del siglo pasado y a principios de éste, cuando la Institución se convirtió en un verdadero verdugo de sus enemigos políticos, mientras encubría en forma permanente a los cómplices del poder; lo cual llevó al país a un grado de intolerancia”, sostuvo el funcionario.
Al presentar su diagnóstico, Gertz Manero informó que como parte del desorden y el rezago de 300 mil expedientes se pudo apreciar que no había control de las denuncias o querellas presentadas, ni en la integración de las mismas, por lo cual había agentes del ministerio público que tenían una carga de hasta mil casos, mientras otros agentes no atendían ningún caso.
No tener control sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones, “generó grandes atrasos y rezagos en la atención de denuncias.
“No existía ningún sistema efectivo para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes, lo que generó un rezago por parte de la Policía Federal Ministerial, de más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en igual situación. Para el caso de los Servicios Periciales, el rezago en la emisión de dictámenes era de más de 3 mil”, reveló Gertz Manero.
También denunció que a pesar de que nominalmente la PGR tenía asignados 4mil elementos policiacos en activo, en realidad eran mucho menos, pues 800 estaban destinados para servicios de protección a funcionarios, ex funcionarios y políticos.
Luego de la denuncia, falta conocer si se emprenderán acciones judiciales en contra de ex funcionarios que hubiesen incurrido en faltas que se puedan considerar delitos o si se aplicará el principio sostenido por el presidente Andrés Manuel López Obrador de “perdón y olvido”.
Por ejemplo, entre las denuncias de Gertz Manero hay una muy concreta por compras multimillonarias de aeronaves, sin justificar su necesidad, ni su costo-beneficio; y las cuales se adquirieron a precios evidentemente inflados y con un propósito injustificado.
De acuerdo con el fiscal de la República, entre 2013 y 2015, se realizó una inversión de más de mil millones de pesos en la adquisición, mantenimiento, capacitación y seguros de aeronaves no tripuladas, mediante adjudicación directa, sin contar con un estudio de necesidades y de costos competitivos”.
En particular, Gertz expuso que la PGR adquirió en octubre de 2013 un avión Bombardier Challenger 605 transcontinental, con un precio que ascendió a 19.5 millones de dólares, mientras que el precio real de comercialización señalado en los sistemas de valuación internacionales era de 15.5 millones de dólares. En esa fecha era titular de la Procuraduría el ex gobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, quien hace unos cuantos días quedó exonerado de un juicio político en su contra, presentado ante la Cámara de Diputados.
Gertz También anunció que en un plazo no mayor a 60 días se presentará una denuncia por actos de corrupción por parte de la empresa brasileña Odebrecht, “bajo la premisa de una maquinación delictiva en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada”, y reveló que se repuso la averiguación del caso de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, para cumplir con las recomendaciones de la CNDH, así como las del grupo internacional de expertos denominado GIEI-
La Cosecha
“Ni estoy de florero y tampoco soy monedita de oro” afirmó el presidente López Obrador al comentar, aparentemente sin darle mucha importancia a las manifestaciones en su contra ocurridas en la Ciudad de México y en otras partes de la República.
Además, el mandatario expresó todo su respeto a quienes el domingo salieron a la calle para exigir su renuncia a cinco meses de iniciado su gobierno.
López Obrador expresó en particular su agradecimiento a los ciudadanos de corte conservador por ejercer su derecho a la libre manifestación, pues es lógico y natural que el cambio de régimen “no les guste”.
En su tradicional conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal recordó que cuando estaba en la oposición organizó marchas para combatir la corrupción y que esas manifestaciones costaron muchas fatigas y sufrimiento a quienes pugnaron por derrotar al neoliberalismo por casi 4 décadas.
En consecuencia, añadió, sería una incongruencia que ahora desde el poder no permitiera la libre manifestación de quienes piensan diferente a su propuesta de gobierno.
Por otra parte, el presidente López Obrador comentó la decisión de jueces federales de otorgar amparo a empresas farmacéuticas vetadas por el gobierno federal por supuestas irregularidades en los proceso de asignación de contratos para surtir medicamentos instituciones oficiales de salud.
El mandatario dijo respetar la decisión, pero advirtió que su gobierno acudirá ante otras instancias del Poder Judicial, porque “no vamos a permitir la corrupción, fue un abuso”.
Explicó que tres empresas le vendieron el año pasado, nada más al IMSS y al ISSSTE, medicinas por 36 mil millones de pesos y una cerca de 20 mil millones.
López Obrador señaló que debe investigar si se incurrió en influyentismo o corrupción, o si se violó la Constitución, en particular el artículo 28, al incurrir en prácticas monopólicas.
“Vamos a seguir resolviendo este problema, no es fácil, les comentaba en una ocasión que no pudo Obama con este asunto de las medicinas por los intereses creados, nosotros vamos a poder”, ofreció al tiempo que recordó que se firmó con la ONU un acuerdo para que acompañe a su gobierno en todas las compras de medicamentos.
El presidente mencionó que, en un caso, se tuvo que hacer una excepción, pues de las tres empresas vetadas sólo una distribuye medicamentos para atender el sida.
Aseguró que se buscan otros proveedores en diversas partes del mundo, tarea asignada al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Más sobre denuncias: el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, dio a conocer informes acerca de las gasolinerías que entregan litros completos.
Al acompañar al presidente López Obrador en su conferencia matutina, el funcionario destacó que de las 12 mil 500 estaciones de servicio que existen en el país, se hizo un sorteo electrónico aleatorio para verificar 125 gasolinerías, en las cuales se inmovilizaron 68 bombas porque no despacharon litros de a litro.
Otras 12 gasolinerías se negaron a aceptar la verificación, por lo que la Profeco les puso una multa de 800 mil pesos, y volverá a esas estaciones para repetir el operativo, esta vez con respaldo de la fuerza pública, porque están obligadas a permitir la revisión.
