Inseguridad
¬ Augusto Corro viernes 3, May 2019Punto por punto
Augusto Corro
Las autoridades capitalinas tendrán que acelerar el paso en la lucha contra la violencia y la inseguridad.
Uno de los puntos importantes es la revisión de las leyes y el trato a los delincuentes.
El problema se presenta porque el Código Penal permite la libertad inmediata de los acusados por faltas no graves.
Esa condición de laxitud legal es aprovechada por los verdaderos maleantes para delinquir y burlar a las autoridades. Estos representantes de la ley, no todos, se encuentran coludidos con los hampones.
El mensaje que llega a la sociedad es en el sentido de que si cometes algún delito tienes muchas posibilidades de gozar una total impunidad.
Son innumerables los magistrados, jueces, representantes del MP y policías que colaboran con el crimen organizado no solamente en la capital, también eso ocurre en ciudades del interior del país.
Es casi seguro que el Poder Judicial será sometido a una revisión que le permita sacudirse a esos malos elementos que con su conducta dañan la imagen de los impartidores de justicia.
En las encuestas sobre la victimización en la Ciudad de México las cifras cada vez son más alarmantes. La delincuencia crece incontenible. La violencia homicida forma parte de la información cotidiana.
Las palabras feminicidio, extorsión, secuestro y asesinato aparecen en las pláticas comunes de los habitantes de la Ciudad de México.
Los asaltos a transeúntes y a los pasajeros de cualquier tipo de transporte se ven como una rutina.
Las autoridades capitalinas deben dar prioridad a la lucha contra la delincuencia, atender el problema social que representa la inseguridad agobiante.
Tienen que empezar con capacitar a la policía que ni idea tiene de su labor. Mal preparados y con carencia de un equipo para enfrentar a los delincuentes, los uniformados nada tienen que hacer frente al crimen organizado.
La denominada Policía Preventiva se convirtió en la burla de la ciudadanía. Pocos la respetan, pues hace muchos años dejaron de velar por la seguridad de los capitalinos.
Las nuevas autoridades, con unos cuantos meses en el poder, ya deben empezar a dar resultados. Claro que es importante que conozcan la dimensión de la problemática social, pero eso no es suficiente.
Deben iniciar el combate contra la delincuencia organizada e informar con precisión los resultados.
Los capitalinos estamos hartos de los discursos llenos de demagogia que angustian más a quien los escucha.
Violencia y seguridad deben atenderse con la mayor celeridad posible, porque ya llegó a los centros universitarios.
Por ejemplo, el lunes pasado Aideé Mendoza Jerónimo, de 18 años, fue asesinada en un salón de clases del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente.
Una bala, de 9 milimetros, privó de la vida a la estudiante. No es el primer caso. En los dos últimos años se registraron cinco feminicidios en la UNAM; tres de ellos en el citado CCH. Jennifer Sánchez, de Nezahualcóyotl, desapareció el 20 de marzo y tras seis días de búsqueda, las autoridades del Edomex hallaron el cadáver de la joven en Chicoloapan.
El 20 de agosto de 2018, Miranda Mendoza, de 18 años, quien también estudiaba en el mencionado CCH fue secuestrada al salir del plantel. No pudo ser rescatada y su cuerpo calcinado fue encontrado el 3 de septiembre en el municipio de Cocotitlán en el Edomex.
En marzo del 2018, Gracelall, profesora de la UNAM y su hija Sol Cifuentes, estudiante de arquitectura, fueron ultimadas en su casa. Las autoridades de la máxima casa de estudios condenaron los hechos y exigieron el rápido esclarecimiento del doble feminicidio.
En mayo de 2017, Lesvy Berlín Rivera Osorio fue privada de la vida en Ciudad Universitaria. La joven fue atada a un cable en una caseta telefónica en las jardineras de la Facultad de ingeniería.
Lo que en un principio se pensó que se trataba de un suicidio, la policía derivó el móvil a un posible asesinato. El novio de Lesvy fue señalado como presunto sospechoso de la muerte Lesvy.
Volvemos al caso de Aideé. Extraoficialmente se informó que la bala que mató a la estudiante no iba dirigida a ella, sino al profesor Víctor “N” porque “supuestamente no habría pagado paquete con mariguana a los narcomenudistas del plantel”.
Según se dijo, los investigadores lograron saber que existe una problemática de narcomenudeo en el citado CCH Oriente y que cuatro sujetos, ajenos al centro de estudios, fueron vistos en actitud sospecha frente a las puertas del salón de clases, donde ocurrió el crimen.
